Una causa judicial contra Los Monos por juego clandestino y extorsiones derivó en una nueva investigación que destapó la protección que gozaba la organización por parte de un fiscal, un empleado judicial y el jefe de fiscales de Rosario.
La historia es un aspecto inédito de una de las organizaciones criminales más poderosas de la Argentina: se habían sospechado e investigado durante años complicidades policiales, pero nunca había caído un hombre de la Justicia. Ese hombre, cuya caída decapitó al Ministerio Público de la Acusación en Rosario y provocó una tormenta que repercutió en diversos niveles del sistema penal de Santa Fe, es Gustavo Ponce Asahad.
La investigación contra la banda se inició en agosto pasado. Los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra, Gisela Paolicelli y María Eugenia Iribarren descubrieron que Los Monos tenían una parte de su organización dedicada a regentear casinos clandestinos y a extorsionar a comerciantes para obtener una suma fija mensual a cambio de no matarlos o atacar a sus familiares, de quienes generalmente tenían datos.
Esa parte de la organización contaba con protección judicial y policial. De la parte policial, por el momento, está imputado y preso Alejandro “Pipi” Torrisi, un jefe retirado de la fuerza que se encargaba de la habilitación de los casinos clandestinos de Los Monos y de la recaudación. De hecho, cuando fue arrestado en la vía pública en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, llevaba unos 150 mil pesos que se presume que provenían del juego ilegal.
La otra parte de la protección de la banda, supuestamente, se la habrían brindado el fiscal Gustavo Ponce Asahad, su colaborador Nelson Ugolini y el jefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal Benincasa. La investigación señala que estos le daban información confidencial a un integrante de la organización llamado Leonardo Andrés Peiti a cambio de una suma mensual de 4 mil dólares. El dinero producto del “pacto” comenzó a ser abonado por Peiti desde diciembre de 2018 hasta al menos julio pasado, según la imputación en su contra.
Se estima que durante 20 meses Peiti pagó 80 mil dólares en coimas. Habrían sido entregadas en efectivo, generalmente en mano a Ponce Asahad, según fuentes de la causa en su contra a la que accedió este medio. Dichas entregas a veces se hacían en boulevard Oroño y Mendoza –una de las zonas más transitadas de Rosario–, frente al domicilio del fiscal; otras en la Asociación Argentina Árabe de Profesionales, un lugar al que Ponce Asahad accedía por tener llave, según afirmó Peiti. Otras veces, según el empresario imputado y “arrepentido”, un reconocido abogado hacía de “pasamano” del dinero.
Las coimas mensuales en dólares se abonaban una vez al mes o fraccionadas en dos veces. A los 80 mil dólares se suman otros 10 mil dólares más que habría abonado Peiti el 9 de julio pasado a Ponce Asahad, cuando el entonces fiscal -según sus dichos- le advirtió que había una investigación en su contra y le solicitó 100 mil dólares. Como el empresario imputado y “arrepentido” no contaba con ese dinero, pagó 10 mil dólares.
Los fiscales Edery, Schiappa Pietra, Paolicelli e Iribarren llegaron hasta Serjal, Ponce Asahad y Ugolini por una escena que parece tomada de una serie de ficción. Para comprender la película es necesario conocer un poco de la causa original. La historia es particularmente perversa.
Fecha por fecha
El 11 de enero, Los Monos balearon el casino City Center. Buscaban extorsionar a sus autoridades. Pedían dinero a cambio de no disparar contra el predio. El ataque no solo se llevó a cabo sino que terminó con un apostador muerto de un tiro en la cabeza mientras estaba en el balcón para fumadores.
El 13 de enero, fue detenido Maximiliano “Cachete” Díaz en Mitre y Pellegrini –centro de Rosario–, quien fue imputado como planificador del crimen del casino City Center. Díaz, además de ser un íntimo de Ariel Máximo “Guille” Cantero, histórico jefe de la banda, era el organizador de las extorsiones y del juego clandestino de Los Monos.
El 16 de enero, una persona se acercó a la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación con un teléfono prácticamente destruido. Comentó que lo encontró cerca de donde habían detenido días atrás a un chico, que resultó ser miembro de Los Monos, según se enteró esa persona por televisión. Dicho celular resultó ser el de “Cachete”. Fue enviado en ese pésimo estado a Buenos Aires, donde se logró acceder a todo su contenido.
Dentro del contenido del teléfono se halló un diálogo entre Díaz y Peiti fechado el 8 de enero, tres días antes de la balacera al City Center. En esa conversación, “Cachete” Díaz le pidió a Peiti “gestionar” la libertad de dos miembros de la organización que iban a cometer el ataque contra el casino, pero cayeron en un control de Gendarmería ese mismo 8 de enero.
Peiti, quien según acusaciones pagaba protección a un fiscal, a un colaborador y al jefe de fiscales de Rosario, habló con Nelson Ugolini –empleado del fiscal Ponce Asahad– y le pidió información sobre la causa judicial en trámite contra Horacio Quinteros y Claudio Ricaldez, los sicarios que iban a balear el casino y terminaron arrestados.
El empleado judicial Ugolini ingresó al sistema informático de la Justicia rosarina y luego le mandó un detalle de la causa a través de WhatsApp:
“Hernán Horacio Quinteros. En esta se comió un encubrimiento por andar con un auto robado y tenía una 9mm cargada, le metieron portación de guerra. Fue ayer, por protocolo tenía que pedir prisión preventiva, pero aparentemente se puede cerrar después de peritar el arma. No tengo la causa yo, pero dejame ver cómo metemos un comentario ahí. En un mes le podrían dar la libertad. No tiene antecedentes, así que seguramente”, escribió Ugolini.
En ese chat incluso se trasluce que además de dar información precisa a la banda se buscaba también “influenciar” a otros miembros del Ministerio Público de la Acusación con “comentarios”.
Peiti tomó una captura de pantalla del Whatsapp de Ugolini y luego se lo envió a Díaz, quien en definitiva era quien había impartido la orden. Gracias a la recuperación del teléfono de Díaz se accedió a un sótano de corrupción que involucraría nada más y nada menos que al fiscal regional, su estrecho fiscal de confianza Gustavo Ponce Asahad y un colaborador del mismo.
La estrategia del “arrepentido”
A inicios de la semana pasada se allanó la vivienda de Peiti en el barrio de Fisherton para detenerlo y llevarlo a audiencia imputativa junto con los otros integrantes de la banda ligada a Los Monos. Peiti no fue encontrado porque estaba en Buenos Aires, pero su abogado lo entregó el miércoles 29 de julio en otra ciudad, en Cañada de Gómez, con la finalidad de que no ingresara notificación judicial de su arresto al sistema informático judicial de Rosario.
Incomunicado y detenido, Peiti declaró ante los fiscales Edery y Schiappa Pietra. Dio datos precisos de encuentros con el jefe de fiscales de Rosario, con el fiscal Gustavo Ponce Asahad y el empleado judicial Nelson Ugolini. Dio fechas, horarios y descripciones detalladas de las reuniones y de cómo se efectuaban los pagos mensuales de 4 mil dólares.
Peiti fue llevado a audiencia imputativa el viernes 31 de julio al mismo momento que allanaban la casa del fiscal Gustavo Ponce Asahad. Entre el miércoles que declaró y el viernes que fue imputado, se ordenaron una batería de medidas investigativas para constatar la información declarada en Cañada de Gómez. Se lograron recabar imágenes de cámaras de vigilancia privadas y públicas, registros de llamadas telefónicas; mensajes de WhatsApp y conversaciones telefónicas. Toda esa evidencia objetiva fue exhibida este martes contra el fiscal Gustavo Ponce Asahad y su colaborador Ugolini.
Serjal Benincasa, el ex jefe de los fiscales rosarinos, aún no fue imputado, ya que gozaba de inmunidad por ser fiscal regional, cargo al que renunció el fin de semana. Como el gobernador Omar Perotti le aceptó la renuncia el lunes por la tarde, horas antes de la audiencia del martes, no se llegó a incluirlo en la acusación. No obstante, se presume que la próxima semana podría tener lugar esa audiencia.
Peiti no es un arrepentido cualquiera. Es un personaje que fue investigado por juego clandestino –también a su padre– en el sur provincial, pero no fue imputado. Tiene casinos legales en Misiones, Formosa y en Paraguay. Y, además, está imputado como miembro de esta organización vinculada a Los Monos.
El motivo por el que nunca fue imputado por juego clandestino en Santa Fe tal vez encuentre respuesta en las gravísimas acusaciones ocurridas este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario contra los funcionarios judiciales. Un indicio de esto es una denuncia hecha por Alejandro Sinopoli, jefe de fiscales de Venado Tuerto, contra el jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal. Esa presentación fue hecha a través de un correo electrónico ante el fiscal general Jorge Baclini.
El fiscal regional de Venado Tuerto relató que el 8 de diciembre pasado recibió un llamado telefónico del fiscal regional de Rosario, quien le contó que se enteró que se tramitaba en su jurisdicción una causa por juego clandestino contra una banda que era investigada también en Rosario y por el mismo delito. Casualmente, uno de los miembros de la banda que figuraba en esa causa era Leonardo Peiti. Serjal, ante ese supuesto escenario, le propuso a Sinopoli intercambiar información.
Ese intercambio de información se dio entre los fiscales Matías Merlo de la localidad de Melincué y Gustavo Ponce Asahad. Días después se llevaron adelante los allanamientos solicitados por Merlo en Rosario por juego clandestino y los resultados fueron todos negativos. Allí, Merlo se dio cuenta que la información pasada a Ponce Asahad había sido filtrada a la banda e hizo una presentación ante su superior, Alejandro Sinopoli.
Pero, ¿cómo sabía Serjal que había una causa contra Peiti en una jurisdicción que no era la suya? Una pista podría ser la respuesta y tiene que ver con la Policía. Los allanamientos solicitados desde Melincué para hacerlos en Rosario fueron coordinados con Daniel Corbelini, ex jefe de la Policía de Investigaciones (PDI) el día antes de que el fiscal regional de Venado Tuerto recibiera el llamado de Patricio Serjal.
¿Y la política?
Ahora, los fiscales Edery, Schiappa Pietra, Iribarren y Paolicelli avanzan contra la parte policial del caso, contra su ex jefe Patricio Serjal y los miembros de la banda que aún no fueron detenidos. También, buscan saber qué pasó con el dinero de las coimas que recibieron los funcionarios judiciales.
El fiscal regional Patricio Serjal cobraba una suma mensual de 420 mil pesos, el fiscal Ponce Asahad, unos 250 mil. Se presume que el dinero podría no haber sido para ellos y es por eso que se libraron varias medidas investigativas.
La esfera política santafesina se vio convulsionada con la causa judicial contra los funcionarios judiciales. Es que, en gran parte, algunos legisladores santafesinos que tienen el poder de sancionar y remover fiscales hicieron varias maniobras para demorar una sanción a Patricio Serjal por otra causa donde está sospechado por corrupción e incluso tiene una causa penal en su contra que se tramita en la ciudad de Santa Fe.
Una de las evidencias que agitó las aguas en la audiencia imputativa de este martes fue el audio de una llamada telefónica de un ex legislador peronista a un teléfono de Peiti.
Peiti dejó de usar el 10 de julio un teléfono que tenía “pinchado” en la causa por extorsiones y juego clandestino. Quien le sugirió que “descartara” ese celular fue el fiscal Ponce Asahad, quien ingresó dos semanas antes al Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación y vio la investigación que había contra la banda y contra el hombre que le pagaba coimas.
Para corroborar que el 10 de julio Peiti dejó de usar ese teléfono, los fiscales ventilaron una llamada telefónica que hizo el ex diputado provincial del Partido Justicialista Darío Scataglini –desplazado este miércoles como asesor del presidente del PJ santafesino Ricardo Olivera– al teléfono que había sido dejado de usar por Peiti.
La llamada no la atendió Peiti, pero sí su secretaria, quien aseveró que ese celular “ya no lo usaba más” Peiti. Esa comunicación telefónica ocurrió cuando el empresario imputado ya era investigado. Además, el ex diputado del peronismo dijo al comunicarse que llamaba de parte de un senador también del PJ.
Si bien no fue, por ahora, más que una conversación para constatar que Peiti no usaba más el teléfono, el audio pateó el tablero político provincial. ¿Por qué querría un político comunicarse con un personaje del juego ilegal que al mismo tiempo forma parte de una banda ligada a Los Monos?
La respuesta todavía no la tiene la Justicia.
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