Gendarmería informó al Gobierno que “no había razones para iniciar el operativo” que terminó con la muerte de Santiago Maldonado

“No fue prudente ni razonable realizar el operativo″; “Se expuso al personal a una situación de riesgo innecesario”; “No había razones para iniciarlo”; y “sólo se llevó a cabo por voluntad política”. Estas afirmaciones están contenidas en las más de 600 páginas de un informe que en los últimos días presentó Gendarmería Nacional a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y que motivó la denuncia penal que divulgó este medio del Gobierno nacional contra Pablo Noceti, el ex jefe de Gabinete de esa misma cartera, cuando era conducida por Patricia Bullrich.

Por pedido de la actual ministra, la propia fuerza que intervino en el operativo que derivó en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado se “autoinvestigó” y elevó un informe de tres cuerpos donde llegó a la conclusión de que el despeje de la ruta durante el mediodía del 1 de agosto de 2017 fue innecesario en esas circunstancias y estuvo plagado de irregularidades, como que los dos jefes principales en el territorio abandonaron el lugar antes de la represión y lo dejaron a merced de autoridades sin jerarquía y efectivos “no preparados” para llevarlo a cabo.

La Gendarmería inició entonces la Información Administrativa 01/20 del registro de la Subdirección a los fines de “determinar la existencia o no de conductas pasibles de reproche disciplinario respecto del personal de Gendarmería Nacional que interviniera en el operativo” en la Ruta Nacional 40 frente a la comunidad mapuche Pu Lof Cushamen a donde había llegado Maldonado para manifestar su solidaridad con el encarcelamiento del lonko Facundo Jones Huala.

Gendarmería analizó constancias documentales, registros sonoros y fílmicos de los operativos de despeje y tomó declaraciones del personal que había intervenido en los operativos. Y presentó el documento a Frederic. Infobae accedió al resumen que leyó la ministra de Seguridad, donde se soslayó que el despeje de la ruta fue propiciado por Noceti, quien “pasó por arriba” de la orden del juez federal de Esquel Guido Otranto y que derivó en “un cierto descontrol en el abordaje del operativo”.

“No fue prudente ni razonable realizar el operativo de despeje en las condiciones que se daban el día 1° de agosto de 2017. En efecto: se expuso al personal a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaba equipado con los elementos de actuación necesarios (equipamiento contra disturbios), lo que desbordó en un cierto descontrol en el abordaje del operativo”, dice el informe que leyó la titular de la cartera de Seguridad nacional.

Además, los gendarmes admitieron que no había necesidad de reprimir el piquete durante el mediodía del 1 de agosto. “No era urgente llevarlo a cabo en forma inmediata porque la interrupción del tránsito era reciente, no existía desabastecimiento en las localidades adyacentes y los vehículos se podían desviar por caminos de ripio alternativos para asegurar transitabilidad”, agrega el documento.

Para las nuevas autoridades de Gendamería “lo más prudente” hubiera sido utilizar el “destacamento móvil”, que contaba con el equipamiento necesario y el personal preparado para intervenir en situaciones de alta tensión social. Esa unidad especial, de hecho, ya estaba en camino desde El Bolsón hacia el corte de la ruta y no iba a demorar más que un par de horas en llegar.

Sin embargo, detalla el documento, se ordenó que se retire de la zona a más de la mitad del personal con que se contaba al inicio o primeras horas del día 1 de agosto (en la madrugada de ese día se había desarticulado un corte previo sin violencia). Y quedaron en el lugar sólo 10 agentes del Escuadrón 36 Esquel y otros 20 del Escuadrón 35 El Bolsón. El análisis de Gendarmería sobre la capacidad operativa de estas 30 personas es contundente al respecto: “Además de inexpertos, desposeídos de elementos adecuados”.

“Así, se concluye que no había razones para iniciar en las circunstancias apuntadas el operativo de despeje, y que éste sólo se llevó a cabo por voluntad política, por las órdenes impartidas por el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Doctor Pablo Nocetti (sic), y del ex Director Nacional de la Gendarmería de entonces, el Comandante Otero”, resalta el documento.

Noceti fue denunciado por instar a Gendarmería a reprimir el corte del 1 de agosto al pasar “por arriba” la decisión formal, que era del juez Otranto. Les ordenó actuar bajo la figura de la flagrancia para atacar el accionar de la agrupación que ellos llamaron RAM (por Resistencia Ancestral Mapuche), a la que la gestión de Mauricio Macri consideraba “terrorista”.

Según el informe de Gendarmería presentado a Frederic, Noceti “desoyó las advertencias de los jefes de escuadrones de la región que le indicaban que para el despeje debía emplearse la unidad móvil especializada para esos operativos, y no a personal no entrenado para este tipo de operaciones”.

La figura de flagrancia estaba contemplada en un protocolo de actuación elaborado por Patricia Bullrich y presentado socialmente en 2016 pero que nunca tuvo vigencia (no fue publicado jamás en el Boletín Oficial). Ese protocolo ordenaba a las fuerzas de seguridad federales a perseguir y detener a los manifestantes, aun cuando lograra efectivizarse el despeje, por considerarlos delincuentes incursos en situación de flagrancia. “Se soslayó así, deliberadamente, a la aplicación del protocolo normativamente vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza”, dice el documento.

La instrucción de la actuación de disciplina que elaboró Gendarmería remarca las responsabilidades de Pablo Noceti y del ex Director Nacional de la Fuerza, Gerardo Otero, por la realización del operativo. La instrucción del sumario concluye con una resolución del actual Subdirector Nacional de la Gendarmería, Ramón La Cruz Galván, que atribuye las siguientes responsabilidades:

- Al comandante mayor Diego Conrado Héctor Balari, como jefe del operativo de despeje de la ruta nacional 40 por haberse retirado de la zona del corte a las 10 del día 1° de agosto de 2017, “dejando la responsabilidad el operativo en oficiales jefes de menor jerarquía”. “Con eso demostró falta de mando, compromiso y de responsabilidad con la misión encomendada, lo derivó posteriormente en un accionar intempestivo, desorganizado e inadecuado por parte del personal que intervino en el despeje definitivo”, remarca el informe.

- Al comandante principal Fabián Arturo Méndez, como jefe del Escuadrón 35 El Bolsón y designado por Balardi como responsable de la continuidad de las acciones en su ausencia —por ser el oficial más antiguo y encontrarse el conflicto en jurisdicción del escuadrón a su cargo—, “por ausentarse a las 10.30 de ese día 1° de agosto de 2017 de la zona del corte para organizar cuestiones logísticas de menor importancia”. Lo acusan de dejar a su personal y las operaciones al mando de un oficial de menor jerarquía y de ajena jurisdicción, “lo que derivó posteriormente en un accionar intempestivo, desorganizado e inadecuado por parte del personal que intervino en el despeje definitivo”.

- Al comandante principal Juan Pablo Escola porque ese día, a las 11, no informó al juez federal Otranto, ni a Balardi y Méndez, que los manifestantes habían interrumpido nuevamente el tránsito en la ruta nacional 40; “y por haber ordenado en forma intempestiva y apresurada que el escaso y mal equipado personal que había quedado a su cargo interviniera en el despeje de la calzada, poniendo en peligro la seguridad de los mismos y de los manifestantes, al ordenar el uso, en forma peligrosa, de una camioneta Ford Ranger, de escopetas con munición antitumulto, como así también el ingreso al campo contiguo al corte para de esa forma detener a los manifestantes, involucrando a personal no idóneo ni equipado que, por eso, se vio desbordado por la situación, actuando en forma desorganizada y confusa”.

Las autoridades actuales de Gendarmería advirtieron en el informe que, a pesar de haber caducado el tiempo para investigar penalmente a los gendarmes, el accionar de los jefes que estuvieron a cargo de los operativos de ese día, “será oportunamente evaluado por las juntas de calificaciones respectivas, de conformidad con los mecanismos de evaluación de desempeño y evaluación de ascensos que prevé la ley orgánica de la Gendarmería”. Y concluye: “Se trata, según surge del sumario, de graves faltas y negligencias, que habrán ser determinantes en la futura carrera de los involucrados”.

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