El Gobierno denunció al ex jefe de gabinete de Patricia Bullrich por el operativo que terminó con la muerte de Santiago Maldonado

El Ministerio de Seguridad nacional denunció este lunes a primera hora a Pablo Noceti, ex jefe de Gabinete de esa cartera durante la gestión de Patricia Bullrich, por su responsabilidad en el operativo llevado a cabo por Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017 en la RRuta 40 ante una protesta de la comunidad mapuche, y que derivó en la muerte del joven Santiago Maldonado.

La acusación fue presentada en sede judicial por un funcionario del ministerio que conduce Sabina Frederic e involucra entre los denunciados, además de Noceti, a los dos jefes de Gendarmería de aquel momento: el ex director nacional Gerardo Otero y su segundo, el comandante general Ernesto Oscar Robino, ambos retirados en la actualidad.

Casi exactamente tres años después de aquel operativo, que derivó en un hecho político de grandes proporciones y en una investigación penal por lo que se creía que fue la “desaparición forzada” de Maldonado (algo que aún hoy sostiene su familia, ya que el tatuador estuvo desaparecido 78 días, hasta el 17 de octubre de ese año), el Gobierno acusó a estos ex funcionarios por la presunta comisión del delito de incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público.

La denuncia se basó esencialmente en un informe de 600 páginas que las nuevas autoridades de Gendarmería Nacional le presentaron apenas unos días atrás a Frederic. La ministra les había encomendado en enero revisar el manejo de la propia fuerza en aquel hecho y tras una investigación que duró varios meses concluyeron que la acción para interrumpir el corte de ruta que había organizado la comunidad mapuche de Cushamen estuvo repleta de irregularidades.

Para el Gobierno actual, Noceti, Otero y Robino ordenaron a la Gendarmería Nacional el despeje de la Ruta Nacional 40 cuando no se daban las condiciones para llevarlo a cabo en el momento ordenado y además encubrieron a los 30 agentes y a sus jefes involucrados en la represión llevada a cabo después de que los siete hombres mapuches que cortaban el camino junto a Maldonado levantaran el piquete.

La denuncia, que investigará el Juzgado Federal 7 de Sebastián Casanello, pone el foco sobre todo en el rol de Noceti, a quien se le atribuye un interés político contra lo que en su momento se dio en llamar Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Según se deja constancia en esta acusación, el ex virtual viceministro de Bullrich instruyó el operativo basado en un protocolo para actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas promovido por la ex ministra, pero que nunca entró en vigencia y omitió el que sí tenía validez en ese momento, sancionado en 2011.

“En el caso del Dr. Noceti, dicha actuación, además, comportó una intromisión de las autoridades políticas del Gobierno en la actuación encomendada a la Gendarmería por el magistrado entonces actuante (en referencia a Guido Otranto)”, dice la denuncia, a la que tuvo acceso exclusivo Infobae.

Para el Poder Ejecutivo actual, la gestión anterior del Ministerio de Seguridad interfirió y dio instrucciones a la fuerza cuando no debía, ya que los gendarmes estaban allí dispuestos como un “órgano auxiliar de la Justicia” y que, por lo tanto, debían cumplir los mandatos de Otranto y no las directivas de las autoridades políticas de la Administración Nacional.

En el caso del comandante general Ernesto Oscar Robino, se lo denunció por su actuación desplegada en la Información Administrativa N° 3/17 del Registro de la Agrupación XIV Chubut, “orientada deliberadamente a obstruir cualquier procedimiento disciplinario posterior en el que pudiera investigarse la actuación de los miembros de la Fuerza”, y especialmente, de los comandantes que estuvieron a cargo del operativo de despeje en cuestión.

Para el Gobierno, Robino “favoreció” con una verdadera “absolución administrativa” a todos los agentes respecto de sus conductas durante los operativos de despeje. Sin embargo, aclara la denuncia, la finalidad de la Información Administrativa se circunscribía a averiguar el presunto involucramiento de gendarmes en la posible desaparición forzada de Santiago Maldonado.

La denuncia, disparada por la “autoinvestigación de Gendarmería” presentada a Frederic, es contundente. “Así, se consagró una plataforma de impunidad disciplinaria que impediría llevar a cabo un procedimiento de disciplina posterior con capacidad jurídica para imponer sanciones por faltas y negligencias graves cometidas en el operativo de despeje del mediodía del 1° de agosto de 2017”, dice la acusación, firmada por Jonatan Firun, director nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, y Edmundo A. Durval Segovia, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Para la administración de Alberto Fernández, hay en la actuación de Noceti y Gendarmería Nacional una presunción de que las autoridades de la fuerza de seguridad cometieron deliberadamente una “obstrucción de la disciplina y hasta de la justicia, al bloquear la sustanciación de una investigación administrativa que pudiera arrojar luz y reunir elementos de prueba sobre el accionar de la fuerza que también se investigaba en sede judicial”.

Una de las directivas que recibió la ministra Frederic del actual presidente, Alberto Fernández, fue la de revisar las actuaciones de las fuerzas de seguridad federales durante la gestión de Mauricio Macri. En particular, a la actual titular de la cartera le interesa ahondar en todo lo que rodeó la muerte de Santiago Maldonado, quien, según concluyeron las pericias médicas, se ahogó en el río Chubut cuando intentaba escapar de la represión de Gendarmería.

Noceti y los hechos

El 22 de enero de 2020, Sabina Frederic les pidió a las autoridades de Gendamería Nacional que activen una auditoría interna para saber si los jefes a cargo de los operativos de despeje del 1 de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, Chubut, incurrieron en “conductas pasibles de reproche disciplinario” que tuvieron como consecuencia la desaparición de Santiago Maldonado. Esas actuaciones fueron instruidas por Ramón La Cruz Galván, comandante General Oficial Superior Informante de esa fuerza, y registradas bajo la Información Administrativa 1/20.

De ese informe final surgió que el 31 de julio se originó la manifestación en la Ruta Nacional 40 por un grupo de personas identificadas con la comunidad mapuche y sus reivindicaciones. Guido Otranto, titular del Juzgado Federal 1 de Esquel, ordenó al Escuadrón 35 El Bolsón el despeje de la carretera, lo que se concretó cerca de las 3:30 de la madrugada ya del día siguiente.

El magistrado pidió concretamente intimar a las personas que se encontrasen sobre la ruta a que “cesen de impedir, obstruir u obstaculizar la circulación del tránsito vehicular en ambas direcciones”, y les hizo saber que —siempre y cuando no incurrieran en actos de violencia— podrían manifestarse fuera de la calzada bajo la supervisión “a prudente distancia” de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, dispuso que el personal de seguridad estaba facultado para detener a las personas que eventualmente intentasen impedir el incumplimiento de la medida, así como a las personas que no cumpliesen con la intimación.

Simultáneamente, según declaró el comandante mayor Diego Conrado Héctor Balari, el 31 de julio de 2017, Pablo Noceti mantuvo una reunión con los jefes de las Fuerzas de Seguridad Federales y Policías de las provincias de Río Negro y Chubut, en la que ordenó trabajar en conjunto, a los fines de neutralizar el accionar del grupo que consideraba terrorista y denominaba RAM.

Noceti pidió que, en caso de un corte de ruta, se interviniese para restaurar la circulación, por estar en presencia de un delito de flagrancia, y luego del accionar, comunicar lo actuado a la autoridad judicial. Además exigió que el operativo se llevara adelante en el marco de un protocolo cuya utilización era improcedente e ilegal porque nunca entró en vigencia. Ese protocolo contemplaba la figura de la flagrancia para el abordaje operativo de las manifestaciones públicas.

Según se evidencia en el informe de Gendarmería presentado a Frederic, Noceti desoyó las advertencias de los jefes de escuadrones de la región, que le indicaron que para el despeje debía emplearse la Unidad Móvil Especializada para esos operativos, y no a personal no entrenado para este tipo de operaciones.

Sin embargo, cerca de las 13 del 1 de agosto de 2017 los manifestantes volvieron a tomar la Ruta Nacional 40. Y el personal de Gendarmería Nacional, como consecuencia de las instrucciones y directivas que habían sido impartidas por Noceti y la superioridad institucional de la Fuerza, activaron el despeje bajo las órdenes del comandante Pablo Escola.

Cuando se acercaron al grupo que participaba del corte, los manifestantes empezaron a tirar piedras contra los gendarmes. Eso habilitó, según el informe de Gendarmería a Frederic, a que, en los términos de las órdenes que habían recibido de Noceti, el personal de la Fuerza usara las escopetas.

“Si bien existía una orden judicial con los lineamientos a seguir con el objeto del despeje de la ruta, fue de inexorable relevancia la intervención de Noceti para condicionar y delimitar el actuar de la Gendarmería Nacional”, dice la denuncia, y agrega: “Su accionar configuró una indebida injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, en tanto su carácter de autoridad política administrativa le impedía involucrarse y dar directivas a la Fuerza cuando ésta estaba actuando como órgano auxiliar de la Justicia”.

Por eso, para el Gobierno, el operativo que derivó en la muerte de Maldonado obedeció a “una cuestión de voluntad política”.

Pero el protocolo que decidió usar Noceti no estaba vigente. El que sí tenía competencia, firmado por la ex ministra Nilda Garré en 2011, decía que “las fuerzas de seguridad otorgarán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”. Algo que evidentemente no se respetó aquel mediodía helado de agosto tres años atrás.

La conclusión a la que llegaron los denunciantes es que el protocolo no vigente de Bullrich habilitaba la acción y represión de las fuerzas de seguridad bajo el amparo del delito de flagrancia.

Y que ese argumento desde un primer momento le sirvió al gobierno anterior para justificar el ingreso de Gendarmería al territorio tomado por los mapuches aun cuando el corte ya se había levantado. Eso, dedujeron en la denuncia las autoridades actuales del Gobierno, habilitó a Noceti y al director de Gendarmería a reprimir.

Según el informe administrativo presentado por Gendarmería días atrás a Frederic, Otero y Noceti expusieron al personal de la fuerza de seguridad “a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaban equipados con los elementos de protección necesarios”.

Para el Gobierno de Alberto Fernández el rol de Noceti fue determinante en el desenlace fatal que arruinó la vida de la familia Maldonado: “Se conjugaron presiones, instrucciones y directivas políticas que fueron un factor generador de negligencias y faltas graves por parte del responsable del operativo, y eso no fue gratuito, se cobró víctimas, la vida de Santiago Maldonado entre ellas”.

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