A mediados de este mes, el Banco Central advirtió a los usuarios de servicios financieros de la existencia de maniobras que afectan a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), jubilaciones, pensiones y otras asignaciones, y dio una serie de recomendaciones para no caer en el engaño. Recordó que ningún organismo oficial hace llamadas, envía correos, pide información por esa vía, que no existen gestores e intermediarios.
La trampa estaba en el aire. En medio de una pandemia donde las estafas de la vieja escuela como los cuentos del tío se reinventan para botines en efectivo, la plata de la que dependen familias de toda la Argentina para llegar a fin de mes se convertía en un nuevo blanco. Los estafadores, por su parte, podían estar en cualquier lado, incluso en prisión.
Esta semana, la División Investigación de Delitos Tecnológicos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal allanó el penal de Cruz del Eje en Córdoba, el Complejo Carcelario N° 2, bajo las ordenes del juez federal Sebastián Ramos en Comodoro Py. Fueron a celdas en los pabellones C1 y C2, según aseguraron fuentes de la causa a Infobae.
José Luis y Maicol Alejandro Ferreyra quedaron detenidos: les encontraron celulares, chips, anotaciones varias. Los habían descubierto tras varias escuchas telefónicas: se hicieron pasar por empleados de la ANSES para robarle a beneficiarios del plan, según la imputación en su contra, una calificación de estafa.
La investigación en su contra comenzó en marzo de este año, cuando los IFE se presentaron al público. No importaba en sus cálculos si sus víctimas tenían adjudicado el dinero o no. Por teléfono los convocaban a cajeros automáticos, donde les solicitaban datos personales y las claves de acceso a las cajas de ahorro, para luego transferir los fondos a otras cuentas bancarias. Anotaban los datos donde podían, hasta en trozos de cartón. En uno de esos cartones, por ejemplo, se encontró la información de una mujer humilde de Monte Chingolo que recibe planes para acceder a una garrafa de gas y una pensión del ANSES.
Sus víctimas, aseguran investigadores, estaban en todo el país. José Luis y Maicol no actuaban solos, por otra parte.
Los allanamientos también llegaron al barrio José Ignacio Díaz en la periferia de la capital cordobesa. Allí, se detuvieron a las acusadas de ser las principales cómplices de la banda, María Eugenia y Alejandra Elizabeth Jaime. María Eugenia tenía una particularidad: cumplía prisión domiciliaria en una causa por narcotráfico del año 2017. Les encontraron tickets de cajeros automáticos que probaban retiros, además de otra información comprometedora: los datos de sus presuntas víctimas y anotaciones que indicarían vinculaciones con empleados bancarios y contadores.
Horacio Azzolin, el fiscal a cargo de la UFECI, el área de la Procuración dedicada a investigar delitos informáticos, se movió con rapidez a lo largo de la pandemia, detectando, persiguiendo y alertando al público sobre jugadas online de estafadores en zonas particularmente sensibles como sitios de compra y venta online.
El engaño con el bono IFE no es nuevo para el fiscal: “Tuvimos muchos casos con el IFE como excusa. Ocurren al voleo. Buscan ganar la cuenta bancaria y con eso luego hacen desastres. Esta modalidad no es nueva. Antes se hacía con otra excusa, como un supuesto premio. Hace meses que emitimos comunicados para que la gente evite entrar en los llamados”.
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