Carpas, personas en una situación habitacional absolutamente precaria, ocupación ilegal de tierras, peleas cuerpo a cuerpo con vecinos y una solución de un conflicto que no parece ser inmediata. La localidad bonaerense de Guernica atraviesa días de suma tensión desde hace más de una semana a causa de la toma de unos terrenos por parte de más de 500 personas.
En el transcurso del último jueves, los ocupantes protagonizaron una batalla campal con algunos presuntos propietarios de las tierras que quisieron desalojarlos. Mientras tanto, desde la Justicia se intenta cumplir con todos los requisitos legales como para poder despejar los terrenos y hallar un nuevo destino para los usurpadores.
Según pudo averiguar Infobae, la toma comenzó el fin de semana del 18 y 19 de julio, cuando manifestantes, en su mayoría jóvenes, se instalaron con carpas en campos de la zona de los barrios Villa Numancia Sur y San Martín. En total, se estima que el predio en conflicto tiene una superficie de 15 hectáreas.
Se trata de un conjunto de terrenos en la zona lindera a la capilla San Cayetano y cuyos títulos pertenecen a varias personas.
Se investiga si para la elección de las tierras específicas de la toma se realizó un trabajo de estudio previo, ya que muchas de ellas no cuentan con un propietario vivo entre los papeles, aunque sí cuentan con individuos con el derecho posesorio o la tenencia.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Nº 1 de Presidente Perón, a cargo del doctor Juan Cruz Condomí Alcorta, y es llevada por el Juzgado de Garantías Nº 8 de La Plata, cuyo titular es el juez Martín Rizzo.
Las imágenes del conflicto entre los presuntos dueños de las tierras y los usurpadores se hicieron virales a las pocas horas. Allí se pudo ver cómo los propietarios intentaron recuperar las tierras con los caballos, mientras los ocupantes respondieron con palos y lanzamiento de piedras.
La organización de la toma habría respondido a la agrupación “Organización Libres del Pueblo Resistir y Luchar”. Precisamente, uno de sus referentes, llamado Omar, brindó una entrevista al sitio Resumen Latinoamericano, donde dio detalles sobre la ocupación y el conflicto que se produjo el jueves.
“Hay muchas parejitas jóvenes. Muchos pibes. Hay argentinos, de la comunidad boliviana, la paraguaya, peruanos. No tienen dónde vivir. Están de prestado en casas de familiares, viven todos amontonados, tienen chicos. Pero cuando vieron la oportunidad de poder ganarse un pedacito de tierra, se la jugaron, se aguantaron el frío, la represión. Sólo quieren un pedacito de tierra”, afirmó el referente de la organización.
Y completó, “Creo que hasta la Constitución los ampara. El Gobierno tiene que proveer vivienda, salud y educación, pero acá parece que hay que ganárselo. Hay que ganar todo a través de la lucha. Nadie les da la oportunidad ni siquiera de pagarse un pedazo de tierra. Nadie les financia nada, son desocupados. Lisa y llanamente son excluidos del sistema”.
Además, Omar dio detalles sobre la batalla campal que se produjo contra los supuestos dueños de los terrenos el jueves: “Hay personas que agarran grandes porciones de campo que los dueños originales mueren o dejan de pagar los impuestos y después los empapelan, le hacen una cesión de derechos y los empiezan a vender ellos. Entonces, a la tarde, cuando se estaban delimitando los terrenos, aparecieron cuatro a caballo a los tiros y chocaron a la gente con los caballos. A una chica la pasaron cuatro veces por arriba con los caballos. No murió pero convulsionó. A otra señora le pegaron un rebencazo que le marcaron toda la cara y a otro chico lo atropellaron”.
“Entonces, ahí reaccionaron todos los vecinos y los entraron a correr a esta gente. Ahí se unieron todos”, añadió.
Por el otro lado, una vecina de una casa de la zona llamada Luciana (nombre ficticio, prefirió ocultar su identidad real) se quejó por la ocupación y mostró su preocupación en declaraciones a Infobae.
“Yo entiendo que quieran un lugar para vivir, pero eso tienen que hacerlo por la vía legal. No se puede entrar a una tierra así porque sí y establecerse como si fuera tu casa. Si cada uno hace lo que quiere, esto sería como el lejano Oeste”, se lamentó la vecina.
“Además, estamos con el problema del coronavirus y ahí hay mucha gente amontonada que no cumple con la distancia que tiene que haber. Estamos en cuarentena y pasa todo esto”, agregó.
Se estima que la mayoría de los ocupantes son ciudadanos de la propia ciudad de Guernica, de Lomas de Zamora y de Florencio Varela.
Asimismo, entre los vecinos de Guernica comenzaron a circular capturas de pantalla de presuntos posteos en las redes sociales donde se habrían empezado a vender lotes de los nuevos terrenos ocupados a un precio de 50.000 pesos a pagarse en efectivo. Desde la investigación también se analiza esta hipótesis.
En principio, el juez Rizzo dictó una medida cautelar en la que determinó un cerco policial de todo el terreno. También estableció que ninguna nueva persona o familia pueda entrar al predio, así como se prohibió también el ingreso de materiales de construcción al terreno.
Muchos de los vecinos se quejaron sobre la demora de la Justicia para llevar a cabo el desalojo de las tierras, pero para poder avanzar en ese sentido, se debe cumplir con varios requisitos previos, establecidos en una cautelar dictada por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires el 17 de abril de 2019.
En ese documento oficial, se determinó que para poder llevarse a cabo el proceso de “restitución preventiva de inmuebles públicos o privados ocupados por un grupo numeroso de personas en situación de vulnerabilidad” se deben cumplir los siguientes requisitos, entre otros: verificar si se trata de una villa o asentamiento inscripto en el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios.
Reunir con la mayor precisión posible los datos de todos los ocupantes del terreno, así como reunir también las denuncias de los presuntos damnificados. Tal informe deberá ser acompañado por un croquis realizado por la Policía Científica, fotografías del lugar y algún informe planimétrico.
Otro de los requisitos es la realización de un censo por parte de una entidad pública entre los ocupantes del predio para conseguir su identificación inmediata. Desde la primera hora del martes, la Municipalidad del partido de Presidente Perón inició esa medida entre los ocupantes del terreno.
También, antes del desalojo, deberán asegurar el cumplimiento de garantías mínimas para los adultos mayores que puedan integrar el grupo de los expulsados.
También se precisarán constancias de las intervenciones de organismos como la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y la Subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat.
La cautelar establece también que el desalojo se debería llevar a cabo en horario diurno y sin condiciones climáticas adversas.
La intención de la Justicia es llevar a cabo el procedimiento lo antes posible. Según pudo averiguar Infobae, en las últimas horas crecieron los riesgos de descargas eléctricas mortales entre los ocupantes, ya que se detectaron maniobras de acceso ilegal al cableado de corriente energética de la ciudad.
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