Hace exactamente un año, el empresario Pedro Antonio Ragone moría tras ser golpeado y maniatado por un grupo de delincuentes que entró robar a su casa de la localidad bonaerense de Marcos Paz.
Aquella madrugada del 12 de julio, el hombre de 69 años y su mujer se encontraban descansando en su hogar, ubicado en la calle Sarmiento al 2400, cuando los malvivientes ingresaron por el patio trasero.
Ambos fueron reducidos y salvajemente golpeados. Los delincuentes les exigieron dinero y revisaron cada rincón de la casa antes de escaparse con el efectivo que encontraron y algunos elementos de valor.
La hermana de la mujer los encontró algunas horas después. Ragone estaba tendido en el suelo boca abajo, con los pies y las manos atadas con un cable y con una corbata colocada en la boca. Murió de un paro cardíaco debido a los golpes y la obstrucción respiratoria.
Tras doce meses de ardua investigación, ayer se realizaron seis allanamientos simultáneos en las localidades bonaerenses de Hurlingham, Merlo y Mariano Acosta.
A pesar de que los delincuentes usaron máscaras, el equipo liderado por el fiscal Sebastián Villalva logró identificarlos a través de un minucioso cruce entre las imágenes del auto en el que se escaparon y los datos de las antenas de telefonía celular.
Solicitaron al juez dos detenciones. Ambos sospechosos tienen graves antecedentes e incluso ya se encuentran detenidos por otro episodio casi idéntico.
En octubre de 2019, fueron sorprendidos en el techo de una vivienda a las 3 de la madrugada. Tenían en su poder armas, ganzúas, chalecos antibala y precintos.
La reincidencia les jugó en contra. Fueron las similitudes entre los dos hechos las que le permitieron a los investigadores determinar que uno de los sospechosos tenía un celular que se encontraba activo durante el crimen Ragone en la zona de su vivienda.
Sin embargo, a pesar de las similitudes entre ambos casos y los elementos aportados por la fiscalía, el juez de Garantías Marcelo Romero solo concedió la detención de uno de ellos: Fernando José Guerrera, de 41 años, con domicilio en Hurlingham.
El otro ya había purgado una condena por homicidio criminis causa y salió libre en 2018. De hecho, habría cometido el crimen de Ragone mientras disfrutaba del beneficio de la libertad condicional.
En los allanamientos de este martes se logró secuestrar una póliza de seguros a nombre de uno de los imputados del Renault Fluence que se ve en las filmaciones huyendo de la casa del empresario, una campera negra y un pantalón similares a los que habría usado aquella noche, el teléfono celular que coincidió con los registros, y -nuevamente- precintos, ganzúas y armas.
La Brigada de la División Homicidios de la Policía Federal también halló tres bombas “caño”, 1.2 kilos de cogollos de marihuana, otros 11 celulares y 80 municiones de guerra.
La familia de la víctima destacó el trabajo “profesional, comprometido y sensible” del fiscal Villalba. Sin embargo, lamentó que “criterios ligeros” hayan permitido que uno de los sospechosos recuperara la libertad antes de cumplir por completo su condena en 2018 y ahora demoren su nueva detención.
“Al momento del hecho tendría que haber estado cumpliendo una condena. Este mal entendido garantismo no hace más que desconocer los derechos de las víctimas del delito, ampliando la percepción de inseguridad e inestabilidad y agigantando el dolor que se padece”, señaló a Infobae el abogado Pablo Lanusse.
Según pudo averiguar este medio, el fiscal apelará la decisión del juez Romero ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal para poder avanzar así con la detención del segundo sospechoso. Aún resta identificar a otros dos miembros de la banda: un hombre y una mujer.
“Las víctimas del delito también tienen el derecho a acceder a la Justicia en busca de verdad, y la seguridad ciudadana es también un derecho humano que el mal entendido garantismo desconoce en su mirada sesgada del conflicto penal”, resumió el abogado que representa a la familia.
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