Los comisarios detrás del nuevo escándalo de corrupción que golpea a la Policía Federal

Dos escándalos de corrupción sacudieron esta semana a la Policía Federal Argentina. En el centro de la escena judicial están al menos tres comisarios jefes de departamentos claves en el combate del delito como es la lucha contra los desarmaderos de autos robados, y el contrabando de mercadería. En el último hecho se investiga si los comisarios Lionel Selva y Diego De la Fuente, que estaban a cargo del Departamento Delitos Federales, robaban mercadería decomisada, como zapatillas, ropa, celulares inteligentes y cartones de cigarrillos para después venderlo a través de empresas o sociedades que eran meros sellos de goma, puestas a nombre de parientes y allegados. También se sospecha que lavaban dinero y que se enriquecieron de manera ilega. El expediente esta a cargo del juez en lo penal económico Pablo Yadarola.

La causa motorizó allanamientos y desplazamientos de la fuerza a los comisarios involucrados, según la orden del día de la PFA emitida a mediados de esta semana que decretaba los pases a disponibilidad, pero, al menos hasta ahora, ninguna detención.

Hubo ecos. Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas al Juzgado en lo Penal Económico Número 2, la causa por posibles actos de corrupción habrían sido cometidos por los comisarios Selva y De La Fuente y por esa razón, “en el fuero, y con el visto bueno del Ministerio Público Fiscal, se decidió prescindir en las investigaciones en curso, y las que ingresen, de los peritos e investigadores del Departamento Delitos Federales” ya que hasta ahora se ignora si hay otros efectivos del área involucrados en las maniobras.

Desde la justicia se explicó que la mecánica de la operatoria ilegal de los policías, “es similar a la de otras bandas de delincuentes que se dedican a la venta y robo de mercadería”.

Según el gráfico armado por los detectives que trabajan codo a codo con Yadarola, y que en este caso pertenecen a Gendarmería Nacional, los uniformados, valiéndose de su cargo y posición dentro de la estructura de en el Departamento de Delitos Federales, ubicado sobre la calle Moreno al 1400, a unos cien metros del Departamento Central de la PFA, “modificaban las actas con las cantidades de mercadería secuestrada, para de esa manera llevarla, por ejemplo, a un depósito en el conurbano bonaerense, que manejaba el hermano de uno de los comisarios”.

La metodología no es una novedad. Supo extenderse, por ejemplo, en áreas como narcotráfico, donde se “truchaba” el pesaje de la cocaína o marihuana, para después ser comercializada por la propia policía entre los narcos.

Los investigadores sospechan que tanto Selva como De La Fuente vienen realizando esta mecánica delictiva, al menos desde que quedaron a cargo de Delitos Federales.

La explicación está en los abultados movimientos bancarios que en pesos y dólares realizaban desde hace, al menos tres años atrás, aunque esta cuestión aún se está peritando.

El expediente contra Selva y De La Fuente se inició a través de un llamado anónimo, adjudicado en los organismos de seguridad a una mano negra interna, un hombre que sería un policía disconforme con el reparto de cargos y designaciones dentro de la fuerza una vez que el presidente Alberto Fernández nombró como ministra de Seguridad a Sabina Frederic, y fue designado como jefe de la PFA el comisario general Juan Carlos Hernández.

Al parecer, según especulan dentro de la fuerza, Selva sería un hombre muy cercano a Hernández y la jugada sería un tiro por elevación a él, nada nuevo en este tipo de estructuras piramidales y de intereses en juego.

Más allá de la motivación que originó la delación, los datos anotados en una esquela fueron el magistrado y la fiscalia, lo suficientemente veraces como para develar el entramado corrupto que podría seguir escalando.

El anónimo, presentado en febrero pasado, un dato que adelantó Clarín, no terminó en el despacho de Yadarola de casualidad. Hacía mención a una causa iniciada en ese juzgado el 5 de febrero pasado y que ahora dio un vuelco. En ese expediente el juez en lo penal económico investigaba un “contrabando de celulares denunciado por la empresa Samsung”.

Los representantes de la firma sostenían en la denuncia que en la Argentina se activaban más celulares inteligentes y de alta gama de los que “o se vendieron o ingresaron al país”. La causa quedó a cargo del Departamento de Delitos Federales. Las primeras pesquisas habían establecido que cientos de teléfonos Samsung –pero también de otras marcas- eran vendidos a través de importantes plataformas de comercialización. Un estudio más profundo determinó que efectivamente los aparatos no habían sido declarados en Aduana.

El hilo de la investigación llevó a que los hombres de Selva y De La Fuente, allanaran un local de venta de telefonía celular en el barrio porteño de Once, cerca de la estación de trenes dónde, efectivamente, se vendían al público y a través de páginas web y plataformas digitales, celulares nuevos pero ingresados de manera clandestina al país, tal como lo denunció Samsung. El comerciante en el lugar ya fue procesado en el expediente, pero nada dijo sobre un punto que sostenía la denuncia anónima: el supuesto robo de 10.000 dólares que habría sufrido por parte de la policía que intervino en el procedimiento.

Recién después de volver ser llamado a declarar, el hombre contó sobre la desaparición de los dólares. También dijo sentirse “amenazado e intimidado”, por el comisario De La Fuente.

El anónimo también aseguraba que el negocio de la recaudación ilegal y el producto de las ventas de cigarrillos incautados, más de mil pares de zapatillas de las principales marcas y ropa deportiva “se distribuía de forma ascendente hasta llegar a lo más alto”, es decir hasta el comisario general Juan Carlos Hernández.

Fuentes con acceso a la causa afirman que “en esta etapa de instrucción, la participación del jefe Hernández, no está acreditada, como tampoco la participación de otros efectivos de la fuerza, pero acá no descartamos nada ni a nadie”.

Después de más de tres meses de investigación, y con el rompecabezas completo, Yadarola ordenó varios allanamientos de manera simultánea que quedaron en manos de Gendarmería, otra fuerza de seguridad.

De las oficinas del Departamento de Delitos Federales secuestraron soportes informáticos, documentación de secuestros de mercadería, los registros del decomiso de los celulares de alta gama en Once, teléfonos, pendrives, notebooks, y dispositivos de almacenamiento.

También se allanaron los domicilios de los dos comisarios jefes, ubicados en Castelar e Ituzaingó, y un depósito a cargo de un pariente de De La Fuente, dónde se secuestraron unas cien cajas de cartones de cigarrillos, doscientos pares zapatillas y casi 700.000 pesos en efectivo, que se supone eran producto de ventas ya realizadas a distribuidores que reducen la mercadería en comercios a un valor inferior y sin la documentación respaldatoria.

En el juzgado de Yadarola creen que tanto los cartones de cigarrillos, como las zapatillas, “formaban partes de los lotes de los secuestros que encabezaban el propio Selva y De La Fuente”. Durante el allanamiento al domicilio de De La Fuente, los gendarmes se encontraron con que el comisario no estaba en su domicilio porque se encuentra aislado por haberse contagiado de coronavirus.

En la casa estaba su mujer e hijos, que observaron temerosos como los hombres de verde, muñidos de armas largas, ingresaban y desconectaban la PC y se llevaban elementos que, en principio son de interés para la causa. En medio de la diligencia, se hizo presente el comisario inspector Luis Humberto Hernández, quien está a cargo del Área IX Morón de la PFA y es el hermano del jefe de la Policía Federal. Fuentes de la propia fuerza reconocieron a Infobae la presencia del oficial en el lugar.

Al parecer, la esposa de De La Fuente lo llamó atemorizada por lo que estaba sucediendo. “De un momento a otro la mujer se encontró con que su pareja había sido desplazado de la fuerza; que es investigado por corrupción, y encima está internado por el tema del COVID-9, lo llamó a Hernández, no porque es el hermano del jefe de policía, sino porque es el comisario inspector de la zona. Quizás no debería haber ido, pero no hizo nada malo”, explica un alto oficial de la PFA.

Los investigadores judiciales cuentan lo mismo y aseveran que Hernández no interfirió en el operativo, un hecho que quedó plasmado en el acta del allanamiento que labró el oficial a cargo de la Unidad de Investigaciones Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional Gendarmería, que intervino en el procedimiento.

El mismo 1 de julio, fecha en que se realizaron los allanamientos, y por orden de la ministra Frederic, y a través de la “Orden del día interna 118”, se dispuso la disponibilidad, de los dos comisarios investigados.

“Desde este ministerio no vamos a tolerar ningún acto de corrupción, lo mismo sucedió con el comisario el comisario Damián Merchán, cuando días pasados fue detenido cobrando un presunto soborno”, enfatizaron desde el ministerio de Seguridad, al ser consultados por Infobae.

Damián Gregorio Merchán era hasta el pasado 29 de junio el jefe de División Sustracción de Automotores, es decir, el hombre a cargo, entre otros delitos, de combatir la venta ilegal de autopartes “manchadas con sangre”.

Sin embargo terminó esposado por sus pares de la Policía Bonaerense, durante una presunta entrega controlada de una coima que un comerciante de Avellaneda debía entregarle para que no se abriese una causa penal por la supuesta venta de autopartes robadas, en su negocio.

El operativo estuvo a cargo de la UFI Nº 4 de Avellaneda. Los billetes habían sido marcados por orden del fiscal Guillermo Castro, en total, 2.900 dólares y 40.000 pesos. La exigencia, que debería ser complacida en próximas entregas, debía llegar a los 50.000 dólares.

Como se ve, los escándalos de corrupción en una de las fuerzas de seguridad símbolo del país, continúan a pesar que en los últimos tiempos se esgrime el latiguillo de la trasparencia.

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