El cura procesado por violar y ultrajar monjas cobró un sueldo de la Iglesia a pesar de estar preso

El 23 de junio último, la Sala III de la Cámara de Casación porteña ratificó que el sacerdote Manuel Fernando Pascual seguirá preso en el penal de Ezeiza. La defensa del cura había planteado un recurso para disputar la decisión del Tribunal Oral que se encargará de juzgarlo, el número 4, presidido por el juez Julio Báez con los magistrados Gustavo Valle y Gustavo Rofrano. El cura, con una serie de afecciones médicas como presión alta entre otras patologías, pidió dejar la prisión ante la hipotética posibilidad de un contagio de coronavirus. El Tribunal N°4 se lo negó, amparado en un informe del Cuerpo Médico Forense que analizó al sacerdote y que no lo ubicó en un grupo de particular vulnerabilidad. Los especialistas aseguraron, por otra parte, que recibía tratamiento médico adecuado.

Su defensa entonces apeló. Los jueces Mario Magariños, Pablo Jantus y Alberto Huarte Petite consideraron inadmisible el planteo, al asegurar que el planteo resultaba insuficiente en sus argumentos.

El caso de Pascual no es típico para la Iglesia, bajo ningún punto de vista. Se salió del patrón usual de los curas acusados de ser abusadores. Rompió el molde, en su extraña forma.

El delito por el que fue imputado es el de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravado por la condición de sacerdote católico, la calificación típica para un presunto cura violador, pero las víctimas no eran las típicas dentro de la Iglesia.

Durante al menos cuatro años, entre 2012 y 2016, Pascual, de acuerdo a la acusación en su contra, atacó en forma serial a dos monjas, integrantes de la congregación Hermanas de San José que tenía a su cargo. Eran tocamientos y sexo oral. Lo hacía en un campo en el partido de Capitán Sarmiento llamado La Ermita, donde la orden de religiosas realiza retiros espirituales, o en una obra a cargo de las hermanas en la calle Ernesto Bavio en Núñez, el Hogar Amparo Maternal, que alberga a mujeres en situación de calle junto a sus hijos. El hogar es, también, el domicilio fiscal del cura, registrado para operar en los rubros inmobiliarios de la AFIP.

El padre Pascual tenía su método, al menos sobre una víctima. El pedido de elevación a juicio firmado en su contra por el fiscal Marcelo Retes tiene un párrafo algo perturbador: “Pascual ejerció una manipulación sobre su psiquis, siendo que la hacía hablar de situaciones traumáticas del pasado (entre las cuales constan abusos sexuales de vieja data), las cuales provocaban una profunda angustia en la victima, y frente a su incontenible llanto, Pascual aprovechaba el estado de vulnerabilidad, comenzando con el contacto físico y manipulación, de forma en que la besaba en todo el cuerpo y en la boca al tiempo que intentaba quitarle la ropa, esgrimiendo que dichas prácticas obedecían a buscar ‘una absolución, o bien sanarla del dolor que llevaba consigo’”, dice el documento. De allí, el cura seguía.

Una de las religiosas incluso asegura que habría sido abusada en el retiro espiritual de Capitán Sarmiento mientras el cura daba misa a solas con ella: la atacó, supuestamente, en plena consagración de la eucaristía, una escena que data de la primavera de 2015. Su primera víctima, que había sido víctima de otro abuso sexual años antes, lo acusó de penetrarla por la fuerza en la boca: Pascual era su confesor.

“Quiero verte desnuda en el campo”, le habría dicho el cura a la monja, según su relato.

Pascual negó todo en su descargo: aseguró que esta víctima era una “dominadora”, que ya habría tenido relaciones amorosas con otros dos sacerdotes y que juró que lo iba a “destruir”.

Hoy, cerca de Pascual, aseguran que la causa es básicamente “un tiro por elevación” al papa Francisco, una jugada interna de la Iglesia. En su testimonio en la causa, instruida por el fiscal Marcelo Retes, de acuerdo a la transcripción, el cura habló de su rol como encargado de acompañamiento espiritual en la Diócesis de Buenos Aires, designado por Monseñor Antonio Quarracino y por el actual papa, Jorge Mario Bergoglio. Habló también de un complot en su contra, un presunto interés negro. En su relato, señaló a una prominente organización en particular que nuclea a religiosos católicos que quería “sacarlo del medio”.

También aseguró que fue durante “más de veinte años” “la cara de la institución del Arzobispado”, de la cual es empleado en relación de dependencia al menos desde comienzos de 2007.

Según registros, el Arzobispado de Buenos Aires le pagó un sueldo en blanco con aportes, aun mientras estaba preso. Los registros consultados muestran pagos de aportes constantes desde mayo de 2019 al menos hasta abril de este año.

Es decir, la acusación que puede llevar a un juicio oral y público al cura no garantizó su despido de la Iglesia católica y de su nómina. Está suspendido desde el punto de vista del derecho canónico. Pero que lo despidan no depende de una condena secular, sino del fallo de la Iglesia misma. Una fuente en la Conferencia Episcopal Argentina asegura: “Hasta que el proceso canónico no determine la expulsión de la Iglesia, que depende en última instancia de la decisión del Papa Francisco, Manuel seguirá con un ingreso. No se puede dejar de asistirlo en su salud y alimentación”.

Es llamativo: en la era de la cultura de la cancelación, cuando acusados de delitos sexuales pierden sus trabajos y sus posiciones, la Iglesia sostiene a un sacerdote procesado y elevado a juicio por una imputación gravísima.

Los tiempos de un proceso canónico, el juicio propio de la Iglesia, son inciertos. Por lo pronto, la fecha de un juicio para el cura Manuel en el Tribunal N°4 no se define, en medio de la feria judicial, se espera que las partes sean citadas para un ofrecimiento de prueba.

Una psicóloga declaró en el expediente, la especialista a cargo de tratar a la primer víctima, la religiosa que acuso a Pascual de violación. Aseguró que no había elementos de fabulación en su relato, así como una profunda angustia. El Cuerpo Médico Forense dijo lo mismo al evaluarla: “La estructura lógica del relato de los hechos denunciados no está interferida por ideación delirante, contenidos bizarros o relleno fabulatorio”, asegura el estudio posterior. Las secuelas son las mismas: angustia, desvalimiento, depresión, signos compatibles con las secuelas de un abuso sexual.

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