Dictaron la prisión preventiva para los 9 policías y uno de los civiles detenidos por el crimen de Luis Espinoza

La justicia de Tucumán dictó la prisión preventiva a 10 de los 11 detenidos por el crimen de Luis Espinoza, el trabajador rural asesinado en la localidad de Simoca y cuyo cadáver fue abandonado en Catamarca, y ordenó liberar a uno de los ellos bajo fianza de 250 mil pesos.

La medida fue dispuesta por el juez Mario Velázquez, que entiende en la causa, bajo la imputación de “desaparición forzada de persona con resultado de muerte y privación ilegítima de la libertad en concurso real”.

Si bien la fiscal Mónica García de Targa había solicitado que el encarcelamiento fuera por 12 meses, el juez determinó que sea solo por el término de 6, al hacer lugar al pedido de la querella.

“Solicitamos que sea menos tiempo porque nuestras intenciones son que el juicio tenga lugar este año”, precisó a Infobae la doctora Cinthia Campos, que representa a la familia de la víctima.

Según trascendió, serían trasladados a tres cárceles: una especial para mujeres, otra situada en la ciudad de Concepción y otra en la capital de Tucumán.

“Si bien el traslado al penal debe ser inmediato hay disposiciones internas por la pandemia y no están llevando a los presos a las penitenciarias hasta que se cumpla con los protocolos de control sanitaria. Incluso, es probable que queden alojados en el mismo lugar donde están ahora”, remarcó.

Entre los detenidos hay 9 policías -8 varones y una mujer- y un civil. La medida recayó en Rubén Montenegro (subcomisario), José Morales (oficial) y los efectivos Miriam González, René Ardiles, Víctor Salinas, Carlos Romano, José Paz, Gerardo González Rojas y Claudio Zelaya, así como a Fabio Santillán, vigía ciudadano de la comuna de Monteagudo que también participó en el hecho.

Al momento de elevar la solicitud al juez, la fiscal dijo que tenía acreditada la participación de todos ellos de manera directa en el proceso de desaparición y muerte de Espinoza.

En cuanto al aprendiz de policía, Álvaro González, de 19 años, que es el primo del agente González Rojas, fue liberado. Este joven sería el dueño de la camioneta Chevrolet Silverado roja con la que se habría trasladado el cuerpo de Espinoza desde el lugar del crimen hasta la comisaría de Monteagudo y luego hasta el límite de con la provincia de Catamarca, a unos 100 km, de distancia, donde fue arrojado a un precipicio.

“La fiscalía tiene probado que el cuerpo fue trasladado hasta la comisaría de Monteagudo. Y también tiene probado que desde esa comisaría, fueron cuatro personas las que trasladaron el cuerpo a más de 100 km, se cruza el límite y a unos 400 metros adentrados en Catamarca, se arroja el cuerpo en un precipicio”, había afirmado antes de pedir la preventiva para los acusados.

De acuerdo con su hipótesis, cuando la policía asistió al lugar donde se encontraba Espinoza - para impedir la realización de carreras de caballo clandestinas en medio de la cuarentena- Zelaya comenzó a disparar con su escopeta cargada con postas de goma en contra de la víctima y de su hermano Juan Espinoza, quienes estaban en el lugar.

Las víctimas intentaron escapar hacia el norte. Los agentes los persiguieron hasta alcanzarlos en un campo cercano, después de cruzar una tranquera. Inmediatamente, y aprovechando la caída de Juan, tanto Zelaya, González Rojas y Miriam González lo golpearon salvajemente. El examen médico realizado al hermano tres días después de haberse producido el hecho corroboró las agresiones.

“Ante el grito desesperado de Luis Espinoza para que dejaran de golpear a su hermano, el oficial Morales apuntó con su arma reglamentaria marca Jericho a la humanidad de Luis, que se encontraba a una distancia de unos 10 metros aproximadamente y, con claras intenciones de causarle la muerte, realizó un disparo directo que impactó en el espacio intercostal izquierdo de la víctima”, dijo la fiscal en el pedido de prisión preventiva.

Tras herirlo fatalmente, García de Targa sostiene que cree que todos colaboraron para arrastrar el cuerpo de Luis hasta un monte ubicado a unos 15 metros del camino donde fue el ataque. Espinoza presentaba escoriaciones en el estómago, lo que probaría esa hipótesis. “Lo hicieron sin saber si se encontraba con vida, privándolo de recibir asistencia médica”, dijo la fiscal.

Después, González Rojas se fue rápidamente del lugar, mientras que Ardiles, Paz, Romano y Salinas se encargaron de servir como vigilantes para asegurarse de que nadie descubriera la brutalidad policial que habían ejercido hacía minutos.

La teoría de la fiscalía sostiene que González Rojas regresó al lugar en una camioneta Chevrolet Silverado que era conducida por el aprendiz González, en la que transportaba una bolsa de gran tamaño. El joven de 19 años, principio, no estaba al tanto de lo que pasó.

Después -dijo la funcionaria judicial- colocaron el cuerpo de Espinoza y, sin precisar quién lo hizo, lo cargaron en el VW Fox de Montenegro. Recorrieron pocos metros y se detuvieron junto al hermano de la víctima, que había sido golpeado, le quitaron las esposas y lo liberaron sin darle mayores explicaciones.

Durante el trayecto, según los testimonios que pudo recolectar, se habrían detenido al menos en una oportunidad a conversar con vecinos de la zona, a pesar de que llevaban el cadáver del trabajador rural. Luego, siempre de acuerdo a la teoría de la fiscalía, volvieron a cargar el cuerpo de Espinoza en el auto del comisario para realizar un último viaje.

Finalmente -señaló García de Targa- el cuerpo fue trasladado en el vehículo de subcomisario Montenegro hasta la provincia de Catamarca. Según su hipótesis, el auto fue conducido por el propio uniformado, quien estaba acompañado por Morales, González Rojas y Zelaya. Después arrojaron el cuerpo a 400 metros de La Banderita, ya en territorio catamarqueño.

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