M.D, 34 años, profesor de computación, empleado del Gobierno de la Ciudad al menos hasta abril de este año, ex empleado del Correo Argentino según sus registros previsionales, se volvió una contradicción en sí mismo, otra paradoja del sistema: qué hace el sistema mismo con sus delincuentes psiquiátricos, con sus inimputables.
La jueza Alejandra Provitola, a cargo del Juzgado N°6, lo había procesado en diciembre de 2019 por el delito bestial de abusar de la hija de su pareja en reiteradas ocasiones, abuso simple, abuso gravemente ultrajante, corrupción de menores agravada por la responsabilidad que tiene un adulto tutor sobre un menor. Su víctima tenía 15, 16 años. La atacó en el departamento de Palermo donde vivía con su madre, luego en su propia casa, cuando su pareja, según la acusación en su contra, le había enviado a su hija para que le explique matemáticas. La depredación era constante: lo hizo, según el relato de la víctima, mientras la menor horneaba galletitas, mientras colgaba la ropa en el tender, mientras dormía en su cama.
“Me gustaría que te pongas esto”, le dijo una tarde en su departamento. Debía enseñarle matemáticas ese día, M.D estaba cargo de su instrucción, pero decidió otra cosa. Tomó un collar de ahorque sadomasoquista y lo ató al cuello de la joven. Otra vez, abusó de ella. Luego le enviaba material pornográfico, rara vez humano. M.D tenía una predilección por el hentai, la forma porno del animé. “¿Te gusta?", le decía por Telegram a su víctima. Su propia ex pareja lo denunció en octubre del 2019. Su hija había sido encontrada llorando en medio de una crisis de nervios en el baño de su colegio secundario.
M.D, por lo visto, no perdió el tiempo: la relación con el profesor había comenzado en febrero de ese mismo año. En su declaración, la madre recordó un momento en particular. Los tres -ella, el profesor, su hija- veían una película en la cama. M.D dijo: “Ahora puedo estar con dos mujeres a la vez”. Tiempo después, el profesor le habló de hacerle un regalo a la menor: le pasó a la madre el enlace de la página de un sex shop.
Así, la salud de la víctima comenzó a desmoronarse. Fue internada en un sanatorio, terminó en guardias por cuadros de gastroenteritis y broncoespasmos, crisis de llanto, pozos depresivos de días a la vez. La consulta a una psicóloga llevó a una interconsulta en psiquiatría que ordenó medicarla. Su hija tuvo que ser llevada a otra escuela. Eventualmente le contó todo, los abusos. Le pidió perdón, la víctima, a su propia madre.
La jueza también ordenó allanar la casa del profesor: encontró su equipo sado de cuero negro, siete piezas, guantes y sogas, casi 20 vibradores, apenas un envase de gel. M.D, según la causa en su contra, empleaba una serie de alias como “Zeros", “Grey” “Tony”, "Sender”, algunos de tono femenino como “Melana”, “Janice” o “Roxy”.
En sus fallos, Provitola hablaría “de la desviación del natural y normal desarrollo psicosexual de la menor de edad los que, como se dijo, eran desplegados aprovechando la situación de convivencia preexistente, la relación de poder respecto a la víctima, su condición de encargado de la educación, mediando violencia e intimidación; dada además su repetición, precocidad, continuidad y características”, un discurso judicial standard para decir que un padrastro abusador le arruinó la vida a su hijastra. Declararon sus psicólogas, sus médicas, su preceptor en la secundaria. Todos hablaron de la chica desmoronada.
El 18 de octubre, la víctima declaró en cámara Gesell en la sala espejada del Cuerpo Médico Forense de la calle Lavalle.“Yo fingí que todo eso me gustaba”, aseguró. Fue una estrategia para salvarse, para que el profesor no la penetre por la fuerza, para que no le hiciera “su fetiche de cosas raras” a su propia madre.
Luego, la jueza recibió la evaluación de las psiquiatras. Aseguraban que todo lo que decía la víctima era veraz, sin signos de fabulación. Sondearon la mente de la joven. “Bloqueos y reacciones vivenciales de angustia traducidas en un síndrome ansioso y angustioso con elementos distímicos, fóbicos y eventuales defensas de disociación y represión”, dijo el reporte.
Cuando fue indagado, M.D se negó a declarar. Con el tiempo, los psicólogos también sondearían su mente. El 6 de abril pasado, la jueza del caso ordenó que M.D saliera de prisión. Fue sobreseído, no porque las pruebas en su contra fallaran, sino todo lo contrario. Provitola ordenó que sea internado de forma involuntaria en el hospital Borda.
Intentó quitarse la vida poco después de la denuncia en su contra, fue internado en una clínica de Banfield. Una psiquiatra del Cuerpo Médico Forense lo evaluó, la primera de muchas especialistas en verlo. Resultó ser inimputable.
La especialista notó factores graves: un historial de medicación previa, antidepresivos, ideas de autoagresión, síndrome depresivo. Ya había intentado quitarse la vida en octubre de 2014. La especialista recomendó que sea enviado al PRISMA, el área de salud mental del penal de Ezeiza “para su mejor tratamiento y control de evolución”.
No es la primera vez que el PRISMA, donde se encuentra detenido “Pity” Álvarez, es requerido en la historia penal reciente: el juez Martín Yadarola resolvió que sea enviado allí un hombre internado en el Borda, “Julito”, acusado de abusar de una menor en un colectivo y matar a golpes con un fierro a otro paciente. “Julito”, en el Borda, había estado internado 15 años. Los informes en su caso lo indican: el estado de manicomio permanente solo ayudó a empeorar su cuadro.
Para M.D, sin embargo, fue la vía inversa: los médicos del PRISMA hablaron de un síndrome depresivo grave, de que sus ideas suicidas habían frenado, lo medicaron con risperidona y un fuerte dosaje de clonazepam, tres miligramos diarios. M.D incluso tuvo una psiquiatra de parte: habló de “una alteración patológica de sus facultades mentales bajo la forma de trastorno esquizofrénico de larga data con productividad delirante”, habló de “riesgo cierto, autoagresión”. En febrero de 2019, antes de comenzar su relación con la madre de su víctima, M.D había sido entrevistado por otra especialista en La Pampa.
En menos de un año, en total, fue visto por siete psiquiatras distintos.
Finalmente, el Cuerpo Médico Forense definió: “síndrome delirante crónico, bajo la forma clínica de trastorno esquizofrénico con moderado deterioro”. “Al momento de los hechos que se le imputan, no tuvo capacidad de comprender la criminalidad de sus acto y/o el disvalor de sus acciones”, continuó. A pesar de su lista de alias que empleaba, el diagnóstico no habla de un trastorno de personalidad múltiple. Un juzgado civil estará a cargo de supervisarlo. No podrá acercarse a 300 metros de su víctima o su familia. El Borda es un hospital de puertas abiertas.
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