
Hoy por la mañana, la Agencia de Control Policial del Ministerio de Seguridad de Santa Fe allanó la Comisaría 2° de la capital provincial en un procedimiento a cargo de la fiscal Mariela Giménez de la Unidad de Delitos Complejos por una irregularidad insólita: los propios policías del lugar alquilaban la cochera de la dependencia para que los vecinos estacionen sus autos en un galpón en la esquina de Saavedra y López.
Según aseguraron fuentes cercanas al caso a Infobae, el propio comisario y dos oficiales jerárquicos están involucrados. Bajo la excusa de “una ayudita para la cooperativa”, podían recaudar hasta 1.200 pesos por mes por auto y 450 pesos por moto en la cochera del lugar, con capacidad para 20 autos. Había 13 vehículos particulares estacionados al momento del allanamiento.
Los autos secuestrados en causas penales, en lugar de quedarse donde debían estar, eran trasladados del estacionamiento a la vereda, con el riesgo de perder evidencia forense.
El precio para dejar el auto en el lugar resultaba una ganga para los vecinos considerando los los 3.000 pesos que vale una estadía en una cochera en la zona.

“Nosotros no tenemos nada que ver", aseguró a la radio Cadena 3 un vecino de la zona que se encontró con el procedimiento. Su auto quedó en el lugar. El hombre contó, además, que desde hace 20 años guarda su auto en el galpón. Los vecinos incluso recibían un recibo. Para ellos era como cualquier otro galpón, cualquier otro estacionamiento. “A nosotros no nos interesa lo que hacían con el dinero, solo queríamos guardar el auto”, aseguró el hombre.
La maniobra habría sido descubierta por una denuncia anónima realizada al sector de Asuntos Internos de la Policía santafesina.
No es la única irregularidad policial que se investigó en la provincia en los últimos meses. En marzo, un juez federal de Santa Fe procesó al ex jefe de la Delegación local de la Policía Federal Argentina (PFA) y a otros cinco miembros de la fuerza por asociación ilícita al considerar que implementaron un "mecanismo recaudatorio" a través de narcos a los que les cobraban para encubrirlos.
El fallo del juez federal 2 santafesino, Francisco Miño, recayó sobre el comisario Marcelo Lepwalts, el inspector Cristian Bogetti, el oficial Michael Arbildo; el agente Carlos Fernando Gómez Navarro y los cabos Lucas Bustos y Darío Duarte.
Cuatro de ellos, el jefe Lepwalts, Bogetti, Arbildo y Gómez Navarro ya habían sido procesados el 30 de mayo pasado por “falsedad ideológica de documento público, sustracción de pruebas, encubrimiento y desaparición de rastros del delito, incumplimiento de deberes y tenencia simple de estupefacientes”. En aquella resolución, Duarte y Bustos fueron acusados de "tenencia de estupefacientes.
Según la resolución del juez Miño, los policías involucrados “habrían tomado parte de una organización delictiva, liderada por Lepwalts en su condición de Jefe, persiguiendo una finalidad recaudatoria al margen de sus ingresos salariales, mediante la comisión de delitos indeterminados durante el período comprendido entre el 23 de marzo de 2018 y el 09 de mayo de 2019”.
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