Los movimientos ilegales del pedófilo fueron advertidos como los de muchos otros: a través del National Center of Missing and Exploited Children o NCMEC, un organismo establecido por el Congreso estadounidense que se encarga de detectar estos casos, y que recibe a su vez reportes de plataformas online como redes sociales o Gmail.
A mediados de 2017, el hombre, identificado como G.O.B., cadete de profesión, oriundo del barrio porteño de Villa General Mitre y actualmente de 40 años, publicó un video de pornografía infantil en Facebook, empresa que, al dar cuenta del hecho, dio aviso a la NCMEC.
La denuncia así llegó a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Publico Fiscal porteño, a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, la misma que llevó a la cárcel al ex pediatra del Garrahan Ricardo Russo y al docente Adrián Rowek, quien puso en marcha la investigación.
Ayer, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Lorena Tula del Moral, condenó a G.O.B. a la pena de 5 años de prisión efectiva al considerarlo culpable de los delitos de tenencia y distribución de material de explotación y abuso sexual infantil.
La prueba para llegar a esa sentencia fue contundente: el video que el cadete compartió en Facebook era solo uno de muchos que compartió.
En el allanamiento a su casa secuestraron diversos dispositivos tecnológicos. Uno fue el teléfono celular del condenado, desde el que se compartieron 28 videos con contenido pornográfico infantil por mensajes de WhatsApp, según la pericia llevada a cabo por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales.
Según supo Infobae, esos archivos fílmicos contienen imágenes que muestran a niños y niñas y adolescentes, desde bebés hasta chicos de 16 años, que en algunos casos son brutalmente violados por adultos y en otros son obligados a exhibir sus órganos genitales.
“No quedan dudas respecto de que los videos que publicó, facilitó y poseía B. contenían escenas de actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, respectivamente. Se trataron de episodios aberrantes, donde se ha vulnerado en forma violenta la integridad física y psíquica de los niños y niñas involucrados”, dijo Tula del Moral al dar a conocer su veredicto.
Tras la audiencia, el cadete fue trasladado a su casa. Cumplirá “prisión preventiva domiciliaria hasta que termine situación de emergencia sanitaria por el coronavirus”, comunicaron fuentes judiciales.
El proceso judicial fue distinto: se llevó a cabo de manera virtual, con cada parte por su lado. La titular del Juzgado y su equipo de colaboradores, al igual que el asesor titular y los tres testigos que declararon, participaron desde sus domicilios particulares; la fiscal, por su parte, lo hizo desde su despacho en el MPF; en tanto que el imputado y su abogado defensor estuvieron en la Sala de Audiencias del edificio judicial ubicado en Beruti 3.345.
Si bien en la jurisdicción local muchos magistrados ya han tomado declaraciones testimoniales a imputados mediante esta modalidad, la audiencia de debate que se realizó ayer constituyó el primer juicio penal completamente online en la Justicia porteña.
La fiscal Dupuy le había pedido a Tula del Moral que el juicio no se posponga por la situación sanitaria actual “debido a la urgencia de juzgar al encausado”. Es por ello que le propuso que el debate se realice en todas sus instancias por medio de videoconferencia.
Con la aprobación de la magistrada, personal de la Dirección de de Informática y Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y sus pares del MPF porteño, confeccionaron un protocolo de actuación basado en modelos implementados en otros países, con el fin de prever todos los pasos a seguir dentro del juicio oral y la admisión de la prueba digital durante la audiencia que se celebró vía Cisco Webex. En tiempos de coronavirus y aislamiento social, en los que la Justicia debió adaptarse a nuevas metodologías, esto significa un paso saliente.
La modalidad ya aplica en los tribunales del resto del país. Anteriormente se habían realizado experiencias similares en la provincia de Misiones, donde ya se definieron varios procesos judiciales por medio de videoconferencia.
El primero fue el 8 de mayo, cuando la jueza Correccional y de Menores de Posadas Marcela Leiva, condenó a Juan Alfredo Gómez Lezcano (47) a la pena de 5 años de prisión efectiva al encontrarlo culpable del delito de coacción agravada por el uso de arma.
Lezcano había sido denunciado en 2018 por su ex pareja, quien contó a la Justicia que tras haberse separado, el condenado la amenazó en reiteradas ocasiones para que ella volviera a retomar la relación, además de intentar obligarla a mantener relaciones sexuales hostigándola con un arma.
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