El pedido para cumplir la prisión domiciliaria por miedo a contagiarse de coronavirus realizado por el abuelastro de Lucía “es absurdo”, dijo el abogado de la familia de la menor, que quedó embarazada luego de ser violada por el condenado, y adelantó que se opondrá cuando se realice hoy una audiencia virtual.
Emilio Guagnini, abogado de Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), uno de los profesionales que defendió los derechos de la menor durante el juicio abreviado realizado el 14 de febrero pasado, informó que el pedido será analizado mediante una audiencia virtual.
“La semana pasada hemos sido notificados que Amaya tiene un pedido realizado para cumplir la prisión domiciliara debido a la pandemia, pero eso es absurdo porque en la provincia no hay circulación viral ni hay peligro de contagio en el sistema carcelario”, expresó el letrado.
Amaya, abuelastro de Lucía, fue condenado en febrero pasado a 18 años de prisión y el fallo de los integrantes de la Sala V de la Cámara Penal de Tucumán, María Balcazar, Fabián Fredejas y Juana Francisca Juárez dispuso que sea de cumplimiento efectivo para el acusado, quien se declaró culpable, pero no pidió disculpas.
El juez de ejecución de sentencia, Roberto Guyot, tendrá que resolver el pedido realizado por Amaya para cumplir prisión domiciliaria por cuestiones sanitarias vinculadas con la pandemia de coronavirus.
Las organizaciones no gubernamentales Andhes y Cladem, también rechazaron el pedido de prisión domiciliaria efectuado por el abuelastro de Lucía porque “es necesario priorizar el interés superior de la niña”, manifestaron a través de un comunicado.
Andhes indicó que, de acuerdo al informe médico del Servicio Penitenciario de la provincia, “el condenado no presenta enfermedad aguda en curso ni cumple con el requisito de ser mayor de 70 años, por lo que no corresponde otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria”.
Asimismo, afirmaron que, en ese informe, se recomienda que “el condenado no debe residir en un lugar donde vivan menores de edad ni personas de vulnerabilidad”.
Sin embargo, el domicilio que presentó la defensa en el que se podría alojar este hombre “residen un niño y una persona con síndrome de down, por lo que ni siquiera cumpliría el requisito necesario”.
“¿Cómo Lucía puede llegar a sentirse respecto a la Justicia, si a los 4 meses de la condena sale su abusador libre?”, se preguntan las organizaciones en el escrito que fue difundido este lunes.
Y sostuvieron que "el Estado debe reparar a la niña por todo el daño que le hizo, y otorgarle la prisión domiciliaria iría en sentido contrario”.
Lucía tenía 11 años cuando su abuelastro la violó y la dejó embarazada en febrero de 2019, caso que tuvo amplia repercusión a nivel nacional e internacional.
La víctima pidió la interrupción legal del embarazo (ILE), a la cual accedió después de muchas dilaciones y como la gestación estaba avanzada tuvieron que practicarle una cesárea.
El bebé, que pesó 600 gramos, murió a los pocos días de haber nacido aquejado por problemas respiratorios severos, según explicaron los médicos.
El 14 febrero pasado, a casi un año del hecho, se realizó un juicio abreviado y el acusado fue condenado a 18 años de prisión por el delito de “abuso sexual doblemente agravado por el grave daño a la salud mental y física de la niña aprovechando la situación de convivencia”.
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