Comienza el juicio al ex comisario Potocar por el escándalo de las coimas: cuáles son las pruebas en su contra

Usualmente cuando un comisario cae, los enemigos que se mordieron la lengua toda la vida aprovechan para ventilar sus trapos sucios y rencillas por teléfono o WhatsApp. Pero cuando José Pedro Potocar cayó fue todo lo contrario. Sus viejos compañeros en la Federal con más de 35 años de carrera, se agolpaban para apoyarlo, hablaban en su favor, militaban su salida de la cárcel.

Potocar, ex jefe de las comisarías porteñas de la PFA, había sido designado por Horacio Rodríguez Larreta como el primer jefe de la Policía de la Ciudad. Su legajo era impecable, sus jefes políticos enviaron a chequearlo. No podían correr el riesgo de tener un comisario sucio al mando del proyecto de seguridad urbana más ambicioso de Cambiemos.

Sin embargo, en 2017, el fiscal José Campagnoli pidió su procesamiento con prisión preventiva, acusado junto a otros jefes policiales de ser la pieza clave de un esquema de recaudación de tarifas de protección a trapitos y coimas a restaurantes y comercios en Núñez con el testimonio de un policía y el informe de un gendarme dedicado a tareas de inteligencia como pruebas, un expediente bajo la firma del juez Ricardo Farías. Potocar estuvo 90 días preso, luego salió.

Hoy, el ex comisario va a juicio. La acusación en su contra: asociación ilícita. El proceso comienza este jueves en el Tribunal N°16 con los jueces Gustavo Gonzalez Ferrari, Inés Cantisani y María Cristina Bertola de Umaño. Susana Aveni, a cargo de la circunscripción que incluía a la 35°, está acusada junto a él y enfrentará a los jueces. Entre efectivos y superiores son 10 los procesados que estarán en el banquillo de los acusados del TOC 16. Norberto Villareal, el jefe de la comisaría misma en ese entonces, que se entregó en abril de 2018 luego de estar 18 meses prófugo y fue perseguido por la Federal misma, es el único que llega al juicio preso y esposado.

Mientras tanto, el pedido de elevación firmado por Campagnoli, a la que accedió a Infobae revela el mapa de la causa. Hubo una frase en particular.

“Mis superiores y mis compañeros me amenazaron de muerte a mí y a mi familia porque me negué a recaudar las coimas”

La frase se escuchó el 6 de junio del 2016 en una de las oficinas de la fiscalía de José Maria Campagnoli fue pronunciada por un ex policía de la 35°. Esa declaración fue el puntapié inicial de la investigación contra el ex jefe de la Policía de la Ciudad. También, una nota del sitio “Precinto 56” donde se hablaba de desmanejos graves en la comisaría 35 y que mencionaba una carta de vecinos enviada al fiscal.

Luego, llegó el testimonio de un suboficial de iniciales M.A.M que trabajaba en esa seccional y que, a través de un amigo gendarme, realizó una denuncia en el Ministerio de Seguridad de la Nación, comandado en ese momento por Patricia Bullrich, donde contaba que había sido amenazado de muerte por compañeros y superiores por no querer “recaudar” para los jefes.

En ese escrito presentado por el policía, que luego fue ratificado con una declaración bajo juramento, se describían detalles del supuesto andamiaje de coimas. "Se trata de una forma de recaudación no solo en la Comisaría 35, sino que es el manejo en todas las comisarías de la Ciudad. Los comercios pagaban una suma de dinero periódicamente a las autoridades policiales para posicionar a un uniformado en las inmediaciones de su establecimiento y dotarlos de seguridad privada”, asegura el documento.

El suboficial, en su declaración, especificó otros supuestos manejos espurios en la jurisdicción de esa comisaría: “Los hoteles de la zona aportaban dinero para no ser alcanzados por los controles, puntualmente para evitar las inspecciones. Un club de la zona pagaba para que no controlaran la sala de juegos clandestinos que funcionaba en su interior”.

En la elevación a juicio, que el fiscal Campagnoli firmó en febrero del 2018, se hace mención a una marcada definición de roles dentro de la supuesta asociación ilícita. Puntualmente se señala a José Pedro Potocar, en ese entonces al mando de la Dirección General de Comisarías, y a Susana Aveni, ex titular de la circunscripción VII, como los encargados de generar la protección para aquellos que recaudaban el dinero ilegal. Además, señala a los agentes Marciano Quiroga y Sergio Ríos como los “recaudadores”. Todo bajo el estricto control del comisario de la 35 en ese entonces: Norberto Federico Villarreal.

Dentro de los delitos que se imputan, se suma otra acusación, la de cobrarle entre $400 y $500 a los trapitos de la zona para que actúen durante los partidos que jugaba River de local y durante los recitales que se desarrollaban en el estadio Monumental como también en el microestadio de Obras Sanitarias.

Una de las pruebas que la justicia tomó como fundamentales, surgió del allanamiento que se realizó a la comisaría 35 por orden del juez de la causa, Ricardo Farias. De la oficina de Villarreal, se secuestró un cuaderno que contenía anotaciones hechas a mano. Se trataba de siglas y números. “DGC” era una de ellas, que Campagnoli identificó rápidamente con Dirección General de Comisarías, manejada por Potocar. También figuraban supuestos pagos con los nombres “Zona” y “Gorda” que, según el fiscal, “referían a la Circunscripción VII y a la propia Aveni como receptora de esa porción del dinero, ya que era quien por entonces dirigía esa dependencia”.

El fiscal de Núñez-Saavedra es especialmente duro cuando se refiere a Potocar:

“Brindó una colaboración fundamental sin la cual el desarrollo de este esquema no hubiera sido posible. En concreto, no sólo fue connivente frente al funcionamiento de esta estructura, sino que promovió su instauración, brindó la protección que un sistema permanente de corrupción como éste ineludiblemente requiere y lo blindó ante posibles detractores internos a través del uso arbitrario de los mecanismos administrativos policiales", aseguró.

Uno de los procesados en el expediente, el subcomisario Hernán Kovacevich, acusado de estar al tanto de toda la maniobra y no haberla denunciado, brindó una declaración que resultó clave para el fiscal. Contó que el comisario Villarreal le dijo en una oportunidad que “había que armar algo con los trapitos para cobrarles en los partidos, ya que él había sido puesto en la jefatura de esa comisaría por Potocar y Aveni para ese fin”. El subcomisario asegura que se negó a participar y que por esa razón Villarreal le cambió sus funciones y comenzó a vivir un hostigamiento laboral.

Otro de los que declaró, fue el también imputado y procesado subcomisario José Alberto Codaro, que se refirió puntualmente al tema de los cuidacoches: “Villarreal era loco de los trapitos. Le gustaba que estén para sacar algún beneficio propio. Por lo que vi, sobre todo los días de partido en River, los habilitaba para que recauden para él”.

El fiscal encargado de acusar será Fernando Fiszer, el mismo que participó en la condena a prisión perpetua al portero Jorge Mangeri.

“Potocar está muy tranquilo. Quiere que el juicio empiece cuanto antes para demostrar su inocencia y el daño que le hicieron. Las pruebas qué hay en su contra son muy débiles”, señalaron a Infobae fuentes de la defensa del ex jefe de la Policía de la Ciudad. No se encontró, por ejemplo, ningún patrimonio de orígen ilícito, ningún testaferro. Si Potocar se metió plata en el bolsillo, la Justicia no pudo especificar dónde está.

Potocar llega al juicio bajo la defensa técnica de los abogados Christian Poletti y Raúl Alcalde mientras que Susana Aveni estará representada por Claudio Calabresi y Hernán Vega. Otro de los abogados que participará del juicio es Gastón Marano, que defenderá a Kovacevich. Se trata del mismo letrado que logró la condena para el futbolista Jonathan Fabbro por haber abusado de su ahijada.

A pesar de que la fecha y hora fijada para el inicio del debate oral siguen siendo el jueves 11 a las 12 del mediodía, una presentación enviada el miércoles pasado al juzgado podría cambiar las cosas. La defensa de Aveni envió una solicitud al tribunal para que se suspenda el inicio del juicio.

“Pedimos formalmente la suspensión de del inicio del debate, ya que existen fundadas razones que tornarían imposible la realización del juicio”. En el documento presentado por el abogado Calabresi, al que accedió Infobae, se señala un único argumento: la pandemia del coronavirus y la imposibilidad de que la mayoría de los protagonistas pueda estar de manera presencial. Además se hace referencia a que por la carga probatoria y la envergadura de la causa no se podría hacer por ningún medio electrónico.

Mientras tanto, altas esferas policiales y políticas miran de cerca.

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