Hugo Ernesto César Oldani era uno de los empresarios turísticos más reconocidos de la capital de Santa Fe, cabeza de Turismo Oldani SRL, la firma que llevaba su nombre. El 11 de febrero pasado, un grupo de tres delincuentes ingresó a su local en una galería de la calle La Rioja con el aparente propósito de robarle. Recibió un disparo en el abdomen, murió esa misma noche en el Hospital Cullen a causa de un shock hipovolémico. La bala había comprometido varios de sus órganos; perdió mucha sangre. Cámaras empresariales y vecinos lamentaron su muerte, su foto circuló con un crespón negro en las redes sociales, el crimen generó indignación y una marcha en la plaza 25 de Mayo. Oldani tenía 67 años.
Así comenzó la investigación, con la fiscal de Homicidios Cristina Ferraro, por el Ministerio Público de la Acusación. Los delincuentes que lo mataron fueron captados por cámaras de seguridad. Huyeron en un Toyota Corolla blanco que pocos días después fue encontrado. Cinco días más tarde, la Agencia de Investigación Criminal de la Policía provincial detuvo a dos sospechosos. “Hicimos un trabajo y salió mal”, dijo uno de ellos, el conductor del Corolla, hijo de un comisario retirado según publicó el diario El Litoral. “Tuvo que ser planeado”, razonaba la fiscal Ferraro: “No puede ser casual”. Hubo un tercer detenido poco después, con un cuarto acusado con pedido de captura.
Mientras tanto, la fiscal Ferraro se adentraba en algo que parecía ser mucho más oscuro que un simple robo. Las pericias al teléfono de uno de los detenidos revelaban mensajes sobre “un laburito” que les iba “a cambiar la vida”.
Esta semana, sin embargo, la fiscal Ferraro fue denunciada penalmente, no por el abogado querellante de la causa, sino por el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín.
En un documento de más de 30 páginas presentado ante la Justicia y al que accedió Infobae, Saín apuntó directamente contra Ferraro por el “levantamiento indebido de la custodia en la escena del crimen”, la “alteración de la escena del crímen” y la extracción de una “millonaria suma” de la agencia de turismo, con un informe policial que indicaba la existencia de un compartimento secreto que contenía una caja de seguridad en la oficina de Oldani, con una gran cantidad de dinero que no está especificada en la denuncia, que habla de “fajos”. La hija de la víctima estaba presente y se negaba a su apertura. El lugar debía permanecer custodiado por orden directa, pero aparentemente no se habría hecho así.
Tres días después del crimen, otra inspección policial reveló que la plata no estaba: la sospecha de Saín, entonces, es que en ese lugar podría haber funcionado una cueva financiera.
Por ende, el ministro también presentó una acusación por lavado de activos.
El ministro también apuntó contra Virginia, hija del empresario. En base a informes policiales, Saín habló de una demora en traer llaves, de una negativa a acatar ordenes de la fiscal Ferraro al negarse a abrir la caja fuerte. Se postularon medidas de prueba, pedidos de declaraciones testimoniales, peritajes a celulares y pedidos de informes a la AFIP, con la competencia federal del caso por el delito de lavado.
Mientras tanto, se espera una respuesta del Ministerio Público de la Acusación, al que pertenece Ferraro.
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