Hace pocas semanas atrás, Yésica Daniela González, acusada de ser una de las mayores falsificadoras en el negocio de la compraventa de autos robados en los últimos años, fue beneficiada por la Cámara Federal de La Plata con la prisión domiciliaria en el marco de la pandemia por el COVID-19. González adujo la necesidad de estar con sus hijos en su casa, su estado mental. Así, la Cámara Federal aceptó y Yésica pudo salir.
La acusación en su contra es pesada: González lideraba una banda junto a su esposo que fue disuelta el año pasado después de timar durante al menos 12 años con documentación falsa y el manejo de varias identidades a compradores de vehículos, escribanos de varias jurisdicciones y a distintos funcionarios de los registros del automotor de todo el país donde blanqueaban la articulación de las estafas, producidas desde una pantalla legal y bajo la protección de policías sucios.
En agosto pasado, González, de 41 años, oriunda de Avellaneda, de profesión abogada según ella misma, con propiedades a su nombre, socia en una empresa del rubro de grabados según en el Boletín Oficial, junto a su pareja, Marcos Lorenzo Barreto, de 55 años, entrerriano, abogado y ex policía bonaerense de la zona sur del Gran Buenos Aires, lugar donde cometieron la mayoría de sus estafas, terminaron con prisión preventiva acusados de formar una asociación ilícita de estafadores especializados. Su especialidad, según las acusaciones en su contra: convertir un auto robado en legal sin dejar rastros, con documentos públicos falsificados.
La pareja mantenía la estructura del delito bajo una coartada perfecta. Manejaban dos comercios frente a la planta verificadora del automotor en Quilmes, situada en Mosconi 5087, zona sur del conurbano. Era un lugar estratégico. Allí es donde se hacen los controles legales para que los vehículos en esa jurisdicción sean habilitados para circular legalmente. En uno de los locales se ofrecía la gestión para la compraventa de automotores y se vendían los formularios “08” y “12”. En el otro se hacía el grabado en autopartes y en cristales de todo tipo. Los clientes aparecían solos debido a ubicación. La pantalla funcionaba.
Así, la ingeniería delictiva estaba aceitada y a los ojos de todos. Las papeles, como los formularios “08” y “12”, por ejemplo, que después eran utilizados para trampear al sistema en oficinas oficiales a lo largo del país eran tallados allí, en Mosconi al 5000. Como sucede con la mayoría de los timadores más finos, plantaron el delito dentro de la escenografía legal para luego desde ahí producir ilegalidad.
Según fuentes del caso, el grupo funcionaba desde el 2007 donde, al menos, se le imputaron 19 hechos de falsificación de documentos públicos, usurpación de identidades logrando transferencias de dinero espurio y maniobras de adulteración de sellos y firmas. Todos los delitos corroborados tienen una conexión con las pantallas legales que la pareja había armado. La banda tenía varios objetivos recaudatorios: hacerse de autos robados, transformarlos en “mellizos” o “gemelos” para la venta rápida y además ganar la propiedad de automóviles en procesos de sucesión de bienes para después quedárselo o venderlos.
Así, según la acusación en su contra, consiguieron engañar a cientos de escribanos de varias jurisdicciones y a distintos funcionarios de los registros del automotor en todo el país. Se cree que hoy mucha personas puedan estar manejando un auto que fue robado y bajo la gestoría de esta banda, el comprador aún no tenga la más mínima idea del hecho gracias a la efectividad de las falsificaciones que lograban, aseguran fuentes judiciales a Infobae.
La investigación que terminó con la banda tras las rejas fue compleja también. Los investigadores tuvieron que centralizar toda las causas que cada uno de los miembros tenía en los distintos juzgados del país. Una vez que esto fue posible, armaron el rompecabezas con las distintas identidad de cada uno. Aún se buscan miembros que no pudieron ser detectados.
Entonces, para la Justicia, González quedó apuntada como una de las líderes de la asociación ilícita. La mujer era una pieza fundamental, la cara legal de la organización, la que estaba al frente de los negocios cargando su limpio registro de antecedentes. Aunque más tarde se comprobó que González en el mundo delictivo utilizaba otra identidad: María De los Ángeles Palacios decía el DNI que utilizó en varios engaños documentados en la investigación.
Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, en el marco de la pandemia por el coronavirus, entendió que debido a que tiene dos hijos, uno menor de edad y el otro a pocos días ser mayor, debía ser excarcelada.“ Es necesario adoptar la morigeración de su detención, puesto que en caso de continuar detenida, su permanencia implicaría un trato cruel, inhumano o degradante”, resolvió el Tribunal platense.
Así, la Fiscalía Federal de Quilmes, quién realizó la instrucción de la investigación, a cargo de Silvia Cavallo, apeló aquella resolución. “Resultan ser pobres los argumentos sostenidos que no pueden verse solucionados con la concesión de dicho beneficio. Otro punto trascendente al momento de analizar el beneficio peticionado, es que este Ministerio Público Fiscal estima que existen altas probabilidades de que la imputada intente darse a la fuga y/o entorpecer la investigación en caso de recuperar su libertad”, respondió Cavallo.
El miedo de los investigadores a una Yésica excarcelada se basa en la siguiente posibilidad: si la mujer tuvo la habilidad para falsificar documentación durante varios años, ¿por qué no la tendría ahora, para escapar bajo un DNI falso? Mientras tanto, González, el 22 de abril pasado, salió del penal de mujeres de Ezeiza y ahora cumple prisión domiciliaria aguardando que la Justicia se expida sobre su procesamiento.
La tramoya original
La primer huella de la banda detectada por la Justicia apareció a fines de 2007, hace más de 12 años, cuando los trámites en el registro del automotor aún se hacían en papel y no en forma digital.
De acuerdo a la investigación, a la que tuvo acceso infobae, en diciembre de 2007, un hombre que se identificó como Andrés Sergio Rascovsky arribó a la Comisaría 4° de Esteban Echeverría. El hombre mostró su documento para dar fe de que era él, aunque más después se comprobó que en realidad su verdadera identidad era Aldo Raúl Contreras. Allí, el supuesto Rascovsky les dijo a los efectivos que había recuperado su auto. El vehículo, Mercedes Benz modelo Pagoda, había sido robado en 2005. El hombre sostuvo frente a dos policías que de casualidad mientras caminaba por la calle vio a un individuo con su auto, se acercó, le dijo que el vehículo era de él y el hombre huyó.
Inmediatamente, les pidió que levanten el pedido de secuestro y les enseñó los papeles donde indicaba su titularidad con el auto estacionado en la puerta de la seccional. Sin mucho más, los efectivos lo hicieron sin dar los avisos correspondientes. Más tarde se les abrió un sumario por ese blando y sospechoso accionar. Aún continúan en sus funciones, según resulta en el expediente.
Mientras sucedía esa situación, Christian Héctor Di Rico, el tercer sindicado como líder de la banda y hoy detenido, de 50 años, oriundo de Bernal, y con al menos seis identidades falsas comprobadas, adquirió un formulario “08” falso, hecho por González, para terminar la faena.
Unos días después, Aldo Raúl Contreras se presentó en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor 4a de la Ciudad y buscó obtener la transferencia ilegítima de ese vehículo por la supuesta compra al titular Rascovsky, por quién se había hecho pasar en la comisaría, pero le fue denegada. La gestora se dió cuenta de que había algo raro en los papeles. Entonces telefoneó al verdadero Rascovsky para que se acerque a la dependencia a certificar su firma. Allí, cuando lo llamó, el hombre le dijo que ese auto se lo habían robado hace varios años, que era imposible que él lo haya vendido. Contreras desapareció.
Entonces, Di Rico, al otro día insistió, se presentó con el documento “08”, como gestor de la firma de González, para comenzar el trámite de la transacción y así cambiar la titularidad del auto hacía Contreras. Aquel día, la estafa falló. Di Rico fue detenido, pero al poco tiempo salió y la maquinaria de mentiras, según la Justicia, continúo durante años.
Según resulta del expediente, el accionar de los delitos era esa. Di Rico articulaba como un supuesto gestor para legitimar la transacción con documentación falsa hacia ellos mismos, con varias identidades, para luego blanquear el auto robado y venderlo, quedárselo o vender sus partes. González junto a Di Rico iban a escribanías con los formularios y con su falsa identidad para legitimar la transacción. Después, Di Rico se dirigía al Registro Nacional del Automor de la correspondiente jurisdicción y legalizaba la venta del original auto robado.
Así, los detectives explicaron que para transformar un auto robado en “mellizo” hay que cambiarle el número de la patente por la de un vehículo que no cargue con un pedido de secuestro y adulterar la documentación con el número de motor. Y cuando se hace un “gemelo”, se tiene que falsificar el total de la documentación del vehículo: cambiar el dominio que no posee pedido de secuestro y sobre la base de esa nueva patente cambiar los números de chasis y del motor, para que coincidan con la nueva documentación y así pasar los controles y logre salir a circular con el vehículo blanqueado.
Para eso necesitaban la prolija mano artesanal de González. La mujer controlaba la falsificación de los formularios “08” y “12”, que son los necesarios para hacer un cambio de dominio de un vehículo y para controlar que el auto nos haya sido robado una vez que se realiza verificación vehicular. Allí, tienen que corresponder esa patente con el número de chasis y motor.
Mientras la banda funcionó, González junto a Barreto llevaban un buen pasar. En el allanamiento que se le realizó en su domicilio, ubicado en Quilmes, la División de la Policía Federal de Defraudación y Estafas secuestró 14 autos y motos de lujo, marcas como Harley Davidson, documentación varias, como el DNI falso que utilizaba González, contratos de sociedades, de inmuebles, fotos carnet para documentación y más documentos de otras personas. Según pudo saber Infobae, González tiene un deuda acumulada de un millón y medio de pesos de diversa data, primero con bancos y luego con microprestamistas, lo que revela un alto estilo de vida o aprietos financieros varios.
Mientras el resto de la banda continúa en prisión a la espera de la resolución de su condición de procesados, González aguardara con un tobillera en su casa de Quilmes.
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