El viernes pasado los presos de la cárcel de Devoto llevaron a cabo un violento motín para exigir que se les conceda la prisión domiciliaria, argumentando el riesgo sanitario que significaría la propagación del coronavirus por el penal. En consecuencia, se conformó una mesa de diálogo en la que las autoridades judiciales tomaron nota de las solicitudes de los detenidos. Y en esa misma dirección, este jueves funcionarios y jueces volverán a reunirse en la cárcel porteña para analizar las consecuentes medidas.
Así, desde las 10.30, habrá un encuentro con los presos de Villa Devoto para analizar cómo continuar con respecto al otorgamiento de prisiones domiciliarias, haciendo hincapié en aquellos detenidos que integran la población de riesgo ante posibles contagios de COVID-19.
La nueva mesa de diálogo forma parte del acuerdo al que llegaron las partes tras la reunión del último sábado, al día siguiente al motín. La misma tendrá lugar en la capilla del penal, según informaron fuentes penitenciarias a Télam.
Está previsto que se presente alguna autoridad del Ministerio de Justicia, el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, funcionarios de la Procuración Penitenciaria y de la Defensoría General de la Nación, autoridades de la Cámara de Casación y posiblemente participe también algún representante de la Cámara de Ejecución Penal.
Las violentas amenazas que se registraron el viernes pasado en el motín derivó en que se acordará “un grupo de trabajo interdisciplinario” para priorizar “la revisión y estado de los trámites administrativos y judiciales”.
En el acta del último sábado se mencionó que la “población de riesgo sanitario” está integrada por los reos mayores de 60 años y con “enfermedades determinadas por la autoridad sanitaria”, “personas en término de libertad condicional y asistida” y “aquellos que tenían las salidas transitorias otorgadas”.
También se incluye a los presos “con condenas no superiores a tres años y aquellos con prisión preventiva cuyo cumplimiento exceda los dos años”, “mujeres con niños y embarazadas” y “extranjeros con trámites de expulsión”.
La excusa del coronavirus y el polémico fallo de la Cámara de Casación bonaerense derivó en que más de mil delincuentes condenados salieran de la cárcel y otro grupo de reclusos reclame similar tratamiento con el objetivo de recuperar la libertad o al menos ser beneficiados con la prisión domiciliaria.
Hasta el momento, en la provincia de Buenos Aires se concedió la excarcelación de aproximadamente 1.400 detenidos alojados en prisiones y comisarías, según fuentes de la Procuración bonaerense consultadas por Infobae. Si se tiene en cuenta que hasta el 22 de abril la cifra ascendía a 800, el número se duplicó en un lapso de siete días.
A la par, están vigentes los pedidos individuales de otros 1.300 presos. Hasta la semana pasada, había 2.600 presentados, con nueve hábeas corpus colectivos, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas.
Mientras tanto, en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, 320 detenidos dejaron los penales bajo distintos tipos de modalidades, la mayoría de ellos en arresto domiciliario.
Si bien no existe un registro unificado, al sumar los casos relevados por este medio se concluye que con la excusa del COVID-19 salieron de la cárcel 1.700 presos. Y hay otros 1.300 que esperan un beneficio similar.
Pese al rechazo social, una asociación que agrupa a familiares de detenidos negó que las mesas de diálogo busquen “una liberación masiva” de reclusos. Andrea Casamento, presidenta de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (Acifad) aseguró que la reunión realizada en el penal de Devoto permitió que días después el Ministerio de Salud participara de controles especiales sobre los presos en ese penal lo que “generó mucha tranquilidad”.
El debate por las liberaciones masivas reavivó la grieta entre el oficialismo y la oposición luego de las primeras semanas de la cuarentena en las que mostraron un diálogo fluido. Desde Juntos por el Cambio acusan al Gobierno de fomentar los motines y las prisiones domiciliarias, luego de que la la Secretaría de Derechos Humanos haya intercedido solicitando ese beneficio para Ricardo Jaime y la excarcelación de Martín Báez, el hijo de Lázaro, quien se encuentra con prisión preventiva.
Las diferencias también se vieron en el seno del Frente de Todos. La situación obligó a que Alberto Fernández se expresara públicamente: "La solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades”. Y agregó: “Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema”.
“Organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos”, remarcó el Jefe de Estado.
Fernández agregó que hay una “malintencionada campaña en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales”.
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