Uno de los secuestradores de Axel Blumberg pidió ser liberado gracias a una presentación del Gobierno ante la CIDH

Uno de los condenados por el secuestro y homicidio de Axel Blumberg pidió su libertad condicional ante la Justicia. No solo porque entiende que ya cumplió las dos terceras partes de su condena y porque no quiere contagiarse coronavirus en prisión, sino también porque el Estado argentino acaba de iniciar un camino de “solución amistosa” a una demanda que él motorizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la dureza de la sentencia en su contra, según revelaron a Infobae fuentes con acceso al caso.

La noticia que trajo la defensa del detenido sorprendió a los funcionarios judiciales y a la familia de las víctimas porque, además de Blumberg, también incluye a otras personas que fueron secuestrados por esa banda. Fue por eso que ahora desde los tribunales de San Martín se envió un oficio dirigido al Ministerio de Justicia para que detalle cuál es la posición del Gobierno en esta demanda internacional.

Se trata del caso de Carlos Saúl Díaz. Hoy tiene 33 años y fue condenado a 21 años de cárcel. Tenía 17 años cuando participó del secuestro de Axel Blumberg, Ana María Nordmann, Guillermo Ortiz de Rosas y Adrián Mondino. Como era menor de edad, le dieron una pena más leve que al resto de los acusados, a los que se les dictó prisión perpetua.

Díaz busca acceder a la libertad condicional desde hace más de dos años porque cumplió las dos terceras parte de su pena. Pero cada vez que lo hizo la Justicia le dijo que no. Sin embargo, hace diez días, su defensora, Claudia Cesaroni, presentó un nuevo pedido en donde a sus argumentos anteriores le sumó la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 y el nuevo rumbo que había tomado una demanda internacional promovida por su defendido.

La letrada expuso una nota que la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Andrea Pochak, envió a la CIDH el 5 de marzo pasado, en el que se propone la iniciación de una instancia de “solución amistosa” en este caso, que se había iniciado en 2009 y que en agosto último había sido declarado “admisible” por ese organismo internacional. En ese proceso, Díaz es la víctima.

“Esto es gravísimo. Cuántas veces esta gente puede seguir insistiendo en que se le dé la libertad en vez de cumplir su pena. No estábamos informados de nada de esta posición del Gobierno argentino”, dijo a Infobae Juan Carlos Blumberg, papá de Axel.

Por su parte, la abogada Cesaroni, defensora del joven, afirmó a este medio que “no se trata de un beneficio sino de un derecho" y resaltó que su cliente desde setiembre de 2017 está en condiciones de acceder a la libertad condicional porque tiene todos los requisitos cumplidos. "Lo único que hace que no pueda acceder a la libertad es la posición de la querella y la fiscalía”, puntualizó.

En el Ministerio de Justicia aclararon que el Estado no está pidiendo la libertad de uno de los asesinos de Axel, sino que está haciendo una presentación técnica ante una demanda internacional para evitar que el Estado argentino sea condenado.

El caso surge en un escenario dinamitado por el coronavirus, con presos reclamando arrestos domiciliarios y excarcelaciones en medio de la pandemia y en donde ya estallaron huelgas de hambre, protestas y levantamientos en distintos penales. Ahora, hay una negociación abierta entre cabecillas de detenidos, funcionarios nacionales, encabezados por el viceministro de Justicia Juan Martín Mena, representantes de la Procuración Penitenciaria y organismos de derechos humanos.

Por un lado, la Cámara Federal de Casación Penal ya ordenó a los tribunales inferiores que hicieran lugar a planteos de morigeración en los casos de personas que estén en condiciones de ver cumplida su pena, aunque hizo una recomendación para tener atención en los casos de delitos graves. Por otro, el jefe de Cámara de Diputados, Sergio Massa, advirtió que los jueces que liberen a los presos pueden ser sometidos a juicio político.

El asesinato de Axel

A Axel Blumberg lo fusilaron de un tiro en la cabeza cuando se quiso escapar en medio de un frustrado pago de rescate. Tenía 23 años y estudiaba ingeniería. Había sido secuestrado cuando salía de la casa de su novia el 17 de marzo de 2003.

Cuando Juan Carlos Blumberg, el padre de Axel, llegó al lugar indicado para pagar el rescate, la zona estaba repleta de sirenas y policías. Los delincuentes creyeron que estaban cercados. El cadáver del joven apareció en un descampado de La Reja, en Moreno.

Su crimen provocó marchas multitudinarias pidiendo seguridad y penas más duras. Para esa fecha, los secuestros extorsivos se habían convertido en una noticia de todos los días: cualquiera podía ser capturado cuando bajaba de un auto o abría el portón de su casa. La modalidad habitual implicaba llevar a las víctimas a recorrer cajeros. Los casos más complejos incluían una exigencia de dinero a familiares para la liberación.

Sin embargo, la brutalidad de su asesinato conmovió a la sociedad, con Juan Carlos Blumberg, padre del joven, reclamando el endurecimiento de las penas para delitos graves. El Gobierno de Néstor Kirchner tuvo una relación zigzagueante con el empresario, de empatía primero y de distancia después, mientras al padre del joven le llegaban propuestas de cargos políticos de distintos sectores por la popularidad que había cobrado su figura.

El camino judicial

En 2006, la Justicia de San Martín llevó adelante el juicio contra la banda de Martín “El Oso” Peralta, en donde al caso de Axel se le sumaron otros secuestros. Eran 16 acusados y la mitad fueron considerados responsables del secuestro seguido de muerte del joven.

El Tribunal Oral 2 determinó que Martín Peraltra, José Díaz y Carlos Saúl Díaz fueron los principales responsables del secuestro y el homicidio. José Díaz fue el ejecutor. A él y a Peralta les dieron prisión perpetua, pero a Carlos Saúl Díaz, como era menor, le fijaron una pena de 21 años. Apenas fue detenido, el joven confesó detalles del hecho y reveló los roles de cada uno en la banda. Al resto de los acusados, les dictaron penas de entre 14 y 5 años y 8 meses de prisión.

En 2009, Carlos Saúl Díaz fue a la CIDH. Allí aseguró que era “un adolescente a la época de los hechos”, que fue torturado para que confesara el secuestro y la pena que recibió debería haber sido mucho más leve que la que recibió, por su condición de menor de edad cuando ocurrieron los hechos. Y subrayó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó en 2013 al Estado argentino por haber impuesto penas de privación perpetua de la libertad a cinco menores de edad.

En agosto de 2019, la CIDH resolvió declarar admisible la petición contra la Argentina “por cumplir los requisitos formales”. “La supuesta tortura de la presunta víctima, así como la supuesta falta de una investigación diligente, de probarse, podrían constituir violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana”, dijo el informe al que accedió Infobae. Es decir, el organismo se predisponía a analizar el fondo del caso para evaluar un pronunciamiento para determinar “si las autoridades nacionales, en el desarrollo del proceso penal y en la fijación de pena, han actuado en conformidad con el interés superior del niño o si su actuación ha generado una violación a los derechos consagrados” de la Convención Americana.

La postura argentina

El 28 de febrero pasado, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el director de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos, Javier Salgado, envió una nota al secretario Ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao. Allí el Estado propuso “la apertura de un espacio de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de arribar a una solución amistosa” sin que ello implique “un reconocimiento de los hechos denunciados”.

Y el 5 de marzo, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia Andrea Pochak le respondió una carta que había enviado la defensora del condenado Díaz, en donde le preguntaba por el trámite de su cliente. Ahí informó que la actual gestión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación consultó el caso con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y decidió proponer un proceso de solución amistosa, dentro de los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Un proceso de solución amistosa, explicaron las fuentes consultadas, implica abrir “espacios de diálogo entre peticionarios y Estados” para que se llegue a un acuerdo en donde haya "medidas de reparación beneficiosas para las presuntas víctimas directas de la violación y la sociedad en su conjunto” y que la Argentina evite una “condena internacional”. Algo que, según creen los funcionarios del ministerio de Justicia, es probable en este caso.

En la nota, la subsecretaria Pochak le hizo saber a la abogada de Díaz la postura oficial ante la CIDH y le sugirió a la letrada “poner en conocimiento de las autoridades judiciales correspondientes” esta información en el marco del expediente de ejecución de la pena. La abogada hizo la presentación el 17 de abril pasado, aunque hasta ahora no se conocía.

Ahora, a pedido del fiscal federal de San Martín Alberto Gentile, Eduardo Farah, que actúa como juez de ejecución, reclamó a la ministra Marcela Losardo certificar estos documentos que presentó la defensa y pedir una conclusión sobre el rol del Estado argentino en el proceso. También pidió informes al Servicio Penitenciario Federal sobre el interno Díaz y dispuso que una vez que lleguen esos oficios se le dé vista a la fiscalía y a las víctimas para que den su opinión sobre el pedido de libertad condicional. El condenado por el caso Blumberg ya cree saber cuál será esa respuesta.