Qué hubiese pasado en otros países con la mujer que mordió y arrojó gas pimienta a los policías en Villa Ballester

Laura Turzanski, vecina de Villa Ballester, protagonizó uno de los episodios más vergonzosos desde que el presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena obligatoria en todo el país. El martes por la tarde, la mujer de 29 años fue interceptada por dos policías mientras circulaba por su barrio sin barbijo ni permiso para hacerlo. Tras discutir con uno de ellos, no aceptó que otro de los efectivos intentara retenerla y le lanzó gas pimienta en la cara, mientras al otro le mordió la mano derecha cuando corrió para que no se escapara.

Turzanski fue aprehendida y trasladada a la Comisaría 2° de San Martín. El fiscal Paulo Starc y el Juzgado Federal de Tres de Febrero a cargo del doctor Juan Manuel Culotta resolvieron imputarla por resistencia a la autoridad, lesiones e infracción del artículo 205 (violación de la cuarentena). Tras pasar pocas horas detenida, fue llevada de vuelta a su casa.

Infobae consultó acerca de lo que hubiese ocurrido con la agresora en otros países en donde la cuarentena transcurre de diversas maneras: en algunos casos es voluntaria, en otros obligatoria, y en excepciones está regulada por los Estados y no por una medida nacional.

En Chile, la situación del aislamiento social coincide en varios puntos con el de la Argentina. Los ciudadanos pueden tramitar permisos especiales pero sin ellos no deben desplazarse por las calles, avenidas y lugares públicos de la comuna en la que residan. En Santiago de Chile y otras regiones puntuales, especialmente en su casco urbano, la cuarentena es total. En todo Chile, el toque de queda rige desde las 22 hasta las 5 de la mañana.

El delito de agredir a la Policía, tal como lo hizo Turzanski, está tipificado como “Maltrato de obra a Carabineros”. Especificado en el Código de Justicia Militar chileno, precisamente en su artículo 416 bis, en su cuarto punto expresa que “quien hiriere, golpeare o maltratare de obra a un carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus funciones será castigado con presidio menor en su grado mínimo, si le ocasionare heridas leves”.

¿Qué sanción implica el “presidio menor”? Una pena que va desde los 61 días a los 301 días. “En general, si no tiene antecedentes previos, la pena quedará remitida o será cambiada por arresto nocturno o firma mensual por una cierta cantidad de meses", indicaron desde el Ministerio Público Fiscal de Chile a Infobae.

Si la persona “confiesa” el delito, evita el juicio y obtiene otro abreviado, con una pena menor si no posee antecedentes penales. El ministerio chileno lo explicó de la siguiente manera: “El fiscal acusa al imputado por un hecho y tipifica el delito, reclamando una pena. El imputado, por su parte, admite su participación y culpabilidad en el hecho en cuestión y puede aceptar la pena o negociarla”.

También agregaron que la firma semanal o mensual en una seccional cercana es otra de las medidas punitivas más tradicionales para este tipo de episodios. La multa económica o los trabajos sociales, para mayor gravedad del hecho, estarán determinados por el fiscal y el juez que intervengan en la causa.

Una de las penas que sí se observan de manera cotidiana es la reclusión nocturna por la cantidad de días de prisión que haya establecido la Fiscalía. “La reclusión nocturna consiste en el encierro en establecimientos especiales de Gendarmería desde las 22 horas de cada día hasta las 6 horas del día siguiente. Es una medida alternativa de reclusión esencialmente disuasiva”, informaron.

Esto significa que si la persona fuera condenada a 61 días de reclusión nocturna, deberá ir todas las noches a dormir a una comisaría determinada.

Gonzalo Cerda, abogado chileno, indicó que si se tratara un agresión a un funcionario ocurriría lo mencionado. “Si además pusiera en peligro la salud pública, tampoco iría a prisión por el temor a que contagiara a otras personas dentro de un penal. Hace poco una persona violó tres veces la cuarentena y obviamente sí fue detenida. Pero si es una primera vez, se la deja en libertad y la citación en pausa para cuando se retome la actividad judicial con normalidad”, detalló.

En España, el artículo 147 de su Código Penal establece puntualmente qué sucedería si la agresión ocurrida en la provincia de Buenos Aires hubiese ocurrido en Madrid, por ejemplo: “El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico”.

Fuentes judiciales españolas le especificaron a este medio que, en una situación similar, la condena no superaría la prisión de uno a tres meses; dicha sentencia no sería efectiva por ser menor de los dos años.

“El Ejército está llevando su máxima operación en vigilar y abrir hospitales nuevos. Lo están haciendo, junto a la Policía, de una manera impecable. Sólo se pone multa y ya está. Mucha gente les está faltando ea respeto a las autoridades, porque no se saben controlar, pero no ocurrieron amenazas o agresiones así. Pero las detenciones son mínimas y un hecho similar también implicaría una multa”, explicó Vera de Benito Ortega, periodista española, ante la consulta de este medio.

En Vitoria, capital de la comunidad autónoma del País Vasco, un hombre de 39 años violó seis veces la cuarentena obligatoria establecida en toda España. Recién en la última reincidencia la Fiscalía Provincial de Álava solicitó una multa de 3.000 euros y la obligación de cumplir durante 90 días labores sociales. El Juzgado de Instrucción Nº 1 de la localidad falló con ese criterio y le advirtió cuatro meses de encierro si volviese a reincidir.

Silvia Caneco, periodista portuguesa de la revista Visao, advirtió que, en su país, una situación idéntica tendría una resolución judicial en menos de 48 horas. “El infractor quedaría encarcelado o sería multado con una medida coercitiva (tareas comunitarias). También podría quedar en libertad y quedar en prisión domiciliaria o presentarse cada semana ante un destacamento policial. Lo más probable es que, con este tipo de agresión, no pasara nada grave”, explicó Caneco.

El artículo 348 del Código Penal portugués, en su capítulo 2, habla de los delitos contra la autoridad pública. El 347 especifica que un hecho de violencia extrema u oponerse a la práctica relacionada a ejercer sus funciones o restringir sus actos podría ocasionar una pena de hasta cinco años.

En Uruguay, país con el que se comparten los límites fronterizos y en el que abundan las similitudes culturales, la cuarentena no es obligatoria pero el procedimiento policial y judicial sí hubiese sido semejante. “Aquí no hay cuarentena obligatoria, a su vez una cosa es la Policía en Montevideo y otra en el resto del país. Hace unos días, una mujer que estaba internada en un hospital público en la ciudad de Canelones –con sospecha de COVID-19– se fugó. Vecinos del lugar denunciaron que estaba haciendo cola en el Banco República y la Policía la condujo nuevamente al hospital”, indicó uno de los voceros del Ministerio del Interior uruguayo a este medio.

Si el caso hubiese acontecido en Montevideo, la Policía hubiera aprehendido a la mujer hasta que el Ministerio de Salud Pública concurriera hacia el lugar. “La situación cambia si la persona agrede a un policía. Allí se la detiene y se la traslada a la fiscalía más cercana por desacato. Una situación como esta no implicaría mayores problemas para la persona. Sería diferente si hiriera de bala o con un arma blanca, o lo pasara con el auto por encima. Un ataque con gas pimienta no”, agregó el funcionario.

Si la persona no tiene antecedentes, se la procesa y –generalmente– “se evalúa una pena sustitutiva: algún trabajo comunitario o que una vez por semana debe presentarse en determina seccional a firmar un papel. Si la fiscalía actúa de otra manera, es por la gravedad del hecho”, explicaron desde el Ministerio del Interior.

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