Defensores generales bonaerenses le pidieron a Axel Kicillof que libere a cientos de detenidos: “Se agota el tiempo”

En la mañana del martes un grupo de detenidos en la Unidad N°10 de Melchor Romero salieron de sus celdas y tomaron los techos del penal. Tenían banderas, las agitaban. “Huelga de hambre”, decían las consignas. Pocas horas más tarde de aquel hecho, 341 internos alojados en distintas cárceles bonaerenses iniciaron una huelga de hambre pacífica para reclamar al Poder Judicial morigeraciones en los cumplimientos de sus penas en el marco de la crisis sanitaria desatada por el coronavirus.

Mientras las horas pasaban subía de temperatura. Los 45 mil presos bonaerenses desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 dentro de un penal comenzaron a alterarse por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran. Ante esto, hoy un grupo Defensores Generales, que dependen de la Procuración bonaerense, le reclamaron, con un carta, al gobernador Axel Kicillof que conmute penas a distintos presos de penales bonaerenses.

En el escrito, los Defensores, de al menos 14 distritos de la provincia, que son los representantes de todos los defensor oficiales de cada jurisdicción, reclaman que libere bajo un “indulto” a las personas “condenadas por sentencia firme con fecha de agotamiento de pena durante el año en curso. Y a las personas condenadas por sentencia firme a penas que no excedan de los cinco años de prisión y que durante el año en curso hayan cumplido o cumplan el requisito temporal para acceder a la libertad condicional”.

Según la misiva, el pedido se funda en “la crisis humanitaria” dentro de los penales que empeoró a partir de la llegada del coronavirus. “La situación de hacinamiento en las prisiones y comisarías de la provincia, como es reconocido hoy por todos los operadores del sistema penal, ha alcanzado la dimensión de una verdadera crisis humanitaria”.

El domingo pasado, se confirmó el primer caso de coronvirus dentro de un penal. Fue en Unidad N°42 de Florencio Varela. El detenido, Julián Arakaki, de 49 años, condenado a cadena perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo: asesinó a su propia hija de 8 años. El hecho ocurrió en la zona de Martínez. El hombre sufre una afección renal crónica que lo obliga a realizarse tratamientos de diálisis tres veces por semana. Las autoridades creen que el contagio ocurrió en un tratamiento en un hospital fuera de la cárcel, el Interzonal General de Agudos Presidente Perón, de Avellaneda, el mismo hospital donde el detenido se realizaba diálisis los días lunes, miércoles y viernes.

Semanas previas a la confirmación, tres penitenciarios habían sido diagnosticados positivos en unidades como la N°21 de Campana y la alcaldía número N°3 de Melchor Romero.

“El peligro para la vida e integridad física que el hacinamiento, por sus efectos, genera tanto para las PPL (personas privada de libertad) como para las personas que trabajan y/o ingresan a las cárceles por otros motivos -también harto conocido e innegable- se ve seriamente agravado y se extiende a toda la comunidad ante la propagación del COVID-19”, dijeron.

De este modo, el grupo de Defensores alertó que “el tiempo se agota”: "El registro del contagio de una PPL y de cinco trabajadores penitenciarios indica que el tiempo para disponer medidas en forma racional y ordenada”, expresan.

“Es necesaria, amén de las medidas ya adoptadas respecto de las PPL con factores de riesgo especial, una urgente reducción de la población carcelaria a fin de garantizar la salud y vida de las personas que deban continuar privadas de libertad, de los trabajadores penitenciarios, sus familias y de la comunidad toda. Se vaticina que el contagio de una importante proporción de la población, demorada gracias a los esfuerzos de toda la sociedad, llegará indefectiblemente y sería de un optimismo ingenuo y muy peligroso pensar que ello no ocurrirá también dentro de las cárceles. Cuando suceda, el hacinamiento aumentará los índices de contagio -esperables en el medio libre- en el interior de las prisiones. Ello contribuirá al colapso de los sistema de salud, pondrá en grave riesgo al personal de traslado y custodia, a sus familias y a la comunidad”, explican los Defensores alertando al Gobernador de un posible escenario a futuro cercano.

Según los Defensores: "la conmutación solicitada abarca -con las excepciones que puedan establecerse-, para el primer grupo, a PPL que en poco tiempo indefectiblemente recuperarían su libertad”. Y sobre el segundo grupo, aclaran: “El segundo grupo involucra casos que en general y en función de la pena concreta, corresponden a hechos que no son de los de mayor gravedad y respecto de los cuales ya se ha cumplido gran parte de la condena bajo condiciones de hacinamiento”.

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