Un tribunal federal rechazó la excarcelación o la morigeración de la detención al empresario Enrique Blaksley Señorans. Por, el contrario, le prorrogó por un año más la prisión preventiva en el marco de la causa en la que se lo investiga por haber engañado a 300 ahorristas, en la mayor estafa de la historia del país.
La decisión fue adoptada de modo unipersonal por el juez del Tribunal Oral en lo Federal 4, Néstor Costabel, quien sostuvo que “al día de la fecha no se han modificado las circunstancias que motivaran el rechazo del pedido de excarcelación y el de cese o morigeración de la prisión preventiva impetrados anteriormente por la defensa” de Blaksley.
En el fallo, el magistrado sostuvo además que la evocación de la emergencia sanitaria desatada por el avance del Covid-19 no es por sí sola un argumento suficiente para solicitar la excarcelación del imputado quien, además, no forma parte del “grupo de riesgo” ante la pandemia elaborado por el Servicio Penitenciario Federal.
La solicitud de excarcelación o morigeración había sido rechazada además por el fiscal Abel Córdoba y por los representantes de las querellas que intervienen en el caso, que ya se encuentra en instancia de juicio oral y público.
“Con relación a lo manifestado por la defensa respecto a la situación de emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo Nacional ante el avance del COVID-19 corresponde resaltar que la mera alegación de la pandemia no constituye motivo suficiente para hacer lugar al cese o a la morigeración de la prisión preventiva”, señaló el juez.
Blaksley fue investigado en primera instancia por la jueza María Romilda Servini, quien lo procesó por los delitos de “asociación ilícita, estafas reiteradas en al menos 318 oportunidades, lavado de activos de origen ilícito y captación de ahorros no autorizada, agravada por haber sido cometido mediante oferta pública”.
Para la jueza, Blaksley creó estructuras empresariales complejas que le permitieron defraudar tanto a privados como al fisco y con las sumas de dinero que le fueron confiadas “amplió aún más esa estructura, mediante la inversión en diferentes emprendimientos y la creación de nuevas sociedades, muchas de las cuales eran y son sólo cáscaras, es decir, sociedades con nombre y capital social, pero sin funcionamiento alguno".
De acuerdo a la investigación judicial, en un principio el titular de Hope Funds cumplió con el compromiso asumido en los contratos y de esa manera se ganó la confianza de sus clientes, quienes a su vez promocionaban a la empresa, sin saber lo que en verdad ocurría en ella, y le acercaba nuevos interesados.
Así, se firmaban los mutuos en pesos y dólares, según adonde se dirigía la inversión, y se arreglaba un porcentaje de rédito, el cual debiera haber guardado relación con el destino del dinero, pero que muchas veces no lo hacía.
La asociación ilícita, que operó entre 2007 y 2016, estaría constituida por unas 15 personas, las cuales desde su rol aportaron para que se produzca el desfalco, y también por alrededor de 60 sociedades comerciales, muchas de ellas constituidas en distintos países como Estados Unidos y Panamá.
Otro de los productos ofrecidos eran participaciones o construcciones futuras en emprendimientos urbanísticos como departamentos en Nordelta y el barrio privado Verazul de Pilar, que nunca se pudo construir.
Para lograr sus fines, Blaksley se mostraba como un hombre de negocios exitoso, accedió a encuentros con los Papas Francisco y Benedicto XVI y organizó eventos deportivos, como los partidos de tenis entre Roger Federer y Juan Martín del Potro y la visita del velocista Usain Bolt para correr contra el Metrobús.
Blaksley, quien está preso desde el 10 de abril de 2018, será sometido a juicio junto a otros 16 imputados, entre ellos varios de sus familiares directos.
De acuerdo a la elevación a juicio, también serán juzgados el gerente administrativo de Hope Funds, Federico Dolinkué; el encargado de formar las sociedades en el exterior, Alejandro Miguel Carozzino; y la gerente comercial, su cuñada Verónica Vega.
También quedaron en la misma situación Francisco, María Rita y Juan Pablo Blaksley, hermanos de Enrique, a quienes la jueza Servini les atribuyó los mismos delitos y los consideró miembros de la asociación ilícita, la igual que a la mayoría de los 16 imputados.
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