Rechazaron un pedido de los presos de la cárcel de Ezeiza para usar celulares mientras dure la emergencia

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena rechazó un pedido de los presos de la cárcel federal de Ezeiza para usar teléfonos celulares mientras dure la emergencia sanitaria, para mantenerse en contacto con sus familias ante la suspensión de las visitas para evitar la propagación y que el coronavirus llegue a los penales.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el magistrado no aceptó el pedido porque hay normativas que prohíben el uso de celulares en las cárceles y porque el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y el Ministerio de Justicia de la Nación tomaron medidas para que los internos mantengan el contacto con sus familias en esta situación excepcional.

La decisión es distinta a la que se tomó en otros casos. La justicia de la provincia de Buenos Aires habilitó a que todos los presos de las cárceles bonaerenses -unos 44 mil- puedan usar celulares. Lo mismo ocurrió en Mendoza, Entre Ríos y Chubut. Allí, las autoridades penitenciarias avalan su utilización y los jueces destacaron que es una medida que sirve para bajar las tensiones que se viven en una cárcel.

Primero cinco presos del pabellón “F” del Módulo 2 de Ezeiza y después los internos de siete pabellones del módulo 3 presentaron un habeas corpus para que les permitan usar celulares. Explicaron que es una medida para paliar la suspensión de las visitas. También que los teléfonos públicos que hay en los pabellones son pocos y no funcionan y que se les dificulta conseguir tarjetas para usarlos.

La cárcel de Ezeiza es de máxima seguridad y una de las más grandes del país. Aloja a 2.400 presos y tiene una sobrepoblación de 20 por ciento de su capacidad, según datos oficiales del SPF. Allí está detenido el empresario Lázaro Báez. El juez Villena, ante la posibilidad de recibir pedidos de otros internos de esa cárcel, amplió su decisión a toda la unidad.

Antes de resolver, convocó a las partes a que den su opinión. Los abogados del SPF y de la cárcel de Ezeiza se opusieron al pedido. Señalaron que se tomaron medidas para que los presos sigan en contacto con sus familias en esta situación de emergencia. El Ministerio de Justicia de la Nación, de quién depende el SPF, repartió gratuitamente 14 mil tarjetas de teléfonos entre los detenidos de todo el país que están bajo su órbita y que iban a volver a hacerlo. También que se aprobó el “Protocolo de vinculación familiar y social a través del sistema de videollamadas" en todas las cárceles. En cada unidad habrá salas con computadoras para que los internos tengan contacto con sus familias.

La aplicación de ese protocolo por parte del gobierno nacional implica que desde el SPF no avalaran el uso de celulares en ninguna de las 35 cárceles federales que hay en todo el país.

Los abogados penitenciarios agregaron que hay cuestiones de seguridad a tener en cuenta. Una es que los celulares están prohibidos en las cárceles ya que pueden ser utilizados para cometer delitos y que, a diferencia de lo que ocurre con los teléfonos públicos de los pabellones cuando se hace una llamada, desde los móviles no hay una advertencia que la comunicación es desde un penal.

Por su parte, desde la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación avalaron el reclamo de los internos. El cotitular de la Comisión, Agustín Carrique, señaló que la actual situación de aislamiento social sin visitas en las cárceles agravan la situación de los internos de tener contacto con sus familias, lo que es un derecho que no puede limitarse.

Sobre la seguridad, la Comisión que opinó se pueden evitar delitos si se establece un protocolo donde se registren los teléfonos y se fijen horarios y lugares para usarlo, que fue lo que se hizo en la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, la fiscal Cecilia Incardona y el titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación, Andrés Heim, pidieron que cualquiera sea la resolución que se tome se respeten las garantías de que los presos tengan contacto con sus familias.

El juez Villena señaló que la ley prohíbe el uso de celulares en las cárceles y que las medidas que tomó el Ministerio de Justicia -la compra de tarjetas telefónicas y la aplicación de videollamadas- alcanzan para garantizar el derecho de comunicación de los internos con sus familias.

“La pandemia que afrontamos y las medidas dictadas en consecuencia, nos han sorprendido de manera tan inminente que nos obliga a adaptarnos con la misma rapidez y en ese sentido, considero que la solución adoptada por el Ministerio de Justicia resulta oportuna y razonable para hacer frente a esta delicada situación en un contexto de respeto por los derechos enunciados, como así también por la legislación y reglamentos vigentes”, sostuvo Villena.

El magistrado sí le pidió al Ministerio de Justicia que en 48 horas ponga en funcionamiento el protocolo de videollamadas. “Considero que las virtudes de la solución acogida sólo serán tales si se implementan con la premura que la situación requiere”, explicó.

Otra solución en la provincia de Buenos Aires

Los presos bonaerenses pueden usar celulares. El aval fue llegando por pedidos de defensores oficiales para distintas cárceles. Pero después fue la Cámara de Casación Penal de la Provincia que lo hizo extensivo a los 57 penales de la jurisdicción.

“A efectos de evitar someter a las personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires a una situación de ostracismo que en el marco de la actual pandemia importa un sufrimiento incompatible con el trato humanitario reclamado por la normativa constitucional, es mi opinión que resulta prudente autorizar el uso de telefonía celular a los fines del mantenimiento de los vínculos familiares de los internos”, sostuvo el juez de Casación Víctor Violini.

El magistrado hizo referencia a la posibilidad que se cometan delitos desde los celulares. Sostuvo que no es la única forma que tiene los presos de hacerlo desde un penal, en el caso que así lo quisieran, y que es función del estado evitarlo sin violar derechos, en este caso el de la relación con la familia en esta situación extraordinaria. “Debemos extremar nuestro sentido de humanidad para, al menos, intentar no ser parte de ese universo descripto por Albert Camus, según el cual ´lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas, y ese espectáculo suele ser horroroso´”, sostuvo el juez.

En la Provincia, el uso de celulares contó con el aval del Servicio Penitenciario. El inspector mayor Carlos Suárez, a cargo del complejo penitenciario de San Martín, sostuvo que en la actualidad la medida “contribuiría a bajar la ansiedad de parte de la población y que sientan así la proximidad de sus familiares” y dijo que se está ante una situación “límite”. El Ministerio de Justicia de la Provincia ya estableció el protocolo con las normas para el uso de celulares.

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