El Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires autorizó este martes el uso de teléfonos celulares a los detenidos en las comisarías bonaerenses para que se comuniquen con sus familiares durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el coronavirus.
El vocero detalló que la resolución la adoptó el vicepresidente del Tribunal, Víctor Violini, el mismo que había habilitado la utilización de celulares a los presos alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La decisión de Violini surgió a partir de un pedido del Defensor del Tribunal, Mario Coriolano, quien solicitó la autorización para que se extienda ahora ese reclamo a los detenidos en comisarías de la provincia de Buenos Aires.
El magistrado resolvió “autorizar el uso de telefonía celular por parte de las personas detenidas en comisarías y dependencias del Ministerio de Seguridad de la provincia, durante el período que subsista la situación de pandemia y la vigencia del aislamiento”.
Además, dispuso que el Ministerio de Seguridad provincial instrumente “un protocolo normativo para la implementación” de los celulares, “de modo que asegure la comunicación de los internos con sus familiares, sin acceso a las redes sociales”.
El protocolo de uso de celulares en comisarías es diferente al de las cárceles, ya que se dispuso que los teléfonos que utilicen los detenidos “los tendrá el comisario o un oficial que designe cada dependencia”. “Ese funcionario los reparte en un horario determinado para que hablen y por un tiempo determinado, y luego pasan por la celda y los retiran”, se explicó.
Precisó que “esa es la diferencia con los que están alojados en cárceles en los que el protocolo del Servicio Penitenciario permite que los registren y se los entreguen a los presos”.
Además en las cárceles, “los equipos son llevados por los familiares de los detenidos y registrados a nombre del interno que lo requirió, siendo responsable de las comunicaciones realizadas”.
Según fuentes judiciales, en las comisarías de la provincia de Buenos Aires se encuentran alojados más de 4.000 detenidos.
Cabe destacar que en el caso del Servicio Penitenciario se habilitó además el uso de videoconferencias en 15 unidades entre detenidos y familiares que por la distancia o problemas de salud hace mucho tiempo que no tienen contacto.
En los 57 penales federales de la provincia de Buenos Aires, los 11 de Mendoza y el único que hay en Chubut, donde la medida se extendió a las dos alcaidías que tiene, se permitió el uso del teléfono y entre los argumentos judiciales que se aplicaron están la de suplir la suspensión de las visitas con un método que permite mantener el contacto y que a su vez ayuda a que haya un mejor clima y bajar las tensiones en las unidades. Los jueces explicaron que es un derecho de los internos tener relación con sus familias.
En este sentido, los presos de todo el país decidieron suspender las visitas de sus familiares ante la emergencia sanitaria para evitar una propagación del virus y quedaron postergadas todas las actividades educativas y deportivas.
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