
Si nada pasa en el medio, el Tribunal Oral en lo Criminal N°12 se dará por satisfecho el 19 de diciembre de 2031 a la medianoche, cuando el futbolista Jonathan Fabbro cumpla los 14 años a los que fue sentenciado en septiembre del año pasado por violar a su propia ahijada en al menos cinco hechos de abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores, agravado por ser el guardián a cargo de la niña.
Los fundamentos de la pena del Tribunal integrado por los jueces Luis Márquez, Darío Medina y Claudia Moscato incluyen cosas de una barbarie evidente. Hay un párrafo que describe el daño final, la ruina de la mente y la vida de una menor. “Justamente es Fabbro quien se impuso sexualmente a su ahijada, que –hasta entonces- no había experimentado ni poseía intereses sexuales, provocando así de manera ilegítima la aparición traumática y pervertida de la expresión de la sexualidad. Lo que tradicionalmente se identificaba como ‘precoz’ y hoy es visto como una iniciación ilegítima, sin otro componente que la búsqueda de parte del sujeto activo de satisfacer su deseo sexual aún a costa de la afectación del libre desarrollo de la personalidad del niño”, coincidieron los jueces en el texto al que accedió a Infobae.
Fabbro no la hizo precisamente fácil: tuvo que ser capturado por Interpol en México -el último país donde jugó, en el equipo Lobos BUAP de Puebla- luego de meses de no entregarse, mientras su familia desacreditaba la denuncia de su víctima, que tuvo que pedir un bozal legal contra la madre y la hermana del jugador. La víctima no mentía, aseguraron dos psicólogos del Cuerpo Médico Forense que evaluaron su declaración en cámara Gesell. No solo afirmaron que no había elementos de fabulación: aseguraron además presentaba el daño compatible con un abuso sexual.

Así, el ex River y Boca fue condenado, en un proceso donde su novia, Larissa Riquelme, se presentó para apoyarlo en la sala. Fue enviado a Marcos Paz, al pabellón de abusadores.
Luego, llegó la era del coronavirus.
Así como muchos otros detenidos a lo largo del país que preveían una catástrofe ante la hipotética entrada del virus a un sistema de cárceles nacional con la mayor sobrepoblación de su historia y en condiciones sanitarias deficientes, su defensa pidió la prisión domiciliaria. El Servicio Penitenciario Federal había remitido a varios juzgados una lista de 1.200 presos en situación de riesgo por su edad o por sus diagnósticos, la Justicia recibió pedidos de presos con obesidad, hipertensión, enfermedades respiratorias. A muchos los denegó sistemáticamente. Varios tribunales argumentaron que las previsiones del SPF serían suficientes.
La defensa de Fabbro no argumentó problemas especiales. Simplemente, que el virus estaba en el aire, que había riesgo. No citó problemas médicos como hicieron otros detenidos. Hasta hoy, no existe ningún caso confirmado de COVID-19 en la cárcel de Marcos Paz o en todos los penales del país. La fiscalía general del tribunal se negó, con el doctor Gustavo Gerlero. El abogado Gastón Marano, que llevó adelante la querella de la víctima, se negó también con un extenso escrito.
Hoy por la mañana, con un documento de 10 páginas, el TOC N°12 le negó a Fabbro la prisión domiciliaria. Aseguró que el Servicio Penitenciario Federal “ha diseñado protocolos e impartido las correspondientes directivas, dando a conocer las características de la enfermedad, definición de caso y recomendaciones generales para evitar la transmisión viral, que a la luz de los aspectos dinámicos propios de la situación epidemiológica, fueron ampliadas y actualizadas según recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación”.
Además, argumentó el Tribunal, “al presentar la pretensión, la defensa no sostuvo que la situación de su pupilo encuadra en alguna de las causales de procedencia para la prisión domiciliaria”. Es decir, nada especial que lo amerite. Recordaron, también, que Fabbro no forma parte de la nómina de riesgo del SPF.

Por otra parte, no es la primera vez que Fabbro intenta lograr salir de la cárcel con un arresto domiciliario a pesar de su acusación o su condena. Ya lo había intentado en febrero de 2019, ya preso en Marcos Paz, meses antes de su condena. ¿El principal motivo? La defensa “recordó que su asistido es un deportista de alto rendimiento, que su cuerpo es la fuente de su trabajo y que, de permanecer en el C.P.F. II de Marcos Paz, no podría realizar tareas acordes a sus exigencias y ello coarta, de esa forma, las posibilidades -en un futuro- de volver a trabajar como futbolista en ligas profesionales”, aseguró un documento del TOC N°12.
El pedido, con argumentos más débiles que una pandemia a las puertas de la cárcel, tampoco prosperó.
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