El juzgado a cargo de los casos de violación de la cuarentena estableció un protocolo para actuar en la emergencia: hubo más de 8.500 imputados

El juzgado federal 9 que encabeza Luis Rodríguez estaba de turno cuando comenzó a regir la cuarentena obligatoria por el coronavirus. Y desde aquel día, todo cambió para los que trabajan en esas oficinas, que quedan en el cuarto piso del edificio judicial de Comodoro Py 2002.

En realidad, la situación había cambiado antes, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación había decidido reducir al mínimo la dotación de empleados para evitar el contagio del coronavirus. Con poca gente en el juzgado comenzó a regir la cuarentena obligatoria y, por ende, comenzaron las violaciones a la esa disposición en la Capital Federal.

Las fuerzas de seguridad federales (Policía, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval) y la Policía de la Ciudad consultaban al juzgado cada vez que encontraban a alguien caminando por las calles de la ciudad o que recibían alguna denuncia de un viajero proveniente de países de riesgo que no había cumplido con el aislamiento obligatorio.

Los dos secretarios del juzgado tuvieron a su cargo la tarea de recibir todas y cada de las consultas que les hicieron las fuerzas de seguridad ante cada situación en la que encontraban a alguien violando la cuarentena obligatoria.

Hubo días en que los secretarios tuvieron 900 llamadas perdidas, porque mientras atendían una consulta se sucedían otras sin cesar. Los casos fueron muchos durante el fin de semana largo por el feriado del 24 de marzo. Por ejemplo, en aquellos días-cuando comenzó la vigencia de la cuarentena- sucedió el caso del pasajero de Buquebus que volvía de Uruguay. A partir del comienzo de la cuarentena, las consultas se multiplicaron.

Ni Rodríguez ni los secretarios Juan Grangeat, Francisco Crocioni, Mariana Ércoli, Gustavo Ramírez, Pablo Febre, Ramiro Velazco y Ariel Anzorena, todos con experiencia en el fuero penal, se habían encontrado con una situación similar. Durante un turno normal, antes de la pandemia, los secretarios anotan en un libro cada una de las consultas policiales que reciben. Es para dejar asentado por qué hecho les hicieron la consulta y poder contrastar esa información inicial de un hecho con el sumario policial que llegará después.

Pero eran tantas las llamadas que no hubo modo de anotarlas con la tranquilidad y con el detalle que lo hacían antes. Entonces decidieron que los policías mandaran fotos de los sumarios por WhatsApp. Pero las fotos eran pequeñas e ilegibles. Ahí determinaron que todos los sumarios se enviaran a una casilla de mail. Sólo entre el 24 y el 28 de marzo, recibieron 7600 actuaciones sobre gente que había violado la cuarentena.

Antes del coronavirus, las diferentes fuerzas de seguridad llevaban hasta los tribunales cada uno de los sumarios. Rodríguez dispuso que todo quede resguardado de manera digital hasta que pase la pandemia por varias razones: la principal es la de evitar la circulación de personas por el riesgo de contagio, otra es la falta de espacio para acumular tamaña cantidad de papeles. Los empleados que se quedaron a trabajar a distancia fueron ordenando los sumarios y haciendo las averiguaciones correspondientes en cada caso. Consultaban a Migraciones para saber si la persona hallada en la calle o denunciada había estado fuera del país, registraban los contagiados, los que se sospechaba que por cercanía podían estarlo, los detenidos y los autos secuestrados.

Fue ante tamaña cantidad de llamadas que el juez diseñó junto a sus secretarios un protocolo de actuación para recibir las consultas y evitar que se comunicaran con el juzgado por cada persona que estaba caminando por las calles porteñas. Algo que sucedió los primeros días.

Se estableció una escala de violaciones a la cuarentena de manera tal que la Policía no tenía que transformar en sumario todos y cada uno de los casos.

Lo más simple era cuando los agentes encontraban a alguien rompiendo la cuarentena y ante la advertencia volvían a sus hogares sin ningún inconveniente. Esto se daba en general con gente que estaba muy cerca de sus domicilios. Se los registraba y se les avisaba que a la segunda ocasión iban a ser detenidos. Hubo muchos casos de fumadores que salían a la puerta de sus casas a fumar. O paseadores de perros por fuera de los cien metros de sus domicilios.

El segundo grupo lo formaron los que estaban lejos de sus domicilios. Gente que vive en Berazategui y fue detenida en Once. No tenían explicación alguna para ello y entonces se los notificó del deber de cumplir la cuarentena y, de ser posible, se los hacía llegar a sus domicilios. Si estaban en auto, se les secuestraba el vehículo.

Los datos de los infractores son ingresados al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), que está manejado por el ministerio de Seguridad de la Nación. Allí figura si pesa sobre una persona un pedido de captura o detención, una prohibición de salida del país o una medida restrictiva; o si es alguien que está extraviado o tiene una solicitud de paradero por comparendo, entre otros pedidos. Es una base de datos con las medidas judiciales dictadas en todo el país, que puede ser consultada on line por los agentes que están en la calle. Ahora se sumaron allí los que no acatan el aislamiento.

El tercer grupo se formó con los que resistieron a las órdenes de los policías. Hubo ciudadanos que ante los agentes se ponían a gritar e incluso se han peleado porque se les hacía saber de la prohibición de circular. En ese caso fueron detenidos. En ese grupo se incluyó a los que violaron por segunda vez la cuarentena y que no tuvieran síntomas de coronavirus. Se los llevaba a la comisaría y, si no tenían antecedentes, se iban a cumplir la cuarentena a su casa. A este grupo también se le secuestró los vehículos en los que se movieron.

El cuarto grupo incluyó a los que regresaron de países considerados de riesgo para diseminar el virus y que fueron encontrados en la calle violando la cuarentena. Migraciones emitió alertas de todas las personas que volvieron al país de lugares de riesgo y esos datos están también a disposición de los agentes policiales. A esas personas se les labró un acta, en la que se les impuso la cuarentena obligatoria en sus domicilios y una vigilancia rotativa. Un sistema creado ad hoc para esta situación extraordinaria, que prevé el control de la cuarentena mediante llamados aleatorios al teléfono de línea de la persona que fue detenida. Porque sería imposible poner un agente policial a vigilar que se cumpla la cuarentena obligatoria para los viajeros. La policía envía un patrullero para tocar el timbre y corroborar que el que debe cumplir la cuarentena lo haga. A veces, les piden a los encargados de edificios que realicen la tarea de ir a tocar el timbre.

El último grupo estuvo destinado a los que podían llegar a estar infectados por coronavirus -porque tenían los síntomas- y eran encontrados en la calle. En ese caso, el juzgado de Rodríguez determinó que los policías debían avisar a las autoridades sanitarias para que la persona fuera trasladada en ambulancia a su casa. No debía involucrarse el personal policial en el traslado. Se les notificó de la obligación de cumplir con la cuarentena y se estableció un sistema de vigilancia rotativa.

Una situación diferente se vivió en los primeros días de la emergencia con la gente que duerme en la calle. Porque estaban violando la cuarentena, pero no tienen dónde ir. El juez decidió que en esos casos se le diera aviso a la Ciudad de Buenos Aires para que los atendiera.

Mediante el protocolo creado en medio de la emergencia -que fue distribuido a las fuerzas con rapidez por autoridades nacionales y porteñas-, Rodríguez logró ordenar el sistema de consultas que desbordó los primeros días a la secretaría 17 y luego a la 18 del juzgado. Tal fue el desborde que, a raíz de esa situación y por acuerdo entre jueces y camaristas, desde hoy en adelante el turno de un juzgado con las fuerzas de seguridad durará una semana.

Las primeras dos semanas estuvo de turno Rodríguez, junto a la fiscal Alejandra Mángano. Desde hoy y por una semana estará de turno el juez Julián Ercolini, junto al fiscal Gerardo Pollicita. El protocolo creado en medio de la pandemia por el juzgado de Rodríguez comenzó a circular por los despachos de otros jueces porque les pareció útil.

Según fuentes judiciales hubo en estas dos semanas algo más de 8500 imputaciones a los artículos 205 y 239 del Código Penal, que reprimen a los que violan la cuarentena y se resisten a la autoridad. De ellos 150 fueron detenidos. La Ciudad tuvo que habilitar un lugar de detención en la Escuela de la Policía porteña, porque la primera alcaidía destinada a esas detenciones se completó. También se secuestraron 47 autos.

Detrás de la letra del protocolo para resolver las consultas quedan las historias de los cientos que violaron la cuarentena sólo en la Capital. Desde el pasajero del Buquebus hasta el ex diputado nacional por Tucumán que volvió desde España y no se aisló. Pasando por la mujer que huyó de la clínica a la que había ido a visitar a su hija -infectada de coronavirus-, mientras esperaba el resultado de sus estudios.

Hubo quienes salieron a pasear sus perros a plazas alejadas de sus casas. O un fumador que fue advertido porque le explicaron que no podía fumar en la vereda. Discutió con los policías y a la discusión se sumaron su mujer y su hijo. Todos fueron detenidos. O ese grupo de extranjeros que exhibió un certificado de circulación en el que decían ser empleados de una empresa de limpieza, pero eran delincuentes con antecedentes. O el taxista al que se le quedó al auto y mientras intentaba repararlo un hombre le robó el celular. Otro que andaba por ahí lo corrió y lo alcanzó. Obviamente, el que corrió al ladrón también estaba violando la cuarentena.

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