Las miserias humanas se exponen sin piedad en situaciones graves como la que se vive por la pandemia de coronavirus. Y muchas de ellas se reflejan en los expedientes de los casos judiciales, donde se registra el modo en que se cometen los delitos. Algunos de los que pasarían, tal vez, inadvertidos en una situación normal, quedan al descubierto de modo fortuito producto de la emergencia que atraviesa la Argentina.
La Policía de la Ciudad tiene la misión de imponer la autoridad para que se cumpla la cuarentena obligatoria, el confinamiento en los hogares para poder detener la inevitable propagación del virus, que como se ha visto en países como China, España o Italia produce una enorme cantidad de muertes.
Las infracciones a lo dispuesto por la medida de cuarentena son delito. Así se estableció mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández en el que se determinó la cuarentena obligatoria. Quien no cumple con el aislamiento obligatorio será penado por la ley porque ayudará a propagar el virus. En esos casos se aplicarán en principio dos artículos del Código Penal. El primero es el artículo 205 que establece: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Y el segundo es el 239 que señala que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
Para evitar la propagación del virus, la Policía de la Ciudad controla el territorio porteño y tiene la facultad de ordenar que la gente que circula por la calle sin motivo justificado vuelva a sus domicilios.
El sábado por la noche, cuando regía la obligación de aislamiento, agentes de la Policía de la Ciudad hallaron a un hombre mayor con un niño caminando por la zona del barrio de Palermo conocida como Las Cañitas. Notaron un trato violento del hombre hacia al chico. Tiraba de su brazo al tiempo que caminaban.
En cercanías del Hospital Militar, en la esquina de Benjamín Matienzo y Arce, los policías pidieron explicaciones para saber por qué no estaba cumpliendo la cuarentena y por qué zamarreaba de esa manera al chico. Obviamente las preguntas de los policías de la Comisaría Vecinal 14B fueron dirigidas al hombre de 54 años quien mostró muchas dudas al responder. Los policías notaron algo extraño en el modo de actuar del padre, y decidieron entonces hablar con el niño.
Fue entonces que un simple interrogatorio para determinar por qué no estaban cumpliendo el aislamiento se transformó en un caso de abuso de menores. El chico, de siete años, les dijo de manera espontánea a los policías que unos instantes antes de la detención su padre había estado tocándole sus partes íntimas.
El padre, según el relato del hijo, había abusado de él en plena calle y por la noche. Los policías primero llamaron al Juzgado Federal 9, que está de turno y recibe todas las consultas sobre cómo actuar en los casos de ciudadanos que violan la cuarentena obligatoria. Pero el caso quedó radicado por el delito de abuso sexual simple en el Juzgado de Instrucción 62 a cargo de Patricia Guichandut, quien es subrogada durante los tiempos de pandemia por Luis Schelgel.
En medio de la pandemia, los policías que estaban en la calle destinados a evitar que la gente circule por la Ciudad como si nada sucediera, se encontraron con una situación de abuso y, además de detener al padre abusador, derivaron al menor al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad.
El abusador detenido –cuya identidad no se revela para preservar la de su hijo– es argentino y tiene domicilio en Belgrano, cerca de donde lo detuvieron.
Un delito aberrante, descubierto casi por casualidad, por policías que estaban trabajando para impedir que se expanda la pandemia.
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