La Policía de Santiago del Estero detuvo en diferentes controles a dos personas que no habrían acatado la orden de las autoridades sanitarias de ponerse en cuarentena durante 14 días, tras haber regresado de las zonas consideradas de riesgo por el avance del coronavirus. Este incumplimiento está penado por la ley en la Argentina, ya que constituye un delito contra la salud pública.
El primer caso es el de un hombre de 66 años, oriundo de la localidad bonaerense de Juan Bautista Alberdi, quien retornó de España el 2 de marzo pasado, en un vuelo de Air Europa que aterrizó a las 8:55 en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
Según trascendió, el sujeto fue localizado recién este viernes cuando caminaba por las calles de la capital santiagueña y quedó inmediatamente detenido, mientras los servicios médicos lo atendían para confirmar si está contagiado del COVID-19.
Por otra parte, los efectivos de esta provincia pudieron dar también con otro posible infectado: se trata de un ciudadano chaqueño que, al momento de someterse a un control de tránsito, reconoció haber estado recientemente en uno de los países que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como zonas de riesgo.
Además, el sospechoso aseguró que presentaba también algunos de los síntomas compatibles con la enfermedad, los cuales incluyen fiebre, tos seca y dificultades para respirar, por lo que también fue puesto a disposición de las autoridades locales.
El jueves pasado, el Gobierno decretó que el incumplimiento de las medidas de seguridad “para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, como lo es el coronavirus, representa un delito contra la salud pública. Así lo establece el artículo 205 del Código Penal, que prevé una pena de seis meses a dos años de prisión.
"La cuarentena no la podemos hacer voluntaria, tiene que ser obligatoria. Toda persona que venga de lugar de riesgo tiene que llegar y encerrarse 14 días. Si la quiebra, va a ser denunciada por incurrir en un delito de salud pública que es propagar una infección en la comunidad”, había explicado el presidente Alberto Fernández en cadena nacional.
En ese sentido, el mandatario firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que estableció que esta era una de las medidas obligatorias que debían seguir aquellas personas que hayan regresado a la Argentina provenientes de: Estados miembros de la Unión Europea, miembros del Espacio Schengen, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, República de Corea, Estado del Japón, República Popular China y República Islámica de Irán.
Esta decisión también se basa en el artículo 239 del citado Código Penal, el cual detalla: “Será reprimido con prisión de quince días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal".
En las últimas horas, se sumaron tres nuevos casos de coronavirus en la Argentina y el total de infectados ascendió a 34, mientras que este viernes se produjo la segunda muerte por la enfermedad en el territorio nacional.
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