Miles de santafesinos protestaron por la inseguridad y el gobernador avaló el reclamo: “Me parece bien que la gente se movilice”

Una potente protesta para reclamar seguridad en la ciudad de Santa Fe sumó otro registro de la temperatura social que vive esta ciudad y la provincia en general. Ocurrió el jueves a la noche y, a diferencia de otras oportunidades, se trató de una manifestación extendida a lo largo de toda la ciudad y en formato cacerolazo, motorizada por la Red de Vecinales por la Seguridad.

Miles de personas se manifestaron en unos 20 puntos de encuentro que cada vecinal fijó para cada barrio o directamente en esquinas cerca de sus casas. Cacerolas y cánticos, acompañados de bocinazos de autos y colectivos, fueron la nota de la noche. Además, en cada barrio hicieron sonar entre las 20 y 20.30 las alarmas comunitarias.

La masividad de la protesta se vio potenciada por el uso de redes sociales y fundamentalmente los flyers que volaban a través de las listas de contactos de WhatsApp. Tuvieron mucho peso en la convocatoria las vecinales, que viralizaron la convocatoria en cada barrio y entre entidades intermedias, que a su vez hacían lo propio.

Original y masiva

“Somos 40 vecinales que trabajamos en conjunto por el tema de la seguridad pública, incluso hay dos vecinales que dependen de Rincón y Monte Vera, que son ciudades vecinas”, le contó a Infobae Susana Spizzamiglio, abogada y presidenta de la vecinal Fomento 9 de Julio.

Héctor Nieva, presidente de la vecinal Candioti Sur, explicó: “La movida surgió porque dos vecinales de la zona de barrio Guadalupe habían organizado una protesta para el jueves. Nosotros en asamblea propusimos sumarnos porque coincidimos en que ya no hay más lugar para cartas a funcionarios ni reuniones, que ya todo se había dicho e invitamos al resto de la Red”.

La Red de Vecinales por la Seguridad no es un invento de estos días. Se conformó en abril de 2018 para enfrentar los problemas de seguridad de la ciudad, una de las más violentas del país medida en términos de tasa de homicidios dolosos.

Desde entonces los vecinalistas gestionaron con autoridades del gobierno anterior y el actual. “Con los anteriores algunas cosas logramos que funcionaran, con el nuevo todavía nada. Nos recibieron, nos atendieron muy bien, pero ni siquiera conocían las calles de la ciudad porque el funcionario era de Rosario”, sostuvo Spizzamiglio.

Su colega Nieva recordó: “Con la administración anterior tuvimos ocho reuniones y veíamos que la calle estaba en manos de los delincuentes. Ahora directamente está todo desbordado”.

La Red protagonizó otras marchas no menos importantes, como la del 19 de septiembre pasado por el crimen en ocasión de robo del comerciante Julio Cabal. O más acá, el 13 de febrero, por el crimen del operador de turismo Hugo Oldani, con la impronta de santafesinos autoconvocados y bajo el título de Santa Fe Sangra, emulando las multitudinarias movilizaciones que conmovieron a Rosario en septiembre de 2016 a partir del reclamo de seguridad y justicia de Familiares de Víctima de la Inseguridad.

Nieva asegura que no quieren una Policía que aplique la ley del garrote ni que se criminalice a determinados sectores sociales: "Hacen falta cambios de herramientas y estrategias”.

Spizzamiglio fue más allá. “Queremos una tarjeta de seguridad solidaria para que el Estado responda cuando nos roban en nuestras casas o en los comercios robados en varias oportunidades”.

La estrategia del gobierno provincial

El gobernador Omar Perotti protagonizó un hecho poco común al pronunciarse del lado de los manifestantes: “Me parece muy bien que la gente se movilice, porque hay hartazgo, son demasiados años sin respuesta, el control social es fundamental”.

De esa forma apuntó la responsabilidad a la gestión del Frente Progresista y calificó de “muy saludable” la movida. En tren de ganar tiempo, se escudó en un “deterioro de hace muchos años”, falta de policías en la calle, patrulleros parados por reparaciones y otros destinados a custodias por disposición judicial.

Esos argumentos fueron reiterados por altos funcionarios del gobierno provincial a la mañana siguiente del cacerolazo.

También el jefe de Policía Víctor Sarnaglia buscó establecer empatía con los vecinos: “La situación de inseguridad en el departamento La Capital no da para más”. En Aire Digital de Santa Fe afirmó: “La protesta a mí me ayuda. Eso necesitamos. No podemos esconder la basura bajo la alfombra. Espero que los que me tienen que dar más presupuesto escuchen”.

Este último mensaje tiene dos destinatarios posibles: la oposición que no habilita la ley de necesidad pública en los términos que quiere el gobierno, o el Ministerio de Economía con el que Seguridad tironea para que le autoricen partidas, incluso para gastos menores como la adquisición de comida para los perros policiales.

Desde la Red, Nieva advirtió que toman “con pinzas” esos dichos. “El presidente de la Corte Rafael Gutiérrez también dijo que si no fuera funcionario estaría en la manifestación. No tomamos bien ese tipo de declaraciones. Más que una adhesión necesitamos de las autoridades que cumplan sus funciones. Si no, todo queda en una palmadita en la espalda y una anécdota”.

Señales oficiales

El gobierno provincial dio otra señal horas antes de la movilización: descabezó la cúpula de Policía del departamento La Capital por “mucha disconformidad con la tarea realizada”. Es el tercer recambio de jefes de unidades regionales en 90 días de gestión.

El propio gobernador dijo que los vecinos “no inventan” cuando afirman que no hay presencia policial en la calle. Adjudicó el problema a la herencia recibida de la anterior gestión.

Y ahí se abrió otra polémica con la oposición. “Como no hubo transición entre el gobierno saliente y el entrante, ocurrió lo que avisamos que pasaría en un área tan compleja: no hubo planificación de vacaciones del personal, desarmaron el sistema de patrullaje, paralizaron la compra y adquisición de equipamiento para seguridad, y las reparaciones de los móviles volvieron a manos de la Policía, y ya sabemos cómo terminó eso”, sostienen.

Minutos antes del cacerolazo, el diputado peronista Oscar Martínez pareció marcar una futura hoja de ruta del gobierno provincial, o al menos de una parte del oficialismo, en materia política y normativa.

En materia política puso el acento en las responsabilidades del Poder Judicial. Más precisamente con los fiscales, en sintonía con el mensaje del presidente de la Corte Rafael Gutiérrez, quien al inaugurar días atrás el año judicial dijo que los reclamos que se le hacen a la Justicia son más responsabilidad de los fiscales que de los jueces.

En términos normativos, el diputado reclamó un Código Procesal Penal Juvenil (en debate desde 2015 sin acuerdo) y reformar el Ministerio Público de la Acusación (las fiscalías) por una supuesta falta de eficiencia en base a las propias estadísticas del MPA (cuyas autoridades las leen y valoran de una forma diametralmente opuesta). Su propuesta central: que el fiscal general y los fiscales regionales sean elegidos por voto popular.