Después de la polémica con Jimena Barón, la condena judicial a una referente del sindicato de trabajadoras sexuales

Esta semana, Jimena Barón promocionó su nueva música con un afiche callejero que simulaba ser una versión tamaño A4 de los volantitos que se usan para promocionar prostíbulos en el microcentro porteño. Era el mismo formato, una foto de una chica, una oferta y un teléfono. La foto, esta vez, era de Jimena, el teléfono era un celular de contacto en donde la cantante hablaba con una voz pregrabada. “Hola, soy Jimena y les quiero contar que se viene algo increíble. Estén atentos”, decía.

Así, comenzó un escándalo, con niveles más complicados que un hit para Spotify.

Hoy el teléfono de promoción ya no funciona, Jimena no habla más en la línea pregrabada. Barón se sorprendió ante el repudio desde diversos frentes: quienes sostienen la postura abolicionista ante la prostitución la señalaron por convertirlo en algo banal, mientras aseguraban que no existe prostitución sin trata, que no hay mujer sin fiolo o fiola, hablaron de una idea tonta y adolescente del feminismo. Quienes apoyan la regulación del trabajo sexual buscaron un término medio.

Entonces, la cantante buscó una referente, quizás para convalidar su postura. Contactó a Georgina Orellano, cabeza y secretaria general de AMMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, a quien había conocido en una Marcha del Orgullo LGBTQ

“Nos llamó porque necesitaba entender por qué se había generado tanta resistencia. Y le expliqué que el medio que utilizó ella (del cartel con el número de un celular) es el que utilizan muchas trabajadoras sexuales, pero que socialmente está vinculado a la trata de personas”, contó Orellano. “Muchas compañeras utilizan el método de los papelitos porque no tienen otros medios alternativos para hacerlo. Crecieron a partir de la prohibición por decreto de los avisos publicitarios de oferta sexual. Esta es la forma que tienen, pero está asociado a la trata de personas. A nosotras no nos pareció mal la campaña que hizo Jimena”, continuó.

El lunes por la tarde, Barón y Orellano tuvieron una reunión. Se sacaron una foto juntas. Orellano la compartió. “Las kobras que te cobran”, dijo la titular de AMMAR, en un guiño al principal hit de la cantante.

La Asociación de Meretrices tuvo una referente en Mar del Plata, María Azucena López Villagra, “Malu”: el discurso de la Asociación siempre la definió como una líder que encarnaba la idea del trabajo sexual como un hecho político, una militante. “Malu” encabezaba marchas. “Trabajo sexual no es igual a trata", decía una pancarta que llevaba.

Esta semana, luego de que Barón se mostrara junto a Orellano, una joven marplatense comenzó un hilo en Twitter. Lo que dijo fue grave. Aseguró que “Malu”, hoy de 49 años, había convertido a su madre en una víctima de trata sexual. Aseguró que existía una causa y una condena.

Esa causa, efectivamente, existió. Comenzó en 2014, investigada por la fiscal federal Laura Mazzaferri, que llevó adelante la acusación interna en la Procuración contra Julio Castro, el fiscal condenado por violar a su ex pareja. En diciembre de 2019, “Malu” fue condenada por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata luego de un proceso abreviado a una pena pactadade cuatro años de cárcel de cumplimiento efectivo, según confirmaron fuentes cercanas al proceso a Infobae.

El caso contra “Malu”, detenida en diciembre de 2017, cambió con el tiempo. La imputación original consistió en tres casos de “trata de personas con fines de explotación sexual bajo la modalidad de captación y acogimiento agravada por haberse consumado la explotación y haberse llevado mediante engaño y abuso de una situación de vulnerabilidad”, según documentos del expediente.

La condena final fue por un solo caso de explotación sexual. De tres de las víctimas, una de ellas se constituyó como querellante, la madre de la joven que se expresó en Twitter.

Una llamada a la línea 145 para denuncias por trata de personas fue lo que comenzó el expediente bajo la firma del juez Santiago Inchausti. Una fuente cercana al expediente asegura: “Las víctimas eran mujeres muy vulnerables. Intervino el Programa de Protección de Víctimas. Hubo reserva de identidad de las víctimas por miedo a aprietes y persecuciones. Se utilizaba el discurso de la cooperativa y el rechazo de la explotación precisamente para captar mujeres y explotarlas”.

Un prostíbulo en la esquina de la calle Guido y Bolívar. Un artículo del diario La Capital de Mar del Plata de 2018 cita al procesamiento a López Villagra, el juez Inchausti había establecido que regenteaba el lugar, que administraba los ingresos y aplicaba sanciones a sus víctimas si faltaban. La querella hizo planteos fuertes. Sostuvo, según un documento de la causa previo a la condena, que “de las tareas de inteligencia y pruebas producidas surgirían conductas que hacen a la figura típica de trata de personas”, que luego fue desistida, “en concreto, un escrito control de los horarios y movimientos de las presuntas víctimas, un ‘celoso control’ del sistema de recaudación del producto de la explotación sexual y un desmedido porcentaje de retención de dicha recaudación”.

Una abogada y activista a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales asegura: “El abreviado se firmó por el delito de facilitación de la prostitución. No se puede tener una postura binaria. Es una caso de una trabajadora sexual que tenía una forma de organización en la que participaba con otras personas. Eso fue capturado por el sistema judicial como un caso de trata. Esta persona que estuvo imputada estaba en una situación de vulnerabilidad muy extrema, como la persona identificada como víctima que la denunció. La forma en que las leyes de trata vienen siendo interpretadas y trabajadas no permiten nunca una perspectiva que involucre autonomía de las trabajadoras, es criminalizada. La que da algún tipo de aporte es siempre proxeneta. La perspectiva determina esta mirada del Poder Judicial”.

“Malu aceptó un abreviado que es una situación de coerción, estuvo en prisión domiciliaria un montón de tiempo con un montón de problemas de salud y con hijos menores a cargo, sin poder generar ingresos. No podía trabajar. Para ella, con una situación de debilidad psicológica muy fuerte, enfrentar el juicio era muy complicado. Aceptar un abreviado era una salida de extorsión. Tenemos vulnerabilidades de toda clase. Sin embargo, solo el 2 por ciento de las supuestas víctimas rescatadas se reconoce víctima, es una cifra oficial. Hay que entrar e hilar fino”, continúa la fuente: “Van, acusan, hacen el juicio, salen en el diario, pero lo que les pasa a los pibas no les importa”.

Sin embargo, otros documentos en el expediente hablan de supuestas amenazas de muerte.

López Villagra recuperaría su libertad en octubre de 2021, luego de una prórroga de su prisión preventiva declarada antes del juicio abreviado.

La línea telefónica 145 es el canal gratuito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el que se orienta y se recibe denuncias vinculadas a los delitos de trata y explotación de personas. Es gratis y atiende las 24 horas

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