Los diez acusados de matar a Fernando Báez Sosa a patadas en el cráneo mantienen el pacto de silencio. Pasaron casi tres semanas del crimen frente a la disco Le Brique de Villa Gesell, se instruyeron siete cuerpos de expediente con 1400 fojas, se tomaron más de 20 declaraciones testimoniales y hubo cuatro jornadas de ruedas de reconocimiento en una de las causas penales más mediatizadas de la historia policial reciente.
Los jóvenes oriundos de Zárate se habían negado a declarar en un primer momento por consejo de sus abogados, Norberto Henricot y Hugo Tomei. Luego trascendió que la defensa pidió que los acusados vieran los videos del ataque que se difundieron en medios y redes sociales para tomar contacto formal con la prueba del caso y así revisar su estrategia.
Hasta hoy, no hay un pedido de declaración de los acusados, ni colectivo ni individual. El juez de garantías del caso, Diego Mancinelli, no recibió ninguna presentación. Se especuló en un primer momento con que se crearía una grieta entre ellos con el correr de los días, que detenidos como Alejo Milanessi romperían la unidad y harían presentaciones individuales para mejorar su situación. Ninguno lo hizo hasta ahora. Todavía no llegó ningún escrito al juzgado de Mancinelli.
Se esperaban más pruebas para un posible movimiento, dice una alta fuente de la investigación a Infobae.
Esas pruebas ya llegaron.
A mediados de esta semana, la fiscalía del caso, la UFI N°6, recibió los sobres que contienen los resultados de las pericias de los celulares de los acusados y de Pablo Ventura, señalado injustamente y detenido durante cuatro días -esta semana recibió la falta de mérito-.
Los análisis fueron hechos por la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la Policía Federal, cuyo laboratorio se encuentra en la ciudad de Mar del Plata.
Las partes, tanto defensa como la querella de la familia Báez Sosa a cargo de Fernando Burlando, ya tuvieron acceso en el día de ayer. Lo que encuentren será esencial para fortalecer sus eventuales decisiones de hablar o callar o avanzar en determinados frentes.
Los abogados fueron con pendrives a llevarse el material, pero no fue suficiente; tuvieron que regresar y buscar discos rígidos externos porque el material es muy pesado. “Son varios teras de información”, asegura un abogado cercano al caso. Letrados de la querella regresarían hoy a la UFI N°6 en Villa Gesell para cargar los archivos.
En total fueron diez los dispositivos a analizar, según datos publicados por Télam. Entre ellos está el móvil de Pablo Ventura, el joven que fue falsamente involucrado por los rugbiers detenidos y que luego fue liberado por la Justicia, al comprobarse que no estuvo en la ciudad costera al momento del brutal ataque a Fernando.
De los diez teléfonos, hay seis equipos en particular que resultan más difíciles de desbloquear para los especialistas. Son los de marca Apple, cuyo grado de encriptación dificulta el acceso a la información interna.
Estos seis teléfonos pertenecen a Máximo Thomsen (20) -uno de los acusados de ser coautor del homicidio-, Lucas (18) y Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20), Alejo Milanesi (20) y Juan Pedro Guarino (19), siendo el equipo de este último un “7 Plus”, de color negro, con la pantalla astillada y una funda de los All Blacks.
El peritaje se realizó mediante el UFED (Universal Forensic Extraction Device), un dispositivo que sirve para extraer y decodificar la información de la gran mayoría de teléfonos del mercado.
Los análisis contienen todo lo que había en los aparatos, fotos, videos, transcripciones de chats. La PFA suele separar lo que observa como contenidos relevantes a la causa en transcripciones, pero este no habría sido el caso. Hay un contenido en particular que será mirado con atención: el video en alta resolución que uno de los acusados filmó del ataque a Fernando. Las pericias demostrarán, por ejemplo, si ese video fue compartido o viralizado. Se cree que quien lo filmó también participó de la golpiza. Su identidad entre los imputados todavía se desconoce.
A la par está pendiente el pedido de prisión preventiva que podrá formular la fiscal del caso, Verónica Zamboni, lo que resolverá la situación en la cárcel de los diez de Zárate. Tiene plazo hasta el 16 de este mes, cuando se cumplirá el período previsto por ley de los 30 días posteriores a la detención. Una vez confirmada la prisión preventiva los acusados dejarán la cárcel de Dolores: es posible que vayan a la Unidad N°57 en Campana, un penal para detenidos jóvenes de 18 a 21 años, mayormente por robo a mano armada.
Se habla alrededor del expediente de posibles acusaciones de un crimen por placer, pero las pruebas disponibles, aseguran investigadores, hasta ahora apuntan a la calificación actual: homicidio premeditado cometido por dos o más personas.
“Uno de ellos efectuó un gesto de pasar su dedo por el cuello, dos lo golpearon, uno golpeó y filmó, los otros alejaban a quienes querían separar la pelea”, dice una voz clave en el caso. “Además, entre lo que pasó en Le Brique y la agresión tuvieron tiempo suficiente para calmarse e irse a dormir. Por lo visto, no lo hicieron”.
Con información de Federico Fahsbender
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