El 17 de diciembre pasado, el Tribunal Oral N°22 de la ciudad de Buenos Aires integrado por la jueza Patricia Cusmanich, resolvió sobre un hecho un tanto grotesco. Ocurrió el 31 de enero de 2019 en la esquina de Perú y Venezuela, a cuatro cuadras de Plaza de Mayo, Simon St. Pierre, un empresario canadiense, fue apuñalado en un robo. St. Pierre, de viaje en el país, un simple turista, se había sentado a hablar por teléfono con su Samsung Galaxy S8. Comenzó a gritar, los ladrones que ya habían comenzado su ataque a golpes no pudieron mantener la paciencia. Uno de ellos tomó un cuchillo y apuñaló al canadiense, en el tórax primero, luego en la espalda.
Así, St. Pierre quedó al borde de la muerte por un teléfono que hoy, usado, puede costar unos 20 mil pesos.
Los imputados, cuatro en total, fueron detenidos un mes y medio después, acusados de robo en banda y lesiones graves. Llegaron detenidos en diversos penales federales al juicio, defendidos por defensores oficiales. Así, el Tribunal N°22 los condenó a penas de entre cinco y seis años. Tres de ellos tenían 22, 23 años, dos de ellos ya habían sido acusados de robarle a punta de pistola en San Telmo a unas chicas que tomaban vino mientras esperaban el colectivo. El cuarto acusado, sin embargo, tenía otra historia.
Raúl Esteban Riveros había sido detenido el 23 de febrero por el ataque a St. Pierre y enviado a la cárcel de Marcos Paz. Nacido en 1976, con 43 años, podría haber sido el padre de sus cómplices. No era la primera vez que pisaba Tribunales. El Tribunal N°22 le dio cinco años y once meses de cárcel no solo por el robo a St. Pierre: lo declararon reincidente al condenarlo por una segunda causa en su contra, mucho más grave, golpear hasta el borde de la muerte a su hija bebé en una pensión de Constitución, en la habitación 55 de la calle Solís.
Pasó el 6 de septiembre de 2011 por la noche, la bebé tenía apenas un año y dos meses, su mamá y su abuela la habían llevado al hospital Elizalde. Los médicos se horrorizaron al ver más allá de lo aparente, la gastroenteritis con fiebre y vómitos: encontraron lesiones en el interior de su abdomen compatibles con un síndrome de maltrato infantil, que ponían seriamente en riesgo su salud y su vida. La bebé colapsó en la guardia de espera, sufrió un paro cardiorespitatorio.
Las maniobras de reanimación pudieron devolverla, la trasladaron a terapia intensiva. Allí, en la sala, los médicos del Elizalde vieron los hematomas. Las lesiones le comprimieron el duodeno y el páncreas. Hubo que operarla. Quedó intubada durante más de un mes. Hubo explicaciones: la bebé había recibido algo parecido a un puñetazo, pellizcos recurrentes. La Unidad de Violencia Familiar del hospital labró un informe.
Dice la condena del Tribunal N°22 que la bebé estaba bajo el cuidado de Riveros aquella noche. La bebé no lleva su apellido, sino el de su madre. Riveros, eventualmente, firmó un juicio abreviado y aceptó su culpa.
La violencia ya se había vuelto en contra de él mucho antes, el 17 de agosto de 2008, cuando vivía con la madre de su bebé en la calle México y dos hombres se le aparecieron, dos vecinos que lo acusaban de transa, de vender droga. Lo llamaron a la puerta y lo balearon en el pecho y en la ingle, no murió. Su mujer bajó espantada. Riveros, todavía consciente, le marcó a quiénes lo atacaron, le dijo que los conocía del barrio. Fue llevado al Argerich: la bala en el pecho estaba muy cerca del corazón.
Su mujer, que tres años después llevaría a su bebé al borde de la muerte al hospital Elizalde, declaró en el juicio por el ataque que ocurrió en 2014 en el Tribunal N°19, habló a su favor. Los hombres que lo atacaron, con prontuarios pesados, fueron condenados, sus penas confirmadas por la Sala I de la Cámara Federal de Casación.
La pena para Riveros, en cambio, tiene una ironía. Apenas estuvo un día detenido por golpear a su propia hija. El fiscal que lo condenó por el robo al turista canadiense pidió que se le revoque el beneficio que negoció por su ataque barbárico: tres años de suspensión de juicio a prueba, dictaminados por el Tribunal Oral N°5 el 5 de abril de 2016, según documentos judiciales.
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