Jorge Castillo (62), más conocido como “el rey de La Salada”, dejó el penal de Ezeiza donde estaba preso y volvió a vivir en su mansión de Luján tras permanecer 30 meses preso por presunto lavado de dinero, evasión impositiva, asociación ilícita y violación de la Ley de marcas.
Se trata de la misma propiedad del barrio privado Haras Argentino, de la localidad bonaerense de Open Door, donde el 20 de junio de 2017 se tiroteó con efectivos de la Policía Bonaerense que habían llegado hasta allí para hacer un allanamiento e hirió a uno de ellos. Por eso hecho, sumó una nueva causa: está acusado de “tentativa de homicidio”.
El empresario, que goza de prisión domiciliaria desde hace 7 días, aseguró que fue víctima de un chantaje por parte de funcionarios del gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y apuntó contra funcionarios bonaerenses de la administración de Cambiemos.
“Estuve 30 meses secuestrado por no aceptar que se metan en el negocio de La Salada”, aseguró mientras contaba el trasfondo de una cena que mantuvo en restaurante de Lomas del Mirador con un funcionario.
“Estaba en una reunión en La Ramona. Me dio el número de teléfono de un tal Rochetti (en ese entonces Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad bonaerense), que quería quedarse con todo el negocio de la calle. Yo le dije ‘no robo para mí mirá si voy a robar para los demás’. No me interesa. A lo que me respondió ‘¿no vas a querer ponerte todo un Gobierno en contra?’. Estuve 30 meses secuestrado por no aceptar que se metan en el negocio de La Salada”, contó.
Durante una entrevista que le concedió a América TV, Castillo admitió que tuvo que pagar una fianza de 500 mil pesos para salir prisión y explicó de dónde sacó ese dinero: “Tengo locales en La Salada, en Flores, tengo la feria de La Salada de Mendoza y además soy productor agropecuario. Soy un tipo que labura”.
Mostró la tobillera electrónica que lleva en su pie derecho y relató cómo es su funcionamiento: “Tiene un rango de movilidad que me permite andar dentro de la casa y el parque. Cuando pierde alcance empieza a trabajar el GPS. Siempre tengo que tratar que la lucecita esté verde”.
Mientras mostraba cómo vive en su hogar, recordó cómo fue el allanamiento que terminó en un feroz tiroteo. “Ese allanamiento no tuvo una causa, fue un apriete. Hicieron todo ese circo mediático para quedarse con el negocio de La Salada. Usaron a a Policía Bonaerense para montar todo ese circo. Soy una persona pública y no me iba a esconder por un allanamiento. Ellos allanaron sin gritar que eran policías”, se excusó a raíz de la reacción que tuvo al defenderse a los tiros.
Recordó que ese día se activó la alarma de la casa y que su mujer escuchó ruido de pasos en la planta baja. “Siento que dicen ‘abran la puerta o la tiramos abajo’. En el transcurso que mi mujer estaba llamando al 911 empezaron a romper la puerta entonces disparé por la mirilla con una 9 milímetros. Yo no justifico lo que hice, digo la verdad. Ellos usaron el factor sorpresa para entrar a mi casa”, dijo.
Tildó de “delincuente” al fiscal Sebastián Scalera, quien está a cargo de la Unidad de Instructores de la Fiscalía General de Lomas de Zamora y elevará a juicio oral el intento de homicidio del policía.
“La justicia provincial me acusa de asociación ilícita por explotar puestos en la vía pública cuando es una contravención. El fiscal Scalera es un delincuente, lo denuncié y tiene un jury hecho por mí”, aseguró.
Además, negó ser el dueño de La Salada: “La AFIP dice que yo soy el dueño de La Salada. Tiene miles de dueños con acciones. Es una sociedad anónima. No sé si es todo legal. Yo tengo locales que alquilo. Es mentira que todos los bolitas que trabajan en La Salada son empleados míos en negro. Yo no soy ninguna víctima, yo peleo, no tengo el traste sucio”.
La decisión de excarcelar a Castillo fue tomada por los jueces Martín González, Jorge Tristán Rodríguez y Tomás Bravo de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, quienes consideraron que se trata de “una alternativa legítima y confiable”.
Los argumentos de los jueces fueron la edad de Castillo (62 años), su arraigo y domicilio fijo y que cuenta con un grupo familiar con capacidades de contención. Además, agregaron que existía un “desconocimiento por parte del encausado del ingreso del personal policial” a su casa.
“Soy un tipo de laburo, les molesta mi color de piel a muchos. Quisieron quedarse con el negocio de La Salada pero no han podido. La Salada sigue trabajando cada vez más. Cuando más se equivocan los políticos inútiles mejor le va a La Salada”, concluyó.
La causa contra el “Rey de la Salada” comenzó en abril de 2015, cuando tras un desalojo se investigó si un grupo tenía el control de miles de puestos callejeros que funcionaban afuera de los tres predios habilitados, Urkupiña, Cooperativa Ocean y Punta Mogote, este último administrado por Jorge Castillo.
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