Prisión preventiva y gatillo fácil: qué hay detrás de las definiciones en seguridad de Alberto Fernández

Casi siempre hay un televisor en el pabellón, los presos y presas se sientan y miran. En una cárcel del territorio bonaerense, el discurso de asunción de Alberto Fernández reemplazó a los noticieros o a los programas de polémicas futboleras que suelen estar de fondo contra el ruido de las rejas y los portones y las charlas en voz alta. Esta vez, los detenidos miraron con atención. Escucharon cómo el nuevo Presidente criticaba al Poder Judicial, cómo Fernández anunciaba el envío al Parlamento “en los próximos días” de “un conjunto de leyes que consagran una integral reforma del sistema de Justicia”, cómo planteaba "un contundente Nunca Más” a “una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno”.

Sin embargo, los presos bonaerenses, varios de ellos por causas menores, la gran mayoría sin condena, no estaban pensando en el lawfare atribuido a Comodoro Py, sino en el lawfare del conurbano profundo. La frase siguiente de Fernández fue significativa: “Ningún ciudadano, por más poderoso que sea, puede establecer que otro es culpable si no existe debido proceso y condena judicial firme”.

La frase del Presidente no cayó en el vacío.

Ese pabellón, así como los de al menos doce cárceles bonaerense -Batán, Mercedes, Campana varias unidades del complejo de Florencio Varela, Sierra Chica- se declararon en estado de huelga de hambre de cara al hacinamiento y la sobrepoblación penitenciaria más grande de la historia argentina, una situación que generó alarmas desde organismos como el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 3 de octubre, el Tribunal de Casación Penal en La Plata publicó un informe de 130 páginas. “Documento sobre las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires” fue su título. El primer párrafo en el texto es fuerte: aseguró que las condiciones de detención en la provincia “han evidenciado una grave crisis humanitaria que se encuentra en escalado aumento”.

Hasta mayo de 2019, según informes del Ministerio de Justicia y de Seguridad citados por el documento, había 48.827 personas tras las rejas en el territorio provincial. La sobrepoblación en cárceles llegaba al 113%, el doble y un poco más. Las comisarías llegan al 160% de su capacidad, con clausuras repetidas y 110 sentencias judiciales dictadas y firmes sobre su situación. Así, la provincia de Buenos Aires llegó a 308 detenidos cada 100 mil habitantes: Brasil tiene 328 cada 100 mil.

Así, los presos reclamaron por el hacinamiento, y por el exceso de la imposición judicial de la prisión preventiva que es el principal motivo de la saturación de las cárceles, tal como establecieron juristas internacionales como James Cavallaro, ex comisionado de la CIDH y profesor de Stanford, que pusieron el dedo sobre lo obvio. Los presos y presas de las huelgas de hambre pidieron en sus banderas colgadas en las rejas por la aplicación del 2x1, por morigeraciones como el encierro domiciliario bajo tobillera electrónica en vez de la cárcel como primera respuesta del sistema.

Hoy, de acuerdo a las últimas estadísticas, el Servicio Penitenciario Bonaerense cierra su año y la gestión de Cambiemos con una diferencia mínima entre detenidos con preventiva y condenados: 21.080 contra 22.702. El colectivo trans es el que comparativamente sufre más la diferencia: 67 personas sin condena contra 27 en las cárceles provinciales. Por lo pronto, la Suprema Corte provincial, con pedidos de informes recientes tras el informe del Tribunal de Casación.

Así, el problema de las cárceles sobrepobladas se convierte en el principal desafío para el nuevo ministro de Justicia provincial, Julio Alak, como para Sergio Berni, designado en la cartera de Seguridad. El problema también golpea al Servicio Penitenciario Federal, con signos de hacinamiento e insalubridad en las alcaldías de los tribunales de Talcahuano y Comodoro Py, además de 3 mil detenidos más de los que el sistema puede soportar, algo que deberá enfrentar la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo. Sin embargo, no es un dilema solo de un ministro o de dos. La transversalidad es evidente.

“Al mismo tiempo, estaremos reorganizando y concentrando los esfuerzos de la Justicia de modo que se pueda enfatizar con eficacia y transparencia la investigación del crimen organizado, el crimen complejo y el narcotráfico y la droga, que son flagelos que debemos abordar con un carácter sistémico”, continuó Fernández en sus definiciones.

El crimen organizado cambia en la Argentina: fenómenos como la mafia china crecen en violencia, penetración y complejidad, va más allá de supermercados porteños hacia las zonas sur y oeste, extorsiona a supermercadistas argentinos además de chinos. El narcotráfico cambia también, la Argentina se vuelve un foco para el flujo de nuevas drogas sintéticas, nuevas sustancias, nuevas rutas, tres años después de la tragedia de Time Warp que reveló lo que ocurría en una subcultura del consumo de estupefacientes que el Estado no detuvo a tiempo. Pensar en grandes cargamentos de cocaína o en la guerra al transa barrial como únicos frentes se vuelve una perspectiva insuficiente.

Del otro lado de la frontera en Brasil, asoma la larga sombra de bandas ultraviolentas como el Primeiro Comando da Capital en Brasil, el PCC.

Pero hubo otra frase particularmente crítica en el discurso de asunción, uno que va al centro del cambio de estilo de la gestión entre Patricia Bullrich y Sabina Frederic. “Debemos escapar de la lógica del gatillo fácil y de justificar las muertes por la espalda”, afirmó.

Fue un eje retórico en todo este tiempo: no más “doctrina Chocobar”, por llamarla de alguna forma. En su informe anual de su Archivo para 2018, CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional aseguró que 1.303 personas fueron muertas por el aparato represivo estatal en calabozos, penales o la vía pública entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019. La matemática, de acuerdo a las estimaciones de CORREPI, es de una víctima fatal cada 21 horas. “Al kirchnerismo le llevó más de 10 años pasar de un caso cada 30 horas a uno cada 28. El macrismo, en apenas tres años, incrementó a más del doble la frecuencia”, compara desde su informe la coordinadora, que presentará un nuevo reporte este viernes 13.

Internamente, la gestión Bullrich nunca usó ese término. Hablaban de “cuidar a los que nos cuidan”, una estrategia de proveer representación jurídica a policías acusados de matar, sea de civil o en situaciones con un delito en progreso. “Ocho de cada diez tienen un abogado nuestro”, aseguraba Bullrich meses atrás. Así, un sobreseimiento o absolución en segunda instancia en Tribunales se convertía en una victoria retórica.

Por otra parte, el consenso interno en la frecuencia propia de las fuerzas de seguridad siempre fue el mismo: nadie quiere ser Chocobar. Matar a un sospechoso, para un policía, siempre es un problema.

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