El negocio de los nigerianos que envían cocaína premium por correo desde Avellaneda hasta China

Michael Njoku no decía mucho, iba y venía en sus días en pequeño hotelito de familias y pasajeros en la calle Guardia Vieja en el Abasto, no llamaba la atención tampoco, entre otros vendedores ambulantes de su nacionalidad, había nacido en 1968 en la zona de Nkerefi, en el interior de Nigeria. Terminó preso en el penal de Ezeiza después de que lo detuvieron el 9 de noviembre de 2017 luego de despachar una encomienda en la sucursal del Correo Argentino de la avenida Santa Fe al 2000 en Martínez. Michael N. tenía muchos amigos por el mundo, en cierta forma, amigos con intereses particulares.

Ese día, Michael había llevado una bolsa para introducir en un paquete de correo dirigido a China, a una tal F. Zhang en el distrito de Jinshui en la ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan, a orillas del río Amarillo. Parecía que enviaba juguetes y adornos navideños, un rompecabezas. Entre todas las piezas había una colchoneta. Cuando la abrieron, encontraron 333 gramos de cocaína. A la tal Fiona la tenía agendada en su WhatsApp, con varias conversaciones. Le allanaron su pieza, con más anotaciones sospechosas que hablaban de China.

Tiempo después se descubrió que Michael era un usuario asiduo del servicio internacional del Correo Argentino. Usaba un alias, Michael Dumisani, y un domicilio falso en la calle México en San Telmo para enviar cocaína inteligentemente disimulada a través del planisferio. El primer envío que las autoridades argentinas le detectaron data del 3 de mayo de 2017, despachado desde una sucursal en Banfield y dirigido a otro nigeriano en Atenas, Grecia, con una etiqueta rica en detalles que tenía hasta el número de celular del receptor. Era una caja de cartón de color rosa que llamó la atención en Ezeiza, en la revisión de rayos X. Dos perros de la división Canes de la PSA se pusieron a ladrar. La caja tenía dos batas de baños para chicos que despedían un olor que no era el de suavizante, un hedor químico desagradable. Las fibras de las batas estaban impregnadas de casi medio kilo de cocaína de altísima calidad, 85% de pureza, uno de los mayores índices de la historia argentina reciente.

Cinco días después, Michael despachó otro paquete a un tal Marcelo que lo esperaba en Pattaya, una ciudad de Tailandia célebre por sus playas. La alarma se disparó en la central del Correo en Antártida Argentina, Retiro: entre libros sobre Pinocho y los dinosaurios encontraron cinco planchas de papel carbónico con 398 gramos de polvo con una pureza máxima del 78%, según tests del Laboratorio Químico de Gendarmería Nacional. Hubo otros dos envíos a China, a mujeres en las ciudades de Wenzhou en la provincia de Zhejiang al este del país, desde Martínez y Avellaneda, ambos tenían ropa de bebé impregnada: más de un kilo entre ambos paquetes enviados en octubre de 2017 con apenas cuatro días de diferencia, 85% de pureza otra vez.

La máquina de imprimir billetes se vuelve obvia: los 1500 dólares que cuesta un kilo en la sierra boliviana parecen un chiste frente a los 150 dólares que puede costar un gramo en las calles de Hong Kong. El estiramiento con diversas sustancias queda a criterio de cada dealer. La persecución de la Policía del Partido Comunista es de una dureza particular en la China continental.

Así, el 5 de noviembre pasado, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº3, integrado por el juez Luis Imas, condenó a Michael N. en un juicio abreviado a cuatro años y ocho meses de cárcel por el delito de contrabando de estupefacientes. Lo defendió un abogado oficial. Por otra parte, Michael está lejos de ser el único de su nacionalidad en haber terminado con una condena en los tribunales de la calle Inmigrantes detrás de los de Comodoro Py.

Hubo pioneros. El 22 de febrero de este año, el Tribunal Nº1 del fuero le dio tres años de ejecución condicional a Martin Chukwuka, que vivía en Ramos Mejía y fue acusado de despachar 200 gramos a Tailandia a otro nigeriano ocultos en la base de un reloj de pared: ese envío, curiosamente, data de 2011 según registros. Martin usó un nombre verdadero para despachar la caja por el Correo Argentino, desde una sucursal de Bellavista: el de una mujer de la zona, hoy de 60 años de edad, que nunca tuvo idea de lo que pasaba. Martin repitió la maniobra en 2013, dos años después. La mujer de Bella Vista nunca se enteró de que usaron su nombre para una encomienda de cocaína.

También hubo argentinos mezclados en el negocio. Angel Gómez, un hombre de San Martín de 42 años, ex empleado de una empresa de seguridad, se convirtió en el aparente socio de Timothy Chinedu, oriundo de Owesti, al sudeste de Nigeria según papeles argentinos: los condenaron el 27 de febrero a tres años de cárcel efectiva por despachar 110 gramos dentro del forro de una cartera, otra sentencia del Tribunal Nº3.

La mecánica empleada por los nigerianos es muy sencilla: remitentes falsos y maneras ingeniosas de esconder la droga, con envíos certificados por el Correo estatal con números del sistema Track and Trace, una mecánica completamente separada de lo que el narcotráfico argentino clásico está acostumbrado.

El submundo local ni siquiera se da cuenta. “¿Posta los nigerianos mueven falopa? Mirá vos. ¡Yo pensé que solo vendían oro trucho!", ironiza un viejo pesado del otro lado del teléfono. No son grandes narcos, por lo visto, o al menos no suelen invertir en sus defensas: casi siempre son representados por abogados estatales. El dinero se mueve a través de los sistemas de giros. Los contactos, sospechan autoridades argentinas, son con otros nigerianos en otras partes del mundo. En terminos migratorios, por ejemplo, los chinos se convirtieron en la mayor comunidad africana dentro de la China continental en las últimas décadas.

“El correo explota”, dice un funcionario de alto perfil técnico, acostumbrado a la vanguardia de los movimientos de la droga en Argentina. La ley de oferta y demanda marca el flujo en el puerta a puerta de los narcos: se exporta lo que hay, se importa lo que no. En los primeros cinco meses de 2019, de acuerdo a información judicial a la que accedió Infobae, la Aduana capturó 24 paquetes con drogas sintéticas que llegaban del exterior en puntos como Córdoba, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero, con dos sobres termosellados con 114 gramos de cristal de MDMA que fueron enviados a Santa Teresita. Las encomiendas en sobres sellados de correos privados fueron la norma.

De todos los casos, hubo uno en particular que llamó la atención de las autoridades. Fue investigado por el fiscal Emilio Guerberoff y la PROCUNAR, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de narcotráfico. Se trató, básicamente, de seguir a la mula. Un hombre de camisa y lentes, con una simple valija carry on gris y negra, primero en un aeropuerto internacional, luego en otro., nada fuera de lo normal. Santiago M., de nacionalidad argentina, 32 años de edad, oriundo de Villa Lugano, había partido desde el aeropuerto de Ezeiza el 27 de marzo último con rumbo a Lima, capital de Perú. Poco después reapareció en el aeropuerto de Tocumen, en la ciudad capital de Panamá. Ahí, Sánchez terminó arrestado: la Policía panameña abrió su valija por la fuerza, la misma que había arrastrado desde Lima: llevaba 2,47 kilos de cocaína de alta pureza, pobremente disimulados en ladrillos negros decorados con un tumi, el típico cuchillo ceremonial inca, uno de los íconos más reconocibles del Perú.

Una cámara policial se encargó de retratar cada uno de sus movimientos desde que pisó Ezeiza; los monitores de policías peruanos lo siguieron a través de pasillos en la terminal aérea de Lima. Esas imágenes son las que ilustran esta nota. La inteligencia policial en su contra reveló que le habían ofrecido 3 mil dólares por el viaje

Santiago, según supo la Justicia, había sido reclutado por Karina Solange F., que vivía en un asentamiento de Villa Lugano y su entonces novios, Ikechukwu Ndubuisi, hoy preso en Ezeiza. No solo los acusaron de regentear mulas: los vincularon a paquetes enviados por Correo Argentino a Hong Kong, Irlanda, Grecia y Tailandia, con otros nigerianos como receptores. Fueron condenados a cinco años cada uno en mayo de este año, otro caso que llegó al Tribunal en lo Penal Económico Nº3.

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