La insólita causa judicial por una lata de cerveza que le costó miles de pesos al Estado

El caso tiene dos aspectos insólitos. Primero, un robo que fue reconocido en el momento con dos ladrones que pagaron lo que robaron. Segundo, la causa judicial que generó ese robo, que le costó al Estado mucho más que el valor de lo robado.

La protagonista de ese hurto fue una lata de cerveza de medio litro que dos hombres se llevaron de un supermercado sin pagar, la tomaron en la calle y cuando los detuvo la Policía la pagaron.

Ocurrió el domingo de la semana pasada a las 10:30 horas en un supermercado chino del barrio porteño de Versalles. Dos hombres ingresaron al local, tomaron dos latas de cerveza de las heladeras y escondieron una de ellas en sus ropas. Fueron a la caja a pagar una de las latas, el dueño del local advirtió lo que estaba pasando y les pidió que también paguen la bebida que tenían entre sus prendas. Discutieron y los dos hombre se fueron del local sin pagar la cerveza y con la otra escondida.

El dueño también salió del negocio y advirtió a la Policía de la Ciudad que vio cómo se iban tomando la cerveza por la calle y los persiguió. Uno de los hombres fue detenido, escapó y volvió a ser apresado. Mientras eso ocurría su amigo fue al negocio y pagó la cerveza. Luego volvió a donde estaba la policía con su amigo y les mostró el ticket de compra, según consta en la causa judicial a la que accedió Infobae.

Los dos acusados quedaron detenidos y se les inició una causa judicial por robo. El dueño del supermercado fue citado a declarar y dijo que no le interesa seguir con la causa porque la cerveza se la habían pagado y que no quería perder tiempo con trámites judiciales por un hecho menor.

El caso estuvo a cargo del juez de instrucción Luis Schelgel que sobreseyó a los dos acusados al aplicar el “principio de insignificancia”. Se trata de un criterio judicial por el cual una causa se cierra porque el daño o el perjuicio del delito es menor y no representa gravedad para la propia víctima -porque en muchos casos fue reparado, como éste- o para la sociedad.

“Por cualquier lugar donde miremos este caso es irracional que estemos trabajando en él”, sostuvo el magistrado en una audiencia que se realizó este lunes en Tribunales.

“Es una lata de cerveza de medio litro que no debe exceder los 50, 60 pesos. Por esta lata de cerveza se inició un procedimiento: dos personas detenidas, alojadas en la alcaidía correspondiente a la Policía de la Ciudad, ingresadas al Servicio Penitenciario Federal, el traslado a la audiencia en la Unidad 29, la declaración, dos agentes del Servicio Penitenciario para la custodia, el auxiliar fiscal, el defensor público, el juez, más la preparación de la audiencia tanto en el tiempo que le insumió a la Fiscalía –que prepara muy pormenorizadamente y con mucha atención los casos– la preparación de la defensa, la entrevista previa con ambos imputados, la estrategia de defensa, la negociación que parecía en un momento transitar la suspensión del juicio a prueba. Toda esta cuestión ha llevado muchas horas y muchos cientos o miles de pesos en tiempo por una lata de cerveza hurtada. Por una lata de cerveza estamos insumiendo mucho tiempo, muchos recursos”, señaló el juez.

Así, los dos acusados -de 20 años y de nacionalidad boliviana, que trabajan como costureros- fueron sobreseídos. Estuvieron dos días presos en la Unidad 29 de los tribunales de Comodoro Py.

El principio de insignificancia está a cargo de los fiscales y cada uno puede aplicarlo o no, según su criterio. En este caso la fiscalía no lo hizo pero sí pidió el sobreseimiento de los dos acusados porque sostuvo que no había pruebas que pudieran determinar cuál de los dos se llevó la cerveza del local. Por otro lado, las cámaras de seguridad del supermercado no aportaron nada relevante para el caso.

“Fue más caro el toner para imprimir las fotos que la lata de cerveza”, dijo de manera irónica una fuente judicial.

¿Se puede evitar una causa judicial por un hecho así? La Policía no puede dejar de actuar ante un delito y no es su función determinar si el hecho debe o no ser una causa judicial. Cuando la fuerza detiene a alguien se pone en contacto con la fiscalía de turno que es la que determina cómo seguir. En este caso la decisión fue la de remitir el caso al juzgado y que las personas queden detenidas. Otra decisión podría haber sido la de aplicar el principio de insignificancia y archivar el caso en ese momento.

El juez también tuvo en cuenta esa circunstancia para dictar el sobreseimiento. Pero también que el dueño del local -la víctima directa- fue reparada con el pago de la cerveza y que desistió de continuar la causa.

Pero este caso no es excepcional. Desde febrero de este año comenzó a regir el sistema de flagrancia por el cual se busca acelerar las causas judiciales de las personas que son detenidas en el mismo momento que cometen un delito. Eso provocó que muchas causas no se demoren en el tiempo pero por otro generó que se criminalicen hechos menores o de problemática social. Además, el sistema establece la detención de la persona mientras se resuelve la causa o que cumpla en una prisión una condena de pocos días. Eso aumentó la sobrepoblación de detenidos en las alcaldías porteñas.

La causa por el robo de la lata provocó otra: la fiscalía pidió que se abra un nuevo expediente para que se investigue la conducta del policía que intervino en la detención. Una vecina declaró como testigo que vio lo que había pasado y que el efectivo golpeó dos veces a uno de los hombres de manera innecesaria.

La mujer relató que estaba en el balcón de su casa cuando escuchó gritos y observó cuando un policía -que estaba acompañado por otro uniformado- le dio una cachetada a un hombre y luego una patada en el costado del cuerpo cuando cayó al piso después de tratar de escapar. La señora explicó que la mujer policía les gritaba a los detenidos y que luego llamó al 911. Llegaron dos camionetas y le contó a uno de esos oficiales lo que había pasado. “Seguro que vio mal”, le contestó el policía pero ella insistió. El oficial le preguntó de que trabajaba, ella le contestó que era docente. “Ese justamente es su problema”, le respondió.

Para la fiscalía pudieron haber existido apremios ilegales de parte del policía y por eso pidió que se abra una investigación, lo que fue aceptado por el juez Schelgel.

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