A simple vista, el negocio era muy bueno, maquillado con buenas intenciones. En 2008, una empresa firmó un convenio con dos unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense en el marco del Programa de Reinserción “Incluirse”, para explotar el área de lavandería en el interior de las cárceles y brindarles trabajo a varios de los presos, con el objetivo de ayudarlos en su proceso de resocialización. Sus clientes eran dos clínicas privadas, a quienes les lavaban las sábanas y ropa blanca. La inversión era prácticamente nula y las ganancias muy elevadas.
Sin embargo, todo era una fachada. Gracias a una investigación de la Justicia Federal de Mar del Plata, liderada por el juez Santiago Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri e iniciada por una denuncia del Ministerio de Justicia, se logró descubrir que la empresa en realidad era una organización que se dedicaba a ingresar droga oculta entre la ropa sucia para luego vendérsela a personas privadas de su libertad. Las unidades penales 10 de Melchor Romero en La Plata y 15 de Batán fueron las cárceles en las que la banda, liderada por Matías Sebastián Ávila (51), un ex agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), llevó adelante la maniobra que le reportó cuantiosas ganancias entre 2008 y 2017, años en los que transcurrió el convenio.
De acuerdo con datos de la investigación a los que accedió Infobae, Ávila aprovechó su pasado como ex penitenciario para firmar el convenio con las dos unidades penales a través de la empresa de limpieza Asepsia Industrial, establecida en 2008. La firma, que figuraba como proveedora del Estado provincial, estaba a nombre de su madre, una mujer que hoy tiene 81 años. El negocio era redondo. Es que además de las ganancias por vender droga, el hombre no pagaba un alquiler ni salarios en tiempo y forma a sus empleados, quienes en su mayoría eran presos, un aceitado sistema de precarización laboral.
Según pudo establecer la Justicia federal, el ahora empresario utilizaba de manera exclusiva las instalaciones de los dos penales, por lo que no se vio obligado a realizar una inversión de capital propio e incluso aprovechaba la mano de obra barata que le ofrecían los internos. Además, al haber sido empleado del SPB desde 1990 hasta 2006, no tuvo la necesidad de presentarse a un concurso a partir de un llamado a licitación. El contrato fue directo para él.
El ingreso de camionetas con bolsones de ropa fue el método ideal para que la banda -que contó con varias personas- pudiera ingresar de manera oculta los estupefacientes que luego serían vendidos a los internos. El resto de los imputados fueron identificados comos Carlos Guillermo Fuentes (62), Mariano Ariel Donhal (44), Mariano López Wortzman (36), los ex penitenciarios Claudio Marcelo “chueco” Villagra (50) y José Luis Rodríguez alias Chiri (50), y Martín Aníbal Torres (41). Algunos en el grupo, según la acusación, estaban dedicados al tráfico, otros blanqueaban de alguna manera las ganancias.
Sin embargo, las cosas parecían ir un escalón más arriba.
“Para el desarrollo de esta maniobra resultó imprescindible el conocimiento y la vinculación de Ávila y del ex director de la Unidad Penal 15 de Batán, José Luis Rodríguez en relación al funcionamiento y al personal del Servicio Penitenciario”, dice parte del expediente al que accedió Infobae. Durante los años que funcionó el negocio, la firma comenzó a obtener alto rendimiento económico. Por eso se hizo necesario la creación de un sistema para poder justificar los ingresos y que se condijeran con el nivel de vida que ostentaban.
La banda entonces comenzó las maniobras para evadir impuestos y utilizó un doble sistema de facturación: el cobro de cheques por fuera del sistema financiero formal, a través de intermediarios no autorizados, y la entrega de facturas apócrifas para ocultar al fisco sus verdaderos ingresos. “Dichas actividades conllevaron a que varios de los sujetos aquí implicados adquirieran rodados, embarcaciones e inmuebles y desarrollaran un nivel de vida sin tener actividad comercial o ingreso lícito suficiente que pudiera, de momento, justificar tales patrimonios”, señaló el magistrado.
“López Wortzman, a través de sus financieras -no autorizadas por el Banco Central de la República Argentina- 'Su Crédito Comercializadora’ y ‘Credi Cuotas’, junto con el resto de los integrantes de Asepsia operarían fuera de la regulación y del control del Banco Central, impidiendo por consiguiente controlar la verdadera liquidez de la empresa”, señaló Inchausti.
Esto -según el magistrado- le habría permitido a los acusados (principalmente a Ávila, su madre, Fuentes, Dohnal, Torres al propio López Wortzman) “disminuir de modo irregular su compromiso tributario a partir de operaciones de intermediación financiera no autorizada, por las cuales fueron puestos en circulación, dentro del mercado, bienes que fueran adquiridos con fondos de origen irregular, a través del cobro de cheques de terceros por intermedio de las cooperativas financieras y mutuales”.
Otro dato demoledor fueron los ingresos atribuidos a Ávila. En el 2017 se reportó como monotributista por 15 mil pesos mensuales. Dohnal figuraba como desempleado y de Fuentes había muy poca información. La única titular del lavadero terminó siendo la madre del ex penitenciario, con un empleado a su cargo. Sin embargo no tuvieron reparos en comprar autos y bienes caros que después venderían con el objetivo de justificar las ganancias. En otros casos colocarían esos bienes a nombre de Asepsia. Todo, en suma, para blanquear dinero. Los autos los conducían igual, con cédulas de autorización, una maniobra común en otros casos de lavado narco.
En resumen, disfrazaban las maniobras para que los imputados pudieran gozar de los bienes obtenidos por los delitos cometidos sin aparecer como titulares de los mismos. El patrimonio general se estima en varios millones de pesos.
Acusaciones
A partir de la investigación y con los elementos obtenidos luego de escuchas y documentos adquiridos por los investigadores, el juez resolvió procesar por lavado de activos agravado a Ávila, Bozzarelli, Fuentes, Dohnal, López Wortzman y Torres. Todos integrantes de una asociación ilícita conformada para lavar dinero en forma habitual y organizada, proveniente de infracciones a la ley de estupefacientes y la ley de impuesto a las ganancias. A López Wortzman y Torres se les suman el delito de intermediación financiera sin autorización agravada. Quedaron detenidos. El resto de los imputados quedó libre.
Además, les fijó un embargo sobre los bienes o dinero de los imputados hasta cubrir la suma de veinte millones de pesos ($ 20.000.000) para cada uno. Los bienes fueron decomisados y secuestrados.
En otro tramo de la investigación, el juez ya había procesado el año pasado a Dohnal y Rodríguez, como coautores penalmente responsables del delito de tenencia compartida ilegítima de arma de fuego de uso civil mientras que Fuentes fue acusado del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil. Esto después de que a los tres les encontraron en sus domicilios una gran cantidad de armas, algunas actuales y otras de colección. “Ninguno de los imputados se encuentra autorizado a tener armas de fuego de uso civil”, señaló el magistrado en su resolución.
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