Las cuentas pendientes de los curas del Próvolo: tras las condenas aparecieron tres nuevas víctimas de abusos

Este lunes al mediodía, el Tribunal Penal Colegiado Nº 2 de Mendoza condenó a los curas Nicola Bruno Corradi y Horacio Hugo Corbacho Blanc y el jardinero Armando Ramón Gómez por violar y corromper a 11 menores sordos –varones y mujeres que tenían entre 7 y 17 años de edad– en el Instituto Antonio Próvolo, en un total de 28 hechos que ocurrieron entre 2005 y 2016.

Sin embargo, la condena contra los sacerdores y el jardinero, de una dureza excepcional dada la magnitud y la gravedad del caso, es tan solo un capítulo que se cierra. La historia del Instituto Próvolo en los tribunales argentinos y europeos está lejos de terminar.

Sergio Salinas, abogado que pertenece a Xumek, la organización de derechos humanos que participa como querellante en el caso de Mendoza y asesora a la gran mayoría de las víctimas, responde la consulta telefónica de Infobae con una disfonía producto de la emoción que se vivió el día de ayer. Lo que dice es revelador: a partir de la condena, la organización recibió los testimonios de tres nuevas víctimas que quieren contar y llevar a la Justicia lo que vivieron: dos jóvenes que pasaron por la sede de Mendoza y otro que estuvo en La Plata.

La aparición de estos nuevos casos implica movimientos profundos para los curas: nuevas tomas de declaraciones y un posible nuevo juicio. Todavía no se sabe a quiénes implican estos testimonios.

A principios de 2017, un periodista italiano ingresó al hospital de Verona donde se encontraba internado el cura Eligio Piccoli –uno de los acusados en la causa que investiga abusos sexuales a menores de edad dentro del Instituto Próvolo en Italia entre las décadas de 1960 y 1980– y logró registrar un testimonio estremecedor.

Con una cámara oculta entre sus ropas, el periodista Sacha Biazzo se hizo pasar por un ex alumno de la institución y le dijo al padre Piccoli que sólo quería saber cuánto de cierto había en las denuncias sobre abusos a niños sordos ocurridas dentro de la escuela. Piccoli no sólo no negó lo que había ocurrido, sino que además dio escabrosos detalles de los abusos y reconoció que los curas que habían sido descubiertos o denunciados por abusos en Verona eran expulsados a otros países: “Había que elegir: ‘a tu casa’ o ‘a América’”.

—¿Eran enviados cuando se descubría que habían realizado abusos a los niños?

—Sí, a Argentina, a Argentina.

Esa dinámica de encubrimiento que describía Piccoli fue el caso exacto del cura Nicola Bruno Corradi, acusado de abusar sexualmente de niñas y niños sordos en la sede del Instituto en Verona durante la década del 60. Corradi fue trasladado entonces a Argentina, a la sede del Próvolo de La Plata, donde fue máxima autoridad hasta 1997, y, cuando la situación allí también fue insostenible, fue enviado a Luján de Cuyo, Mendoza, donde dirigió la Institución hasta su detención.

Corradi, hoy de 83 años –detenido y beneficiado con prisión domiciliaria desde 2016– fue condenado por la Justicia mendocina este lunes a 42 años de prisión por hechos en grado de autoría y coautoría o partícipe necesario, con figuras como abuso sexual y promoción de la corrupción de menores ocurridos en esa provincia, tras un proceso oral que arrancó en agosto y pasó por más de 40 audiencias.

La causa que investiga los abusos en la sede de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield de la UFI N° 15, sigue su curso. En abril de este año, el juez Jorge Moya Panisello había ordenado las detenciones de los principales implicados en los abusos de esta sede: los sacerdotes Corradi y Eliseo José Pirmati y el empleado Jorge Brítez.

Brítez fue detenido entonces por la DDI de La Plata en la escuela pública en la que trabajaba en la ciudad de Jardín América en Misiones, donde vivía desde hacía doce años y había sido empleado de varias instituciones, entre ellas un colegio católico. Está imputado por al menos cinco hechos de abuso sexual simple y con acceso carnal.

Corradi, implicado en esta causa en al menos tres hechos de maltrato y cinco de abuso, ya estaba detenido por la causa en Mendoza. La detención de Pirmati, acusado de tres hechos de abuso sexual, exhibiciones obscenas y “promoción de facilitación de la corrupción de menores agravada”, fue pedida junto a un exhorto diplomático que aún no fue resuelto, ya que el hombre de 83 años vive en Italia.

Dos meses después de la orden de detención, Pirmati fue sorprendido por un periodista del diario L’Espresso a la salida de la iglesia Santa Teresa degli Scalzi e increpado en los 500 metros de distancia a la sede del Instituto Próvolo de Verona, donde se encuentra desde 2017.

“No sé nada de estas cosas”, “No tengo nada que ver con eso”, “Soy un hombre cualquiera de la calle”, se limitó a responder mientras se tapaba la cara.

Hace dos semanas, la Justicia italiana pidió “precisiones” sobre el pedido de extradición que la fiscal Corfield realizó a través de la Cancillería argentina. “La Justicia italiana rechazó el pedido tal como fue presentado, ya que faltaba información sobre todo de la prescripción de los delitos que se le imputan al sacerdote”, indicó una fuente judicial, de acuerdo a la agencia Télam. “La Justicia platense deberá aportar la información requerida y solicitar nuevamente la extradición del cura”.

Con respecto a las tres nuevas víctimas que aparecieron, “lo más llamativo es que aún con una Iglesia obtusa, encubridora, denunciada penalmente, con una sentencia como esta se produce una motivación en las víctimas para declarar”, explica Sergio Salinas, que además es abogado de Daniel Sgardelis, una víctima del Próvolo de La Plata que, en solitario, apuntó públicamente contra las autoridades del instituto en un video que subió a YouTube en 2013, tres años antes de que se iniciara la investigación en Mendoza.

A pesar de que ese relato circulaba en Internet, no tuvo demasiada repercusión, la denuncia nunca se formalizó y la causa no avanzó. Pero una vez iniciadas las primeras investigaciones, Daniel pudo declarar en el marco de la causa mendocina porque muchas de las autoridades que denunció, incluido el propio Corradi, tuvieron paso por ambas sedes.

Daniel se expresa a través de WhatsApp con un discurso quebrado de frases incompletas. El defecto en la comunicación no es suyo, sino una consecuencia del método de enseñanza en el Próvolo, algo común en varios ex alumnos. No enseñarles a hablar a sus víctimas garantizaba que no hablaran.

De esta manera, muchas de las víctimas que denunciaron, ya de adultos, en ambas causas tienen muchas dificultades para comunicarse y declarar ante la Justicia. La mayoría lo hacen en lengua de señas (con un intérprete personal y otro de control) que algunos incluso aprendieron hace muy poco. El idioma escrito es, para algunos, imposible.

En Mendoza ya hay cuatro condenados en la causa inicial que son Corbacho, Corradi y Gómez, además del monaguillo Jorge Bordón, que recibió 10 años de prisión en un juicio abreviado en septiembre de 2018 luego de reconocer la autoría de 11 hechos de abusos sexuales y corrupción por los que estaba imputado.

Todavía queda por ser juzgada la monja japonesa Kumiko Kosaka, detenida en mayo del 2017 y señalada como autora de abusos y maltratos y otras 7 ex trabajadoras del Instituto: la monja Asunción Martínez (monja superiora a Kosaka), 3 ex directoras del Próvolo, una ex psicóloga y la ex cocinera, que están en libertad e imputadas por participación por omisión. El 17 de diciembre habrá una audiencia en la que se discutirá, entre otras cosas, si esas causas se unifican en una sola.

En lo que respecta a la causa de La Plata, en tanto, ya se solicitó su elevación y juicio y, a pesar de que aún no está confirmada la fecha, podría producirse finalmente en los primeros meses del 2020. Mientras tanto, la fiscal Cecilia Corfield confirmó al diario Los Andes que insistirá, ahora que ya está concluido el juicio en Mendoza, en el pedido de traslado de Corradi a La Plata para que declare en indagatoria por los abusos cometidos en la capital bonaerense y deberá insistir en el pedido de extradición de Eliseo Pirmati.

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