Julio César Castro ya conocía el sonido de la música, con 30 años de justicia penal en los hombros. Pidió que la prensa no presenciara sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Criminal Nº8, en donde se declaró inocente, prohibió también que tomen fotos de su cara o lo filmen. Quizás no le sirvió de mucho, esa sensación fabricada de intimidad. A las 16 horas del miércoles, los jueces Alejandro Sañudo, Fernando Larraín y Fátima Ruiz López se sentaron en sus sillas en la sala de audiencias del Tribunal en el sexto piso del palacio de la calle Talcahuano. Castro, rodeado de sus tres abogados, se entrelazó las manos y comenzó a mecerse. Los escuchó y lloró. Dijo “no, no”.
Después de cuatro meses de juicio, el Tribunal lo condenaba a seis meses y seis años de cárcel por violar y golpear a su ex novia, una abogada 20 años más joven que él, dos hechos de abuso con acceso carnal en concurso con lesiones leves, la misma pena que había pedido en su alegato el día 6 de este mes la fiscal de juicio Luz Castany, tras un extenso alegato. La víctima fue querellante en el caso: desistió de su querella al comienzo del juicio, desgastada, adujo motivos médicos. Sin embargo, su denuncia fue la clave. La presentó en 2017, primero ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, recibió una prohibición de acercamiento, luego instó la acción en la Justicia penal. El juez Hernán López, hoy camarista, procesó a Castro, le creyó a la víctima que sostuvo su relato con pruebas y pericias: la Sala VII de la Cámara ratificó su decisión.
Hubo pocos periodistas en la sala el día de hoy, considerando la significancia institucional del caso. Castro había sido jefe de la UFISEX, el sector de la Procuración dedicado a investigar delitos sexuales contra niños, designado por el fallecido ex procurador Esteban Righi, encabezó fiscalías de juicio como acusador, integró el equipo original que enfrentó al portero femicida Jorge Mangeri. Dio charlas, publicó papers, era alguien reconocido. Intentó ser juez en 2017, camarista federal, con un pliego de recomendación firmado por el ministro Germán Garavano, pero su intento en el Senado fracasó, con políticos importantes que se arrollaban los labios mientras miraban.
Dos motivos le cerraron el paso esa vez. El primero, una denuncia de acoso laboral de una ex empleada de una fiscalía que encabezó, con tratos denigrantes, desagradables, de tinte sexual, aún cuando estaba embarazada. La denuncia de esta empleada había sido presentada internamente en la Procuración, lo que sería un primer testimonio de tantos. El segundo fue peor. Un abogado presentó un informe con una serie de capturas de pantalla de Twitter que databan de febrero de 2014. “Donde estás hermosa”, le decía una cuenta atribuída a Castro a una chica en febrero de 2014.
Esa chica, oriunda de Chaco, era menor, tenía, aparentemente, 15 años.
Eran pocos los periodistas, pero los curiosos se acercaban a preguntar igual, empleados del palacio de Talcahuano tras el horario de cierre judicial. Venían y preguntaban porque el WhatsApp los apuraba. “Todo el Poder Judicial habla de esto", dijo uno, joven, de saco sport. Fue así durante los dos años del caso, con Infobae que se convirtió, durante la mayor parte del transcurso de la causa, en el único medio que mantenía las novedades. Curiosamente no hubo comunicados de repudio de ninguna organización o sindicato relacionado a la Justicia penal. Pero el WhatsApp apuraba de todas formas. No todos los días condenaban a uno del edificio, uno de los propios.
Todos se acercaban para dar su opinión sobre Castro, con varios adjetivos. El 5 de noviembre, un día antes del alegato de la fiscal Castany, el procurador interino Eduardo Casal firmó el pedido de juicio político en su contra que podría destituirlo más allá de la condena. El informe interno de la Procuración fue compilado durante más de dos años por la fiscal federal marplatense Laura Mazzaferri y su equipo: siete testimonios de víctimas, acoso sexual y laboral. Hay cosas denigrantes en el documento.
El Tribunal Nº8 dejó libre a Castro, que nunca fue detenido a pesar de la gravedad de la acusación en su contra, seguirá así hasta que su sentencia quede firme. Cuando eso ocurra, Castro deberá, por decisión del Tribunal, entregar una muestra de su ADN al Registro de Datos Genéticos de abusadores del Ministerio de Justicia, algo que ya hicieron condenados célebres como Jorge Mangeri o el cura Julio Grassi.
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