El asesinato de su madre lo hizo heredero de una fortuna: ahora un escribano, un abogado y su vecino van a juicio por quitarle más de $58 millones en propiedades

Lo primero que le llamó la atención el 21 de agosto de 2009 a Roberto Sartajas fue que cuando se bajó del colectivo que lo llevaba desde Trelew a la localidad de Gaiman en la provincia de Chubut, su mamá adoptiva, Ana María Fontana, no lo estaba esperando como siempre en la parada. Roberto caminó hasta la chacra en la que vivían en las afueras del pueblo y cuando llegó no notó nada extraño, salvo que no había rastros de Ana María por ninguna parte.

Esperó a que su mamá volviera durante tres días. Recién entonces decidió ir al pueblo a hacer la denuncia por la desaparición. Ana María Fontana era una persona reconocida en Gaiman, había sido maestra muchos años en uno de los colegios de la localidad y en 2009 tenía 67 años, con el cargo de secretaria en el Consejo de Administración de la Cooperativa Agropecuaria de la zona. El 25 de agosto, efectivos de la Seccional Tercera de Trelew encontraron el auto de Fontana abandonado en el Parque Industrial Pesado de esa ciudad, sin el estéreo. Se encontró una huella dactilar en la palanca de cambios, pero no había rastros de la docente.

Dos días después, el 27 de agosto, una mujer anónima llamó a la policía. La voz al otro lado del teléfono señaló a dos vecinos de Gaiman como los presuntos asesinos de Fontana, a pesar de que aún no había un cuerpo y el caso seguía adelante como una “desaparición de persona y averiguación de paradero”. Dio los nombres de Diego Domínguez y René Arriagada. La huella digital encontrada en el auto fue cotejada con las dos personas y resultó positiva: pertenecía a Domínguez.

El 7 de septiembre luego de varios rastrillajes que incluyeron zonas como el río Chubut, efectivos policiales encontraron el cadáver de Fontana en una cantera abandonada a 8 kilómetros de Trelew, por la ruta 8, camino a la localidad de Telsen. Había cuerpo, había sospechosos, pero no había móvil del crimen. Sartajas, el hijo adoptivo de la maestra, no pudo precisar si faltaba algo de su casa. Se pensó en una suma de dinero que pudiera tener escondida la mujer, en una discusión que se fue de las manos, pero nunca pudo probarse nada.

Lo cierto es que Ana María, más allá de cualquier apariencia, era una mujer rica. A fines del mes pasado, diez años después, comenzó en el Tribunal de Trelew un proceso oral y público por una estafa que comenzó poco después de su muerte y que tiene como protagonista a Roberto, su único heredero, el hijo adoptivo que recibió más de $58 millones en tierras y propiedades tras la muerte de su madre.

Una herencia millonaria y la supuesta estafa al joven heredero

Ana María, según repasan los documentos del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut, era la única que se encargaba del control de los bienes a su nombre, del cobro de alquileres, del pago de deudas y manejo de los fondos depositados en entidades bancarias.

El crimen de su mamá obligó a Roberto a realizar los trámites sucesorios y fue recién allí que se enteró que era el único heredero de doce propiedades localizadas en Gaiman, Trelew y Playa Unión, además de dos autos, uno de ellos el que había sido abandonado en el Parque Industrial Pesado trelewense. Todo se calculó en un valor cercano a los $58 millones de pesos.

Sería a mediados de 2011, cuando el caso y sus consecuencias eran de público conocimiento en la pequeña localidad galesa de Gaiman, que Roberto conoció a la persona a la que acusa de haberlo estafado: Diego Sebastián Armocida.

Armocida, hoy de 54 años, tenía en aquel momento una panchería en la plaza central de Gaiman. Poco a poco se fue ganando la confianza de Sartajas, que había quedado totalmente solo y que creyó en sus intenciones, para ayudarlo a afrontar una vida que entonces se le presentaba como un interrogante absoluto.

Antes del final de ese año, a pocos meses de conocerse, Armocida le contó a Roberto que lo estaban desalojando de la chacra donde vivía y le preguntó sobre la posibilidad de ocupar un espacio en su propiedad. Sartajas accedió y su nuevo amigo, se mudó al nuevo hogar, cambió cerraduras, se hizo dueño.

Armocida no tardó mucho más en comenzar a interesarse por los bienes de la sucesión, pedía ver las escrituras y los contratos de alquiler, todo con el fin de ayudar a Sartajas a administrar todo ese capital que se había hecho suyo de la noche a la mañana, tras el brutal asesinato de Ana María.

Así, el panchero de la plaza del pueblo lo convenció finalmente de cambiar de abogado, para lo que era necesario firmar papeles, y entre otros trámites le hizo otorgar un poder judicial en la escribanía de Agustín Ojeda Ton al abogado local Daniel González. Los tres son los principales acusados en el juicio oral por estafa que comenzó el 30 de octubre pasado y a ellos se suma Aristóbulo Villegas, quien administró un inmueble de Sartajas, que más tarde vendió valiéndose de un poder.

En mayo de este año, en las audiencias preliminares, se dio además una particular discusión: si Sartajas estaba en pleno uso de sus facultades, ya que sus representantes, el abogado Juan José Servici y la defensora de menores, Ivana Baskov, alegan que sufre un retraso madurativo, por lo que las figuras que enfrentan sus supuestos estafadores son por “la captación de un incapaz”.

En esta línea, un informe elaborado por una psicóloga, un forense y una experta en Trabajo Social, determinó: “No puede vivir solo, no puede casarse ni realizar transacciones comerciales, no puede dirigir ni administrar sus bienes aunque conoce el valor del dinero y puede comprar y vender para satisfacer sus necesidades básicas”. “No puede celebrar contratos, participar en sociedades ni decidir respecto de sus bienes pero sí en su vida personal; puede cobrar pero no administrar salarios y puede trasladarse por la vía pública solo”, agregaba.

Desde la defensa de los acusados expusieron que otros profesionales trabajaron con Sartajas y nunca detectaron una incapacidad. Por eso contrapusieron el informe de una junta médica de 2018 con intervención de todas las partes, psicólogos y psiquiatras, del que se desprende que el joven “tiene capacidad intacta para realizar abstracciones y comprender el manejo del dinero más allá de operaciones simples, maneja herramientas informáticas administrativas y adquirió habilidades, y gestiona y administra alquileres con asistencia de un individuo de confianza”.

Luego de un análisis expuesto ante la Justicia de escrituras y documentos de interés para la causa, surgió que Armocida y Sartajas fueron socios con una empresa dedicada en los papeles a la gastronomía y constituida según el Boletín Oficial como Finca Fure SRL y que recién en el año 2014, al separarse, tuvo lugar la denuncia del heredero. La defensa alega que la intención del joven fue evitarse el cobro de los honorarios de los abogados que lo representaban en las sucesiones de su herencia, y que trató de enajenar los bienes y vaciar su propio patrimonio para evadir las deudas que tenía de luz y distintos impuestos. Según esta versión, Armocida sería apenas un "prestanombre”.

El juicio sigue en curso desde el 30 de septiembre pasado. El tribunal está integrado por Fabio Monti, María Tolomei y César Zaratiegui, con el fiscal general Fabián Moyano. Armocida y el abogado González cuentan con defensores oficiales.

El brutal crimen de Ana María Fontana y un caso plagado de interrogantes

De la muerte de Fontana en 2009 nunca se comprobó el móvil, ni el lugar. De acuerdo a la autopsia realizada una década atrás por los médicos Leonardo Naccarato y Herminio González, integrantes del Cuerpo Médico Forense de Puerto Madryn, la víctima fue estrangulada con una cuerda fina, produciendo su muerte por asfixia mecánica. El cuerpo presentaba indicios de haber sido depositado en la cantera desde hacía varios días antes de ser encontrado, por lo que no se pudo extraer del mismo ninguna huella. Tampoco se supo nunca en qué lugar fue asesinada.

Una extenuante investigación antecedió al juicio en septiembre del 2010. La audiencia de debate estuvo presidida por los jueces Darío Arguiano, Alejandro Defranco y Raquel Tasello. Se logró culpar a Diego Domínguez, condenado en primera instancia a 21 años de prisión y absolver a su hermano Jorge Domínguez -quien había sido señalado como coautor- y a un remisero local, René Arriagada -el otro nombre que una voz anónima le había dado a la policía pocos días antes de hallarse el cuerpo-.

El fiscal César Zaratiegui intentó sostener en el juicio su acusación por homicidio criminis causa -que prevé la prisión perpetua-, tratando de probar que Diego Domínguez fue a la casa de la docente con intenciones de robo, matándola para evitar que lo denunciara. Pero en su alegato final el mismo Zariategui cambió la acusación, basándose en el testimonio de la cuñada del principal acusado, que dijo que ese día su pariente político había ido a pedirle trabajo a Fontana y que esta lo había maltratado.

La nueva hipótesis presentada por el fiscal señalaba ahora que en ese intercambio la mujer de 67 años llegó a rasguñar al acusado, momento en que él la habría empujado, lo que llevó a que se golpeara la cabeza en la caída. Cuando Fontana estuvo casi inconsciente la estranguló con el cordón de la zapatilla. Cargó el cuerpo en el auto, lo abandonó en una cantera y limpió sus huellas. Se llevó el estéreo, el que intentó vender poco después.

Tras este giro el Tribunal no logró sostener la anterior acusación y lo condenó por homicidio simple en concurso real con robo. Domínguez recibió una pena de 21 años de prisión, sentencia que sería revisada en 2011 por los jueces de la Cámara Penal de Trelew, Rubén Portela, Florencio Minatta y Mónica Rodríguez, que aunque sostuvieron el veredicto de culpabilidad, bajaron la pena a 18 años.

Domínguez siempre acusó de lo ocurrido al remisero Arriagada, diciendo que este le había pagado $1.500 pesos para deshacerse del cuerpo y del auto. “Solo quiero decirles que soy inocente y el verdadero asesino está libre”, aseguró según recogen las crónicas policiales de la época del Diario Jornada, sobre el final del juicio.

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