“52 presos donde entran 12”: la comisaría de la fuga en Quilmes estaba inhabilitada por la justicia

En febrero de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió cautelares sobre 15 comisarías de la provincia de Buenos Aires luego de que comprobara la existencia de riesgo de vida y contra la integridad física de los presos. Aseguró que “no son lugares apropiados para la permanencia prolongada” y advirtió que “la información aportada por el Estado no permite establecer que los factores de riesgo hayan sido mitigados o que hayan desaparecido”. Por eso, exigió medidas urgentes. Dentro de ese grupo está la comisaría tercera de Quilmes, la dependencia policial que esta semana quedó en el foco de atención tras ser escenario de la insólita fuga de 11 presos. Se trata de un lugar con varias denuncias por hacinamiento, malos tratos y hasta inhabilitaciones de la justicia.

Más allá del escape en sí, cuya mecánica aún no fue del todo esclarecida y que involucraría la participación de parte del personal policial, lo sucedido allí volvió a dejar al desnudo la grave situación que atraviesa el Sistema Penitenciario Bonaerense en general y las dependencias policiales en particular. Es que a pesar de las denuncias y presentaciones de organismos como el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la misma CIDH, las cosas no mejoraron. “El mes pasado hicimos una nueva denuncia porque el Estado Nacional y Provincial no hicieron nada. Incumplieron lo que la Comisión ordenó”, dijo a Infobae Eva Asprella, abogada y coordinadora del CELS.

En la nueva presentación elevada ante el organismo que depende de la OEA, que también lleva la firma de la CPM y del defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia, los datos son lapidarios. Después del incendio en la Comisaría de Esteban Echeverría ocurrido hace exactamente un año y en donde murieron 10 presos, el gobierno bonaerense decidió el traslado masivo de detenidos desde las dependencias policiales hacia otros lugares de alojamiento, principalmente cárceles de la provincia. Esto supuso una reducción de presos en comisarías, cifra que bajó en enero de 2019 a 3.191 (en diciembre de 2018 habían 4.129 reclusos).

Sin embargo, para septiembre pasado se superó nuevamente el umbral de las 4.000 personas. Al 30 de septiembre había un total de 4.032 detenidos en 285 comisarías. Según datos del Ministerio de Seguridad provincial, reseñados en la presentación a la que accedió Infobae, dichas comisarías cuentan con una capacidad para 1.233 personas, lo que equivale a una sobrepoblación del 227%.

Otro dato que da cuenta del problema es el incumplimiento de las decisiones de la justicia. De las 285 comisarías informadas, 121 (42%) fueron clausuradas (41 con inhabilitación judicial, 41 con inhabilitación ministerial y 39 con ambas). Todas las dependencias inhabilitadas alojan detenidos. Es decir que hay 1.497 personas detenidas en comisarías inhabilitadas, lo que representa el 37% del total de presos en las dependencias. Según datos de Procuración de la Provincia reflejados en el documento, el 35% de las investigaciones penales iniciadas por incumplimiento fueron archivadas, 24% fueron desestimadas y 36% siguen en trámite. Esto explica en parte por qué se siguen usando estas sedes policiales para alojar detenidos.

Hacinamiento, presos por meses y clausura judicial en la Comisaría de la fuga

Particularmente, la situación en la Tercera de Quilmes es grave y cuenta con una historia de denuncias previas, incluso de vecinos del barrio, quienes aseguraron “escuchar gritos de presos dentro de la comisaría”. De acuerdo con datos del CELS, la Defensoría de Casación y la CPM, en agosto y septiembre, la dependencia contó 48 y 55 detenidos respectivamente. “Se advierte una situación similar durante el resto del año”, agregó la abogada.

No es lo único. Según supo Infobae, el Tribunal Oral Criminal 2 de Quilmes, en abril de 2017, la inhabilitó por las pésimas condiciones de alojamiento, aunque un mes después permitió que albergara hasta 12 personas de manera no permanente. Al momento de la fuga del miércoles había 52 internos dentro de sus celdas, con reos que llevan hasta un año detenidos, como el caso de un hombre que luego de ser entrevistado por el profesionales del CELS, manifestó que estar preso desde 2018 sin poder ver a sus hijos.

De un relevamiento que hizo la Defensoría del Tribunal de Casación surgió que en cuanto al hacinamiento y las condiciones materiales, se recibió el reclamo de que para el 23 de septiembre se encontraban 56 detenidos dentro de la comisaría pese a la clausura judicial. Además, “se verificó que la ventilación del lugar es deficiente, con celdas que cuentan con una entrada mínima de aire”.

Denuncian también que incluso la comunicación con los detenidos se dio a través de un vidrio con una pequeña rejilla, lo cual “tiene especial relevancia si se tiene en cuenta la solicitud de la CIDH del establecimiento de planes de emergencia ante cualquier eventualidad”. Comprobaron que no hay luz natural en la dependencia y las instalaciones eléctricas que proveen de luz artificial son inseguras e irregulares. “Respecto a la comida, los reclamos se relacionan no solamente con la calidad, sino también con la cantidad, pese a los diversos informes de empresas de catering que proveen entre 2 a 3 comidas diarias”, agregó el informe.

Los calabozos están divididos en cuatro partes que alojan detenidos, pero tienen un pasillo y entrada común. Hay una celda, donde en algún momento se alojaban contraventores, pero no se utiliza en la actualidad. Según les informó un subcomisario, existen entre 15 o 20 colchones ignífugos y que en cuanto a la atención médica, los detenidos son llevados al Hospital Iriarte. “Si tienen que tomar medicamentos, éstos deben ser comprados por los familiares”, agregó el informe.

No es la primera vez que esta comisaría se ve envuelta en un escándalo. En enero de este año, Miguel Ángel Coch asumió el mando luego de que la dependencia fuera intervenida y de que removieran a cinco agentes. Todo por la denuncia por amenazas y extorsiones efectuada por ciudadanos bolivianos, quienes fueron allanados a raíz de una causa por falsificación de marca en la que, efectivamente, encontraron un taller de ropa clandestino en el que cinco compatriotas trabajaban y vivían hacinados. Según los denunciantes, los efectivos habrían obligado a los extranjeros a abonar una importante suma de dinero para que no cambiaran la carátula a “trata de personas”. Además, acusaron a los policías de haberlos golpeado en presencia de una fiscal.

El nuevo escándalo de esta semana, en el que se sospecha que hubo complicidad del personal que trabaja en la dependencia, otra vez se llevó puesta a la cúpula. A raíz de la fuga de los 11 presos, el comisario Coch, su segundo, Rubén Darío Banegas y los oficiales de servicio, Jorge Fabián Omar Yolan, Elías Nicolás Castillo y el ayudante de judiciales, Matías Javier Gómez, fueron echados.

La respuesta del Ministerio de Seguridad bonaerense

Desde el Ministerio que comanda Cristian Ritondo, dijeron a Infobae que enviaron oficios a todos los juzgados pidiendo que saquen a los presos y particularmente a la justicia de Quilmes. En mayo de este año, la cartera de Seguridad alertó al Departamento Judicial de ese partido sobre la situación de “sobrepoblación” en los calabozos policiales de esa jurisdicción y la gran cantidad de presos de más de 48 horas que no fueron integrados al SPB.

Esto “implica una grave riesgo para los detenidos y el personal policial encargado de su custodia (...) y ello sin considerar las complicaciones en el normal y correcto desempeño que se le asignara a las mismas”, dice el escrito que envió el Ministerio.

“La cantidad de detenidos en comisarías se incrementó debido a que aumentaron los operativos policiales. Actualmente contamos con 1.307 camas. Se puso en valor 48 comisarías y actualmente 2 están obra. Se ganaron con este trabajo 151 plazas, y cuando se termine las obras se sumaran 15 plazas más, llegando a un total de 166 plazas. Ademas, en las próximas semanas se dispondrá de 1248 plazas más en las nuevas alcaldías”, dijeron a este medio.

El Tribunal de Casación Penal de la Provincia dio a conocer el mes pasado un documento sobre las condiciones de detención en el ámbito provincial. El documento cuenta con una primera parte de diagnóstico de la situación y una segunda con una serie de propuestas.

El informe es crudo. Reafirmó la grave crisis humanitaria que sufren los detenidos tanto en el ámbito del Servicio Penitenciario como en dependencias policiales. Sostiene que hay 48.827 detenidos en el ámbito del SPB y que eso indica un nivel de superpoblación del cual derivan condiciones de hacinamiento peligrosas, que imposibilitan no sólo la asistencia básica y ambientes dignos sino que atentan contra la integridad física. Menciona también la tasa de encarcelamiento que pasó de 182 en 2011 a 308 cada 100.000 habitantes en 2018.

En ese sentido propuso el desalojo inmediato de personas alojadas en comisarías clausuradas y la prohibición de rehabilitación, además de la necesidad de tomar decisiones tendientes a disminuir las prisiones preventivas y otras medidas de coerción. También recomienda la creación de espacios de control para bajar el nivel de sobrepoblación y evitar que esta situación vuelva a ocurrir en el futuro. Por ahora, sólo ideas y buenos deseos. “Menos mal estos presos se escaparon”, concluyó Asprella. De los 11 presos que escaparon el miércoles, dos fuero recapturados y llevados nuevamente a la Comisaría Tercera de Quilmes.

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