La historia de violencia de “Tronqui”, el policía que mató por la espalda a un menor de edad

Más de 12 denuncias en su contra por apremios ilegales, doble suspensión de empleo, cuatro arrestos y sanciones disciplinarias de los más diversos calibres. Los antecedentes de Francisco Aldo Olivares, el policía de 43 años que disparó y mató por la espalda al joven Lautaro Saucedo, reflejan la trayectoria de un efectivo marcado a lo largo de toda su carrera por el ejercicio de la violencia policial.

Con un prontuario cargado de diferentes delitos, el inspector de la policía de Santa Fe se enfrenta, en prisión preventiva, a una posible expulsión de la fuerza y a una pena de varios años en prisión por el homicidio del joven de 17 años, ocurrido el martes 29 de octubre en plena calle del barrio Guadalupe, en la ciudad de Santa Fe.

Olivares, que en ese momento se encontraba trabajando de manera irregular e ilegal como seguridad privada de una repartidora de gaseosas, asesinó de un disparo a Saucedo luego de que el joven intentara robarle –y luego se arrepintiera de ello– a una mujer de 73 años en plena calle.

Saucedo recibió un disparo en la columna, lo que le produjo la rotura de una vértebra y lesiones internas mortales. El proyectil perforó el hígado y dañó la vena cava, lo cual produjo una hemorragia interna imposible de frenar. Murió horas después mientras era atendido en el Hospital Cullen.

Después de unos días de lo sucedido, medios provinciales publicaron material de las cámaras de seguridad de uno de los negocios de la calle, que permitieron develar cómo el policía Olivares, en los cálculos de la Justicia, rompió con todos los patrones de protocolo policial en la detención de un presunto ladrón y en el uso de la fuerza.

En primer lugar, el policía ejercía como seguridad privada de una repartidora de gaseosas de manera irregular. Para poder ejercer tal función de manera paralela al trabajo en la fuerza pública se necesita una autorización específica de la Jefatura de Policía provincial a través de los Servicios de Policía Adicionales. En este caso, la contratación de Olivares se había dado de manera directa y sin la mediación de la fuerza.

Sin portar el uniforme policial, Olivares ni siquiera dio la voz de alto antes de disparar por la espalda al joven. Según pudo averiguar Infobae, el policía declaró en la propia audiencia que gritó “¡Ey!”, antes de efectuar el disparo con su arma reglamentaria .9 mm y no enunció “Alto, policía”, ni se identificó de ninguna manera.

Como si fuera poco, los dos relatos que brindó la mujer de 73 años en la audiencia y el propio video permitieron concluir que Saucedo nunca llegó a robarle.

Según su declaración oficial, la mujer aseguró que venía caminando por la calle Risso cuando escuchó que desde atrás le dijeron “Dame la bolsa”. En un principio pensó que se trataba de una broma de un conocido del barrio, pero luego se dio cuenta de que era un joven que le intentaba robar.

De acuerdo a su declaración, después de forcejear, la mujer le explicó al joven que en el interior de la cartera sólo contenía “libritos” de catálogo de una conocida marca de cosméticos que ella se dedicaba a vender por el barrio y le rogó que no se los robara porque era uno de sus pocos ingresos. Así, el joven se dio media vuelta y empezó a marcharse.

La mujer declaró que lo llamó nuevamente al chico y le ofreció darle algo de plata para que se pueda comprar comida. Lautaro Saucedo la aceptó y se fue. A los pocos segundos cayó tendido a causa del disparo efectuado por Olivares.

La trama del dinero, de esos pocos billetes, representa otro factor que complicaría aún más a Olivares. La mujer aseguró que le dio al chico entre 180 y 200 pesos; sin embargo, al momento del traslado del joven al hospital, la víctima sólo tenía 35 pesos entre sus pertenencias.

Los dos efectivos policiales que actuaron en la escena aseguraron no haber encontrado ni un peso entre la indumentaria del joven a su llegada al lugar. Todo parecía un misterio, hasta que se tomó declaración a dos testigos que afirmaron que el propio Olivares fue el que tomó el dinero que había otorgado la mujer a Saucedo y que él dejó tirados a último momento los 35 pesos junto al cuerpo del joven baleado.

Una vez que se produjo la detención, se pudo acceder al legajo de Olivares y se comprobó que el acusado del homicidio contaba con un historial ligado a la violencia policial y a una pésima reputación dentro de la fuerza de seguridad santafesina.

Según pudo saber Infobae, Olivares cuenta con más de doce denuncias en su contra por casos de apremios ilegales, causas por emplear violencia excesiva a la hora de detenciones, controles policiales o dentro de las mismas comisarías. Además, cuenta con cuatro arrestos disciplinarios (por órdenes administrativas, no judiciales) ocurridos en 1998, 2002 (en dos oportunidades) y 2004. Los motivos de los mismos no fueron revelados.

Además, recibió el castigo de “suspensión de empleo” en dos oportunidades, en 2017 y 2018, sin que se especificaran las causas. Se trata de la segunda sanción administrativa policial más grave, después de la destitución de la fuerza, y un apercibimiento grave, en 2015, a raíz de “usurpación de títulos u honores”: durante un procedimiento se hizo pasar por subcomisario, cuando su jerarquía es de inspector.

Además, en junio de 2014 recibió una denuncia en su contra por abuso de autoridad: se trató de un caso de un joven al que vecinos de un barrio intentaron linchar en la vía pública y que, según su familia, la golpiza continuó por parte de los efectivos dentro de la comisaría. En ese momento, Olivares comandaba ese operativo.

Desde marzo de 2017, Olivares, al que en la fuerza se lo apodaba “Tronqui”, se desempeñaba en cargos administrativos en el Centro de Comunicaciones Policiales de Santa Fe (CenComPol). Pertenecía a la Unidad Regional "V" del Departamento de Castellanos, asentado en la ciudad de Rafaela.

Sin embargo, durante sus más de 22 años en la fuerza pública pasó por una enorme cantidad de destacamentos y funciones por toda la provincia. Se inició como cadete en 1997, luego formó parte del Comando Radioeléctrico, patrullas de camino, dirigió comisarías y subcomisarías. Formó parte de la Unidad Regional 1 (que contempla a la capital provincial), en la unidad regional 7ª y en la 5ª. También integró personal de Alcaidía en el control de personas detenidas y formó parte de la división de sustracción de automotores.

Según confirmó una fuente cercana al Ministerio de Seguridad de Santa Fe, es común que aquellos efectivos policiales con un prontuario tan extenso y polémico sean trasladados de una dependencia a otra. Ningún departamento quiere contar con ellos en sus filas. Todos quieren evitar futuros problemas.

A raíz del asesinato de Lautaro Saucedo, los fiscales que llevan la causa, Ezequiel Hernández y Martín Torres, imputaron a Olivares por el delito de homicidio triplemente calificado por el uso de arma de fuego, por alevosía y por haber abusado de su función como miembro integrante de una fuerza de seguridad. Por esa acusación, el policía se enfrentaría a una potencial pena de cadena perpetua. Además, solicitaron la prisión preventiva para el acusado.

En tanto, la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) en primera instancia, Rosana Carrara, ordenó la prisión preventiva sin plazo del inspector hasta la celebración del juicio, aunque sólo dio por acreditado el homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Eso supondría una pena de entre 10 y 34 años para Olivares.

“Si bien la jueza no dio por acreditados los agravantes, desde la fiscalía todavía sostenemos que califican y que por eso correspondería una pena de prisión perpetua”, le dijo el fiscal Hernández a Infobae.

Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe se estudia el caso específico de Olivares. En principio se lo pasó a disponibilidad y ya se inició el proceso de investigación para determinar su posible destitución de la fuerza.

Gracias a un decreto firmado en 2018 por el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, se logró acelerar los procesos de los sumarios administrativos dentro de la fuerza. Se estima que en unos pocos meses se podrá determinar la expulsión del inspector Olivares.

“En este caso puntual, la destitución es casi cantada. Esta persona estaba haciendo una custodia no autorizada, no tenía indumentaria distintiva, no dio la voz de alto… es muy posible que lo condenen”, reveló una fuente cercana a la cartera de Seguridad de Santa Fe.

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