Los abogados de los acusados del crimen de Mario Agustín Salto, el niño de 11 años secuestrado, violado y descuartizado en 2016 en la localidad santiagueña de Quimilí, pidieron este lunes la nulidad del procedimiento en el que se utilizaron perros para detener a los sospechosos.
El planteo fue expuesto durante una audiencia en la Cámara de Apelaciones y de Control en lo Penal de Santiago del Estero integrada por los jueces Sandra Generoso, Raúl Romero y Cristian Vitta.
Se trata de la causa en la que la jueza Rosa Falco dictó los procesamientos de Miguel Ángel “El Brujo” Jiménez, acusado de ser el autor intelectual del crimen; y su esposa Arminda Lucrecia Díaz, docente y directora de una escuela rural de Quimilí, como “partícipe necesario de homicidio triplemente calificado”.
El mismo planteo se efectuó por el procesamiento del hijo de la pareja, Miguel Ángel Jimenez, quien fue acusado de “encubrimiento” aunque recibió el beneficio de la excarcelación extraordinaria.
También fueron cuestionados y apelados los procesamientos de Rodolfo “Rody” Sequeira, acusado del secuestro del niño; Daniel “Chicho” Sosa, quien inicialmente declaró como un testigo de identidad reservada; y Ramón “Burra” Rodríguez, que cumple prisión domiciliaria por razones de salud.
Las defensas volvieron a cuestionar “la utilización de perros rastreadores de Río Negro y San Luis para ‘marcar’ un santuario en la casa de Juárez en la que se sospecha que el niño fue asesinado en un ‘rito satánico’, en un procedimiento al que no fueron convocados las partes que intervienen en el proceso judicial”. Además también denunciaron que antes de dictar los procesamientos, la jueza no hizo entrega de documentación de la causa ordenada por un tribunal de alzada.
Asimismo, los defensores refirieron que los cotejos de ADN realizados a todos los detenidos arrojaron resultados “negativos”, lo que motivó reiterados pedidos de excarcelaciones para los apresados, los cuales fueron rechazados en forma reiterada, incluso por el Superior Tribunal de Justicia provincial.
Por su parte, el padre de la víctima, Mario Salto, volvió a indicar que la causa judicial “sigue parada, sin avances, a pesar del tiempo transcurrido”.
El niño fue hallado asesinado, violado y descuartizado el 2 de junio de 2016, dos días después de haber desaparecido cuando iba a pescar a una represa de Quimilí, población rural ubicada unos 220 kilómetros al sureste de la capital santiagueña.
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