La mujer separada de sus hijos e internada a la fuerza cuenta su dramática historia tras escaparse del Moyano: su lucha por reunir a su familia

Las pastillas vinieron tres veces en un día, entregadas por una enfermera en la guardia del hospital Moyano. Myrian Melgarejo ya había despertado de la inyección y de la medicación que le habían hecho tragar horas antes en el hospital Argerich para sedarla y trasladarla al psiquiátrico de Barracas. Myrian, oriunda de Carapeguá, Paraguay, a 85 kilómetros de Asunción, migrante, madre sola de dos hijos de nueve y un año, no iba a tragar más pastillas de nadie. Se las metió bajo la lengua, intentaba que no se desintegren, luego las escupía. Cerca de la noche, Myrian tomó coraje y vio la puerta, aceleró el paso y corrió. El Moyano es una institución de puertas abiertas, pero nadie le dijo que parara, que se quedara ahí. "Y me subí a un taxi, me fui, a lo de mi cuñada, que guarda mi plata. Las pastillas que me daban las tiraba, lo que hacían era incorrecto”, dice Myrian: “Me estaba preparando para escaparme y buscar a mis hijos”.

Horas después, una psiquiatra de la institución denunció su fuga a la comisaría 4D de la Policía de la Ciudad, donde quedó asentado que Myrian había sido internada por un diagnóstico de “descompensación psicótica”. La psiquiatra también dejó constancia que Myrian es “sumamente violenta, razón por la cual debe ser medicada”.

Myrian había vivido durante el último tiempo junto a sus dos hijos en el Hogar 26 de Julio para mujeres en la avenida Belgrano, barrio de Montserrat. El 4 de septiembre pasado, una ambulancia del SAME fue enviada al Hogar junto con un patrullero de la Policía porteña. Una denuncia que provenía del lugar aseguraba que Miriam estaba “fuera de sí”, en un estado de excitación psicomotriz. Según afirmaron policías a Héctor Alejandro Carrá, el médico del SAME que la atendió, dos “abogados” habrían llegado para “quitarle a los chicos”, lo que le provocó una crisis.

Tiempo después, Miriam terminó internada en el Argerich, donde se le requirió una evaluación psiquiátrica. Sus dos hijos la acompañaron. La internación le generó una tensión considerable a los menores, particularmente al mayor, que asistía a la escuela y no pudo volver.

A los chicos finalmente se los quitaron. El martes 26 de septiembre por la madrugada, dos abogados del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad llegaron para llevarse a los menores, contaban con un oficio firmado por una abogada de la guardia jurídica permanente de la institución. Los hermanos serían alojados en hogares de tránsito, separados el uno del otro, algo que prohíbe la normativa vigente. Myrian fue sedada, luego se la llevaron.

A la mañana siguiente, una médica del hospital formuló una denuncia en la Defensoría del Pueblo. La médica aseguró que no había motivo para que le quiten a los chicos. Tampoco para que la internen a ella. La evaluación original del SAME hablaba en términos similares. Lo que firmó y selló el doctor Carrá no habla de una mujer demente, sino de una mujer empujada al borde por la situación que enfrenta. “Neurosis de angustia reactiva a estímulos externos compatibles a fallas del sistema”, dice el documento. “Paciente ubicada y en tiempo y espacio. A la consulta se presenta coherente, sin delirios”, continuó la evaluación.

Entrevistado por Infobae, el médico Carrá aseguraba: “Está muy lejos de ser una paciente psiquiátrica”. Toda la situación, que el Estado venga, le quite los hijos a una mujer y la envíe a una internación, le parecía draconiana: “Realmente me han asustado estas situaciones después de más de 30 años de trabajar en la medicina”.

Mientras tanto, la Policía de la Ciudad emitía una alerta para la búsqueda de su paradero. Un juzgado civil se encargaba de su expediente y de la decisión del Consejo que la separaba de sus hijos, ya separados entre sí, enviados a hogares en San Martín y en Capital. Myrian quedaba fuera del radar, sin dar señales al Estado, temía otra inyección, o no ver a sus hijos nunca más. Contactó al médico Carrá eventualmente, el único en quien podía confiar. “¿Cuándo voy a ver a mis hijos? No puedo más”, le dijo a Carrá por teléfono: “Quiero que vean la foto de mi hijo más grande cuando yo lo hice entrar a una escuela privada, cuando le festejé su cumpleaños, quiero que lo vea todo el mundo”. Estaba en Guernica, en la casa de una amiga que le dio un lugar. Quería que la viesen como una buena madre.

De a poco salió. La Defensoría del Pueblo le dio su apoyo, con una abogada con un patrocinio. Su hermana Sonia llegó desde Carapeguá para acompañarla. Retomó un tratamiento con un psiquiatra en un Centro de Salud y Acción Comunitaria del Gobierno porteño. Llegó al CELS, que también le ofreció su apoyo. El Consejo de los Derechos de los Niños que decidió separarla de sus hijos ordenó una evaluación en el hospital Ameghino, un psicodiagnóstico, en vistas al proceso de revinculación. Le ofreció como medida momentánea que pueda llamar a sus hijos, al menor, el Consejo asegura que trabaja para reunir a los hermanos, que tuvo que separarlos dada la diferencia de edad, que requiere “abordajes y modalidades diferentes de atención”, que ya organizaron encuentros entre los hermanos. A Myriam Le dieron un número de teléfono del hogar donde está el más grande en un papel para que llame y hable, con un máximo de dos veces por semana.

Es el martes 15 por la tarde en San Telmo, bajo el puente de la autopista, un día antes de la evaluación, un paso crucial para que el Estado le permita volver a ver a sus chicos. Myrian tiene el papel de la cita en la mano con el membrete del Consejo. Dice que llama al hogar donde está su hijo mayor, pero que no le pasan nunca, le dicen que duerme o que no está. Se siente perdida en el sistema, una migrante y sus hijos comidos por la burocracia. “Desde el 24 de septiembre que no veos a mis hijos”, dice, entrevistada por Infobae. El Consejo le pide los documentos de sus hijos. Ella se niega.

Myrian dice: “Tengo miedo de que den al más chico en adopción”.

“Esto me pasó porque estoy sola, estoy acá sin familia y soy extranjera, siento que me tratan mal”, afirma. “Sé que mis chicos están separados y está prohibido que mis hijos estén separados. Hasta ahora sé que mi hijo más grande no está concurriendo a la escuela, mi hijos iba todos los dias a la escuela, es un buen alumno”.

Llegó desde Paraguay en 2007, “quería trabajar y terminar mis estudios”, asegura. Atravesó años atrás una historia de violencia: en 2016 realizó dos denuncias por lesiones leves contra un hombre que recayeron en el Juzgado Nº51 de acuerdo a información judicial, los datos disponibles no revelan una elevación a juicio, el Juzgado mismo se negó a responder la consulta de qué pasó con esas causas. Vivió un tiempo en el Bajo Flores con un hombre, luego consiguió un alquiler de una pieza en la Villa 1-11-14, trabajaba de costurera en un taller. Cuando estaba de siete meses de embarazo del más chico le dijeron que se tenía que ir, que no podía trabajar más. Su hijo mayor iba al taller después del colegio, el dueño se lo impidió. No era seguro que estuviera en el taller. Así, quedó en la calle y llegó al Hogar 26 de Julio, donde el SAME la encontró tras una llamada de alerta.

Mientras tanto, el Consejo de los Derechos de los Niños asegura que actuó dentro de sus potestades y funciones de preservar el bienestar de menores. Karina Leguizamón, abogada y su presidenta, afirma que existe “un informe psiquiátrico” que proviene del área de Salud Mental del Ministerio de Salud porteño y dice que Melgarejo debería estar “internada”: “Esta mamá tuvo una crisis. Entonces el Estado se hace cargo. No hay intencionalidad con respecto a esta señora, trabajamos con madres que viven en los hogares del Gobierno de la ciudad y vamos al llamado, no vamos puerta por puerta".

Leguizamón dice que el Consejo fue convocado por el Argerich. Sin embargo, una fuente médica en el hospital de La Boca que siguió de cerca el caso de Myrian asegura: “El Argerich tenía la orden de internarla en el Moyano desde antes que llegara al hospital, y durante muchos días resistió las presiones, hasta que un día un residente firmó el pedido de internación".

“Cuando empezamos a examinarlos nos dimos cuenta que la madre realmente no debía ser internada u que los chicos se encontraban en buenas condiciones de cuidado de parte de su madre decidimos que no se firmaría ninguna orden de internación a la madre y que los internaríamos en pediatría juntos hasta que se revirtiera la orden", continúa la fuente. Habla de supuestas presiones, y de algo, o alguien, que supuestamente cedió.

Myrian muestra fotos de sus chicos, el menor en su sillita de bebé, el más grande en un local de comidas rápidas, con su hermano a upa. “Mis hijos son pulcros”, dice, orgullosa, “el más grande es buen alumno”. Ya tuvo su entrevista con el CELS, al que acudió tras la nota con Infobae. El área de Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales encabezada por Macarena Sabin Paz busca tomar cartas en el asunto, espera leer el expediente del caso y sumarse al patrocinio de la Defensoría del Pueblo. “Es la voluntad institucional ponernos al servicio de su situación lo mejor que podamos hacer para que la mirada sobre su derecho a maternar y a volver con sus hijos no esté atravesado por ninguna mirada discriminatoria”, dice Sabin Paz, para que ejerza “su maternidad en igualdad”.

Myrian dice que confía en Dios, cree que no hay chance de que no vuelva a ver a sus hijos, el Consejo habla de un inicio del “proceso de revinculación”. A Myrian le suena a algo mecánico, extraño, algo del Estado robot que no le deja ver a los nenes sin explicarle bien por qué. Creen que la harán “pasar por loca”, para llevarse a sus chicos, que una familia que no es la suya espera al menor, de ojos claros, apenas un bebé. La evaluación del psiquiatra del CESAC, dicen desde el CELS, es positiva, pero la vuelta a Guernica es larga y el tiempo de Myrian sin sus hijos se hace largo también.

Fotos y video: Gastón Taylor

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