Ramón Pérez, Daniela López y Beatriz Manzanelli, tres de los tres agentes investigados por la muerte de nueve balazos del remisero Claudio Romano, recuperaron la libertad luego de que la Cámara del Crimen porteña ordenara sus excarcelacones.
La novedad se conoció este martes, cuatro días después de que la jueza Analía Gómez Maiorano negara su prisión domiciliaria, a diferencia de lo que sí había decidido respecto de las policías Daniela López y Beatriz Manzanelli, quienes volvieron a sus casas por ser madres de bebés lactantes.
Para los jueces Julio Lucini, Mariano González Palazzo y Magdalena Laiño, titulares de la Sala 5 de la Cámara del Crimen, no existe riesgo procesal ni de fuga en la situación de los agentes como para mantenerlos en prisión.
“En cuanto a los riesgos procesales, asiste la razón a la defensa en que al tramitar su pedido de prisión domiciliaria se realizaron los estudios pertinentes que dan cuenta de su arraigo y tampoco se advierte peligro de entorpecimiento desde que en la causa interviene otra fuerza preventora que ya realizó gran parte de la recolección probatoria”, explicaron los magistrados, ante la apelación de sus abogados defensores, puestos por la Policía de la Ciudad. No obstante, los jueces determinaron una caución de $100.000 y la obligación de comparecer una vez por mes al Tribunal para garantizar su presencia y su sujeción a derecho.
La excarcelación había sido avalada por el fiscal de instrucción Marcelo Retes. En cambio, el fiscal de Cámara se opuso a la decisión de los magistrados, al considerar el hecho que los tiene imputados como “de gravedad”.
Los jueces criticaron la demora de la jueza de instrucción Gómez Maiorano en definir la situación procesal. Ni Pérez, ni López ni Manzanelli tienen aún una imputación específica por el hecho ocurrido el 1º de octubre pasado en la calle Malabia al 900, en el barrio porteño de Villa Crespo, cuando mataron de nueve tiros a Romano, después de una situación confusa.
De acuerdo con el testimonio de los policías, Romano se acercó al patrullero donde estaban Pérez y Manzanelli con un arma blanca, herido y cubierto de sangre, e intentó acuchillar al agente varón, que estaba sentado al volante del móvil policial.
Inmediatamente, según se ve en uno de los videos que se filtraron, Romano va hacia la puerta del acompañante, donde estaba Manzanelli, quien le dispara a las piernas, al tiempo que Pérez dispara desde adentro del auto y la bala queda incrustada en el vidrio del patrullero.
Luego de recibir tres disparos, Romano cae al suelo y ambos policías descienden del coche. También se acerca López, que se había alejado para avisar al 911 que Pérez estaba herido (finalmente recibió un corte leve en una de sus manos).
El remisero quedó en el suelo. Según los policías, estaba “enajenado”. Pérez le pateó la cabeza pero no logró sacarle el cuchillo. Después de eso, según declaró López, Romano le lanzó desde el piso y herido su arma blanca y ahí fue rematado con una seguidilla de disparos, entre los que estuvo el mortal, que dio en su tetilla derecha.
La historia tiene dos momentos clave, dos nudos dentro de la incertidumbre: por qué los agentes acribillaron a un hombre que estaba herido de antemano y armado con un cuchillo, en lugar de reducir sus movimientos. Y también, qué pasó antes.
La Justicia no encuentra pruebas de lo que los investigadores llaman “la hora fantasma”: los 60 minutos previos a la escena final entre Romano y los policías. En algún momento de ese lapso de tiempo, el remisero, que a esa hora debía recoger un pasajero en muletas por una clínica de Villa Crespo y devolverlo a la zona de Lanús, sufrió seis heridas cortantes que llenaron su pecho y su cintura de sangre.
Se trata de seis heridas de poca profundidad que, según constataron los forenses, no eran mortales. En las declaraciones que los tres policías dieron a la jueza Gómez Maiorano, ellos aseguraron que Romano atacó en ese estado a Ramón Pérez por un espacio que quedaba entre el marco de la puerta del patrullero y la ventanilla, levemente baja. Portaba en su mano derecha una navaja de unos siete centímetros de largo, conocida como “Kerambit”, un modelo de cuchillo curvo oriundo de Asia.
La decisión de la Cámara del Crimen generó el repudio de la Coordinadora contra la Violencia Institucional (CORREPI) que forma parte de la querella en el caso. “Una de las pruebas contundentes de que el gatillo fácil es política de Estado es la conducta judicial, que aplica con toda naturalidad criterios bien diferentes según que los imputados vistan o no uniforme. Decimos hace años que, si se aplicaran al conjunto de personas acusadas de haber cometido delitos los mismos parámetros que usan cuando se trata de miembros de las fuerzas de seguridad, habría que recurrir a extras para que hagan de presos, pues las cárceles quedarían vacías”, dice un comunicado.
"La reciente excarcelación del policía de la Ciudad Ramón Pérez, autor de varios de los 9 disparos contra el trabajador Claudio Romano, y presumiblemente autor del disparo fatal, sólo confirma esa norma no escrita. Nos hacemos eco de las palabras de Lucía, compañera de Claudio, en nombre de su familia: “A Claudio lo mató la policía. Pedimos JUSTICIA y cadena perpetua para los asesinos con uniforme. Esto no tiene que pasar NUNCA MÁS”, agregó la institución.
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