Juan Carlos Monte cumplió con el ritual que desde hacía dos años realizaba el segundo sábado de cada mes. Ese 14 de septiembre, temprano a la mañana, Juan Carlos fue a visitar la tumba de su hermano Jorge que había fallecido tras ser víctima de un cáncer fulminante en abril del 2017. Ingresó al cementerio local de Villa Constitución, una localidad ubicada a unos a 55 km al sur de Rosario, y caminó por los estrechos pasillos del predio. Cuando llegó a la sepultura, se agachó para dejar las rosas que había comprado en la entrada. Juan Carlos vio que la lapida había sido cambiada: tenía el nombre de una mujer y además la tierra estaba removida. Poco tiempo después descubriría que por alguna razón alguien del lugar desenterró el cadáver de su hermano y lo metió en una bolsa para luego querer cobrarle $60.000 para volverlo a sepultar. Ahora dudan de que ese sea el cuerpo correcto y sospechan que pudieron haberlo extraviado.
“Cuando llegué vi que en la lápida de mi hermano Jorge decía el nombre de una mujer muerta este año Pensé que había sido un error. Creí que estaba mirando mal pero no, las coordenadas eran las correctas. Llevamos semanas luchando con esto que es muy desagradable, muy angustiante. No podemos más. Es revivir el dolor”, cuenta Juan Carlos a Infobae.
Lo cierto es que el lunes a primera hora, Juan Carlos se presentó en las oficinas del cementerio, que depende del área de Obras Pública del municipio, para pedir explicaciones. Ingresó a una pequeña oficina y fue recibido por una encargada de apellido Franco, asegura el hombre. La escena que se produjo roza lo irracional y hasta sería tragicómica si no estuviéramos hablando de un hombre desesperado por saber que hicieron con el cadáver de su hermano.
“Le pregunté qué había pasado con mi hermano. Empezó a titubear. No sabía qué decirnos. Empezó a llamar gente por teléfono. Me dijo: ‘Ahora lo vamos a buscar’. ‘¿Cómo a buscar?', pensé yo. En ese momento se fue de la oficina y luego volvió. Nos dijo que habían exhumado el cuerpo de mi hermano, que lo habían reducido y que lo habían metido en una bolsa de consorcio. Me pidió que la acompañe a una especie de depósito improvisado debajo de una escalera donde había unas 30 bolsas llenas de cuerpos”, cuenta Juan Carlos.
“No podía creer la pesadilla que estaba viviendo. Revolvieron hasta que sacaron una bolsa con una hoja de cuaderno pegada y escrita a mano que decía: Monte. ‘Acá está’, me dijeron, y me entregaron los restos de mi hermano. Una locura. Cuando lo tuve adelante no pude evitar ponerme a llorar”, relata con la voz entrecortada sobre el final.
Pero el desagradable momento no terminó ahí. Siempre según el relato de Juan Carlos, la mujer le dijo que había una solución. Podía volver a enterrar a su hermano siempre y cuando abone la suma de $60.000. Juan Carlos se negó y le explicó que en el 2017, cuando falleció su hermano, ya había pagado un monto y que el plazo era de seis años, es decir hasta el 2023. No cumplieron ni siquiera con la mitad. Incluso le exhibió un documento, al cual tuvo acceso Infobae, en el cual se deja constancia de la operación.
La familia Monte pagó $2.500 por el espacio en el cementerio en el año 2017. La constancia de eso es un recibo oficial de la Municipalidad de Villa Constitución con el número 0165-00004555 que esta adjuntado a una nota firmada por el responsable del cementerio de ese entonces donde se lee: “La permanencia en el lugar es por un plazo de 6 años a partir de la fecha de ingreso. Cumplido el plazo de ocupación el departamento Cementerio dejará los restos en depósito por término de 30 días”.
Con toda la indignación y la decepción a cuestas, Juan Carlos fue ese mismo día hasta el municipio a pedir explicaciones. Según cuenta el hombre, fue recibido por Ramón Suarez, secretario de Obras Públicas y encargado del cementerio. El funcionario aseguró estar al tanto de la situación, se disculpó por lo sucedido y les dijo que volvieran mañana al cementerio que todo estaría solucionado. Monte le creyó. Se fue a su casa con la sensación de que el mal trago había sido superado. Se equivocaba.
Al día siguiente Juan Carlos volvió y se encontró con la misma encargada del cementerio que le decía que la cosa seguía igual. Nada había cambiado. Ningún responsable se había hecho cargo de la situación. Pero las cosas siempre pueden ser peor, y así sucedió: la mujer le pedía que firmara un documento donde decía que Juan Carlos había solicitado de motus propio la exhumación del cuerpo para colocarlo en una especie de columbario, pequeños nichos de pared donde se guardan los restos ya reducidos.
El hombre se negó. Ahora, para colmo, querían hacerlo responsable de lo que pasaba. Sin embargo, cuando se estaba retirando se encontró con la bolsa con el nombre de su hermano abierta, esa misma que le habían entregado en mano el día anterior. Junto a ella, unos empleados del cementerio ejecutaban lo que él había rechazado hacía segundos. Estaban trasladado los restos de Jorge al pequeño columbario. Sin firma, sin documento que lo respalde y sin su autorización, lo que él percibió como un atropello a sus derechos. Fue la gota que rebalsó el vaso y lo que lo llevó a hacer la denuncia.
La mañana siguiente, antes de presentarse en la Unidad Fiscal a cargo de la doctora Sabrina Córdoba para contar lo sucedido, a Juan Carlos le llegó una notificación en el celular. Un amigo al tanto de la situación le enviaba un link. Era una entrevista que el funcionario Suárez había dado minutos antes a la FM local 94.7. Ahí el responsable del cementerio admitía una noticia que había estado rondando la noche anterior: que un cuerpo había sido extraviado del cementerio.
“Se trata de un problema administrativo. Estamos en etapa de investigación. Se inició un sumario interno. El problema fue producto de una exhumación antes de tiempo”, comentaba Suárez en la nota.
Juan Carlos no daba crédito de lo que oía. No solo había exhumado el cuerpo de su hermano incumpliendo un contrato, no solo había querido hacerle pagar $60.000, no solo lo habían hecho pasar por el desagradable momento de ver los restos de un cadáver sino que ahora se enteraba, a través de los medios, que en realidad el cuerpo de Jorge estaba perdido.
Ante la fiscal, Juan Carlos presentó fotos, videos y declaró: “Cómo familiares nos dieron un cadáver que no sabemos si es mi hermano, ya que con tantas irregularidades puede ser que sea él o haya sido extraviado. Las autoridades se contradicen. Por esto quiero denunciar al municipio”.
Según fuentes del caso, en la fiscalía le informaron a la familia que por el momento se trata de un inconveniente administrativo hasta que se confirme que el cuerpo está extraviado. En ese caso la causa podría cambiar, más con la supuesta exigencia del pago de los 60 mil pesos. El Código Penal argentino contempla esta situación en un único artículo, el 171: “Sufrirá prisión de dos a seis años, el que substrajere un cadáver para hacerse pagar su devolución”.
Hasta el momento nadie del municipio salió a dar explicaciones. Infobae intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con las autoridades pero no hubo respuesta. El único que ensayó algún tipo de explicación fue Nicolás González, de la Comisión Interna del Sindicato Independiente de Empleados Municipales, que increíblemente aseguró que el problema ya estaba solucionado y aprovechó el dolor de la familia para hacer política: “El inconveniente fue solucionado por eso sigo destacando a los empleados que trabajan con mucha responsabilidad en el cementerio, incluso con dinero de su bolsillo para hacerle llegar a la gente una solución rápida y concreta. Quiero deslindar la responsabilidad de los empleados municipales y que tomen conocimiento de las falencias estructurales que tenemos por culpa del ejecutivo”.
Mientras tanto, entre los trámites municipales y la denuncia en la Husticia, hay una familia que revive el dolor. Juan Carlos tuvo que sentarse a explicarle a su sobrina Marlene, de 18 años, que el cuerpo de su padre había sido movido o quizás extraviado. Nadie lo sabe con certeza: “MI hermano murió de cáncer de páncreas luego de tres años de sufrimiento. Fue justo el día del cumpleaños de mi sobrina. Para ella es muy doloroso. El tratamiento fue muy costoso y desgastante para todos. Tuvimos que vender autos y propiedades. Cuando lo enterramos pensé que se había terminado. Que Jorge podía descansar tranquilo pero se ve que ni muerto uno puede estar en paz. Nosotros estamos desesperados”.
Lo único que les queda a la familia es esperar. Nadie les dice cuanto tiempo tardarán en solucionar el tema. Les piden tener paciencia.
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