A mediados de abril, un taxista anónimo le envió a una comisaría de la Policía de la Ciudad en la Comuna Nº 7 una denuncia anónima sobre un secreto a voces: una mafia en la Terminal de Ómnibus de Retiro le impedía a cualquier chofer de taxi entrar o salir con un pasajero a menos que pagara una extorsión, un delito de taxistas contra taxistas. La denuncia llegó al juez de instrucción Martín Yadarola, el mismo que procesó y encarceló a Pity Álvarez por golpear y maltratar a mujeres o matar a un hombre a tiros en el barrio Samoré de Villa Lugano. No había otros datos, ningún nombre o un posible sospechoso. Solo eso. Que alguien, por el trabajo de alguien más, se llevaba una tajada a fuerza de aprietes en el epicentro del tránsito de micros de la ciudad de Buenos Aires donde circulan cerca de 50 mil personas por día.
Así, Yadarola comenzó a trabajar. En la mañana de hoy, la división Investigación del Automotor de la Policía Federal detuvo a cuatro peones de taxi que operaban en la Terminal y secuestraron más de 50 autos, acusados de conformar una asociación ilícita con un abanico de delitos sospechados como extorsiones, amenazas contra quienes no quisieran pagar sus permisos ilegales, hasta daños y lesiones a conductores de Uber a quienes, cree Yadarola, los sospechosos mismos llamaban con engaños de falsos viajes para emboscarlos.
Las tareas encubiertas en la zona llevaron a identificar a los sospechosos, primero por apodo, luego por nombre y apellido. Hay dos nombres de los detenidos, entre ellos Ricardo Javier Precensio, 48 años, domicilio en Villa Devoto, registrado en los rubros de transporte de la AFIP, cubierto por la obra social de peones de taxis, que pasó los últimos 20 años conduciendo autos de terceros y hoy trabaja para una firma con oficina en Palermo. Fuentes policiales lo ubican con algo de jerarquía en el sindicato de taxis, algo que el juez Yadarola todavía no tiene acreditado.
Comenzaron las escuchas telefónicas, que complicaron aún más. Yadarola luego envió a un policía encubierto, un agente revelador que simuló ir a buscar a un pasajero como taxista y se negó a pagar. Lo amenazaron y le exigieron plata, aseguran fuentes judiciales a Infobae. A los que accedían, supieron los investigadores, los extorsionadores les colocaban un calco en el parabrisas, un sticker que indicaba que estaban habilitados, por así decirlo, para operar. La cuota era de “300 a 500 pesos”, según fuentes del expediente; aún no se sabe si ese monto era diario o semanal.
Eventualmente, la banda controló el puente de llegadas y el subsuelo de la terminal, de donde salen los taxis con pasajeros. Hasta colocaron garitas desde donde vigilaban los autos que entraban y salían.
Las agresiones a conductores de Uber que son convocados por pasajeros a la Terminal son otra sospecha. En la redada, la Federal encontró un cuaderno sumamente curioso: contenía chips de celulares con números de teléfonos. La sospecha del juez: que esos chips eran empleados en teléfonos falsos para emboscar a conductores de la aplicación.
Ahora, comenzará el proceso de indagatorias y análisis de la prueba. En febrero pasado, allanamientos ordenados por el juez federal Federico Villena apuntaron a una mafia de choferes que operaba en el aeropuerto de Ezeiza. Yadarola también buscará vínculos entre ambas causas.
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