La jueza de la Sala II del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, María Florencia Budiño, fue entrevistada por la doctora Marcela Losardo en el ciclo Justicia Abierta de Infobae.
—El tribunal penal de mayor importancia luego de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires es el de Casación, por lo tanto se definen cuestiones muy particulares, porque es donde se definen casi la totalidad de los juicios.
—Sí, porque después queda la vía extraordinaria…
—A la cual no es fácil llegar.
—Claro, exactamente, con todas las limitaciones que tiene la apertura de la vía.
—Para ustedes es una responsabilidad muy grande, también.
—Y digamos que es la última palabra en materia penal anterior a la Corte. Con esta limitación de los extraordinarios, y sí, por supuesto es a partir de un tribunal donde nuestras resoluciones van fijando criterios que luego son en principio.
—Digamos que van bajando unas líneas hacia abajo y van siendo observados, ¿no?
—Y los acuerdos plenarios también constituyen ejes fundamentales de líneas de trabajo. Son vinculantes para los miembros del tribunal; aún a mí no me ha tocado intervenir en un acuerdo plenario, pero sí, desde ya, somos un tribunal que marca una línea doctrinaria para los tribunales inferiores y esto constituye obviamente una altísima responsabilidad.
—¿Y cómo se maneja el tribunal?
—Respecto de los plazos, nosotros tenemos por ley el plazo de un año para resolver. Son seis prorrogables por seis y el tribunal no tiene atrasos, originalmente no existía este plazo.
—¿A veces se llega a una instancia de cuestiones que no se pudieron revisar?
—Claro; a partir de los compromisos asumidos por nuestro Estado y compromisos internacionales en cuanto al derecho a una revisión completa del pronunciamiento judicial y la doctrina del fallo Casal, se amplió la competencia de nuestro tribunal y tiene un impacto en la cantidad de trabajo. También hay un crecimiento de la cantidad de causas que yo entiendo que tiene que ver con algunas temáticas que se han ido animando a denunciar y que realmente para mí esto es un gran avance, me refiero a delitos contra la integridad sexual, delitos que involucran violencia de género.
—Pedofilia …
—Eran delitos que no se veían en la cantidad que se ven hoy. Al menos desde mi ingreso al sistema, que es hace 20 años, y ya digo, celebro porque tiene que ver con un avance desde dos puntos de vista para mí. El primero desde la concientización de lo que esto implica como lesion a derechos y el segundo es una confianza en la Justicia para denunciar este tipo de hechos y depositar confianza en que esto puede llegar a buen puerto.
—Sí. No callarlo como en otras oportunidades, nadie se sentía con derecho a ir judicialmente porque sentía como que está…
—Había un descrédito o una suerte de imaginario colectivo de que no pasaba nada con estas denuncias…
—¿O era mejor que no se sepa por uno mismo?
—Hemos evolucionado porque el número lo indica.
—Un Estado presente con herramientas y normativas.
—Y va de la mano también con un compromiso social con estas problemáticas. Pero el compromiso creo que es desde todos los ámbitos, el hecho de que se lleve a la Justicia la cuestión, es porque también hay un compromiso desde el ámbito educativo, desde el de la salud, desde el periodismo, desde todos los actores sociales que entienden que estas temáticas no tienen que quedar en la esfera de la intimidad y tampoco son problemas de uno, que es un problema de todos y que todos tenemos que ayudar a que esto termine.
—Y esto aumentó mucho las causas, ¿no?
—Aumentó el número, sí. Esto lo vengo viendo desde que era fiscal; digamos, también lo mismo que veía en la fiscalía lo veo en el tribunal de casación con un gran número de este tipo de causas.
—¿Cuál es el lugar en el que se pone hoy a la víctima en el proceso?
—De hecho fue presentado normativa. Entre las facultades y derechos de las víctimas, han ido creciendo desde el año 98 hasta la actualidad dándole un lugar en el proceso.
—Si tuviéramos que pensar en Casación como casi última instancia del derecho penal y de las decisiones, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades o cuáles son los temas de mayor conflicto al momento de resolver?
—No puedo hablar de modo general porque cada juez tiene su perfil y más allá de que uno puede ir viendo sus votos y sus opiniones solo puedo hablar por mí. En esta etapa tengo un particular interés por estudiar y profundizar la competencia que tengo en materia de menores porque eso es nuevo. Ahora nosotros realizamos los pronunciamientos que involucran las decisiones en niños de 16 a 18 años.
—Conflicto por drogas…
—Con cualquier delito. Me parece que hay un gran desafío por delante que es el tema de la reinserción y cómo se trabaja con esta población carcelaria porque son niños en términos convencionales y porque estoy convencida de que una sociedad que no se involucra y no apuesta fuertemente a ese segmento tiene garantizado un futuro bastante oscuro, porque es la etapa de la vida formativa y es la etapa en donde más se puede trabajar en pos de la resocialización.
—Porque es más fácil recuperar un niño…
—Y porque es una etapa de formación aún y de hecho creo que ahí hay un terreno muy interesante para trabajar. Creo que la educación es la herramienta fundamental para acotar al mínimo la reincidencia y cualquier vinculación a futuro con el delito.
—¿Y trabajan en forma interdisciplinaria?
—Nosotros como tribunal en principio no, porque revisamos los pronunciamientos. En la etapa pericial por lo general se produce durante el proceso previo al decisorio.
—Pero en algún congreso intercambian y tienen una mirada un poco más amplia al momento de resolver el conflicto.
—Desde la parte del estudio y la investigación, por supuesto. De hecho lo que tiene que ver con niñez y con infancia es una temática donde siempre se están profundizando académicamente las cuestiones, y te digo que es un tema de los que más me gustan y me parece el gran desafío. Es donde, reitero, está el terreno para sembrar un futuro esperanzador no solamente para estas personas sino para la sociedad en su conjunto…
—Si no apostamos a eso, no apostamos a nada, ¿no?
—Ahora ustedes dirán bueno, son niños que han entrado en conflicto con la ley penal, por supuesto, y por eso están en un proceso y por eso muchos de ellos tienen pena y cumplen su pena. Pero me parece que la oportunidad del Estado de tenerlos bajo su esfera y en esa etapa poder brindarles las herramientas de educación, y con ello me refiero a la formación que va a hacer la gran diferencia a futuro.
—Con mucho esfuerzo pero gratificante cuando uno ve un logro.
—Supongo. Recién el 20 de septiembre va a hacer un año que juré en el tribunal como jueza y recién estoy con el diagnóstico, haciendo mis primeros aportes. Pero estoy muy entusiasmada con esta temática que me interesa. Por supuesto, todo lo que es trabajo lo abordo con la responsabilidad, solamente que uno tiene sus preferencias de estudios, que es el tema de la salud mental y el derecho penal.
—A ver…
—Ese tema es uno en el que Argentina se ha comprometido a partir de la convención internacional de las personas con discapacidad y también está la ley nacional de salud mental. Ha habido un cambio de paradigma en la temática y esto impacta en todo el ordenamiento jurídico y la persona con padecimiento en el ámbito de salud mental debe ser abordada desde un lugar terapéutico y no sancionatorio, no estigmatizante. Creo que también ahí hay un importante trabajo para hacer, porque dentro de las prohibiciones que existen en materia normativa, por ejemplo, es tener personas privadas de libertad por riesgos sociales. Significa que una persona cuando no hay garantía de que pueda fuera de una institución carcelaria psiquiátrica, me refiero continuar un tratamiento, no podría permanecer porque afuera no exista un dispositivo familiar o social y allí hay varias áreas para trabajar la temática que por supuesto es un tema muy difícil.
—Un abordaje sistémico.
—Interdisciplinario de las distintas áreas del derecho, porque muchas veces confluye el área civil familiar penal, pero también es otro segmento que a mí me interesa mucho dentro de lo que es la población carcelaria. Así como los menores, porque entiendo que hay un doble estándar de vulnerabilidad, porque es el tema de la privación de la libertad obviamente justificada, pero junto al padecimiento de la salud mental, entonces es otra temática que a mí me interesa mucho.
La entrevista completa: