Polémica en Mendoza: un juez declaró inconstitucional la pena de prisión perpetua

Tres hombres fueron condenados a prisión perpetua el pasado jueves por un jurado popular por el crimen de un cuidacoches, a quien golpearon y quemaron en julio de 2017 en la localidad mendocina de Godoy Cruz.

Los hermanos José Rafael (41) y Abel Yañez (39) y Mariano Alan Nicolás Gutiérrez (24) fueron encontrado culpables del homicidio, agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, de Juan Leandro Lucero (27).

La resolución de los 12 jurados estuvo en línea con lo solicitado por el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, quien pidió la máxima sentencia al afirmar en su alegato que existían "pruebas importantes que incriminan a los tres imputados, testigos indicaron que escucharon gritos y ruido de pelea en la casa de los Yañez".  "Además se encontraron huellas de la víctima en el lugar", agregó el fiscal.

Sin embargo, sobre el cierre de la audiencia se disparó una fuerte polémica.

Más allá de que el Código Penal contempla la prisión perpetua para un homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, el juez Eduardo Martearena, quien presidió el debate, se opuso a esa pena al considerarla inconstitucional.

Martearena explicó su criterio: dijo que la pena no cumple con la función de resocialización de los condenados. Con ese argumento, el magistrado adhirió al planteo de la defensa y postergó la definición del proceso.

El próximo jueves se realizará una nueva audiencia para definir la pena que recibirán los asesinos. El jefe de fiscales de la Unidad Fiscal de Homicidio, Fernando Guzzo, anticipó que su división mantendrá la misma postura y, en caso de no aplicar la prisión perpetua, apelarán ante la Suprema Corte de Justicia.

Las repercusiones por la decisión no tardaron en llegar. El gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, cuestionó duramente a Martearena: "Hacer esto, por parte de este juez, como mínimo es una afrenta al sistema institucional, jurídico. Viola los principios elementales de la sanción. Es una burla al sistema de juicios por jurado", dijo a Radio Mitre Mendoza.

El mandatario reveló que analizan pedir un Jury de Enjuiciamiento para el juez. "Espero que la Corte revierta este fallo, que sea en breve porque es una señal muy mala para los delincuentes que ven estos fallos. Es una señal pésima para la gente de bien que quiere sanciones ante la comisión de delitos de esta gravedad", consideró.

El procurador general ante la Corte, Alejandro Gullé, tampoco compartió sus argumentos: "Yo respeto la postura de Martearena, como la de cualquier juez. Él habla del estatuto de Roma, fundamentalmente, al que hemos adherido y que dice que no se pueden aplicar penas superiores a 25 o 30 años. Lo que él omite decir es que ese estatuto, esa convención internacional, es de aplicación supletoria, porque se aplica únicamente cuando la legislación local sobre la materia no tiene una pena fijada, determinada. Pero nosotros sí la tenemos. Es decir, el homicidio calificado tiene asignado una sanción, que es una pena que es prisión perpetua. Entonces no podemos aplicar el estatuto de Roma acá", sostuvo.

Gullé destacó que, efectivamente, los condenados a perpetua acceden a herramientas para resocializarse. "En los últimos tiempos, una gran mayoría de los que están internado en Almafuerte trabaja y el resto estudia. No voy a decir que es un paraíso, ni mucho menos, pero es un comienzo. Si tengo que decir como estaban las cárceles años atrás era deplorable, pero la verdad es que se está haciendo una inversión y eso no consta", apuntó.

El caso

Según la reconstrucción de los hechos, el lunes 10 de julio de 2017 los tres sospechosos interceptaron a Lucero en la calle y se lo llevaron a la casa de los Yáñez. Lo golpearon y lo dejaron inconsciente.

Luego lo introdujeron en una valija, lo subieron al auto de Gutiérrez y lo llevaron hasta una zona cercana al parque de descanso Los Andes Memorial, donde lo prendieron fuego.

El cuerpo fue hallado dos días después. De acuerdo a la investigación y la declaración de testigos, el móvil del crimen sería una deuda vinculada a la venta de drogas que la víctima mantenía con los agresores.

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