El caso del "Doctor Horror", preso por abusar de sus hijas: lo acusan por médicos truchos y pacientes muertos en su clínica

Walter Raúl Zambón, un reconocido médico y empresario de San Fernando, está detenido en un penal de Florencio Varela desde marzo pasado por abusar de sus hijas, una sobrina y la niñera de la familia, con su propia pareja y madre de las niñas señalada por proteger a Zambón -su socio en una empresa de logística médica- en vez de defender a las menores. Su caso es estremecedor: los ataques a la mayor, su hijastra, comenzaron en 2008, cuando la víctima tenía apenas diez años, en la casa de la familia en el barrio Tres Horquetas de Tigre. La crudeza del relato de las víctimas y las pericias psicológicas complicaron al médico, que espera el juicio oral tras las rejas con una causa investigada por la fiscal Mariela Miozzo de la UFI de Violencia de Género de San Fernando. La Cámara de Apelaciones ya ratificó su prisión preventiva.

Sin embargo, esta serie de presuntos ataques sexuales no son su única cuenta pendiente con la Justicia. El escándalo desatado después de que se supo que estaba acusado de abuso de menores destapó un pasado sospechado de ilegalidad, explotación laboral y hasta muerte: la Clínica Privada Beccar, de la cual fue dueño y director, está acusada de contratar médicos, tanto argentinos como extranjeros, sin licencia. Ante la ley, es presunto "ejercicio ilegal de la medicina".

En el año 2013, el doctor Zambón -especializado en terapia intensiva- adquirió parte de la clínica, ubicada en la calle Julián Navarro al 48 y desde entonces asumió como director y uno de sus máximos responsables legales. Esta actividad se sumó a la que desempañaba como dueño de Kindomi, una empresa de logística médica también en la zona norte del conurbano bonaerense. Un verdadero hombre de negocios en el rubro médico.

Pero al parecer, el éxito de su compañía no residía justamente en la excelencia de sus prestaciones médicas sino en la sistemática reducción de costos que hacía a partir de la contratación de médicos "truchos". En algunos casos se trataba de profesionales extranjeros que no validaron sus títulos en el país (algo que exige la ley) o en otros directamente eran personas que no tenían título. Según pudo saber Infobae, los trabajadores contratados eran de países como Bolivia, Perú, Colombia, entre otros.

La primera denuncia se conoció en junio de 2016, aunque no causó mucho revuelo. Fue la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) la que pidió que se realizara una inspección en la clínica luego de que recibieran denuncias acerca de un presunto anestesista que desarrollaba su actividad en el lugar sin tener el título que lo habilitaba.

Las irregularidades saltaron pronto a la vista, con una inspección hecha por personal del Ministerio de Trabajo, del sindicato, del Colegio de Médicos Distrito IV y la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia. Al pedirle las identificaciones profesionales a los médicos, se constató -a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA)– que tres de ellos estaban en situación irregular.

"Los supuestos médicos usaban matrículas apócrifas que por el sistema SISA pudimos verificar que no correspondían a ellos. Según el relato de los detenidos, dos de los cuales son extranjeros, ejercen su actividad de forma clandestina, ya que para desarrollar la tarea son reclutados por otros connacionales que los coordinan a manera de 'colaboradores'", señaló el sindicato en aquel momento.

Asimismo, comprobaron que en la Unidad de Cuidados Intensivos, se encontraban internados cinco pacientes en situación crítica sin la presencia de un profesional médico. Media hora después llegó Zambón y tuvo que quedarse a cargo del sector.

El tiempo pasó y la actividad en la institución siguió con normalidad. Pero las irregularidades en el modo de trabajar, según las acusaciones, se mantuvieron. Infobae accedió al testimonio de dos ex trabajadoras del lugar, quienes relataron cómo era la rotación del staff, tanto de jefes de área y médicos como del personal administrativo.

Según estos relatos, muchos al no tener la licencia, ven en la Clínica Beccar la oportunidad para conseguir trabajo de manera rápida y sin mayores preguntas. Incluso se evitarían tener que estudiar un tiempo extra en la Argentina para conseguir la matrícula habilitante.

"Les meten miedo y les dicen que si se van de ahí no van a conseguir trabajo. Les queman tanto la cabeza", relató una ex enfermera que no soportó trabajar en la clínica, quien dijo que muchos de los recién llegados de otros países hasta "usaban el sello y la matrícula de Zambón" para poder ejercer. De hecho, contó la ex empleada, "hay muchos enfermeros que no son enfermeros, que trabajan en terapia y que ni siquiera fueron a estudiar enfermería". No es la primera vez que un testimonio complica a un centro médico cuestionado por no contratar personal capacitado. Una ex trabajadora del instituto psiquiátrico APAND de Baradero, investigado por la muerte a golpes de una paciente, asegura que fue empleada para tratar con pacientes con diversas problemáticas graves sin tener la más mínima preparación.

Otro beneficio es que contratar esos médicos le sale más económico a la Clínica, ya que por su situación irregular no están obligados a pagarles indemnización o aportes. No son empleados en blanco, ya que de serlo, no pasarían el filtro de la más mínima inspección.

Un detalle: el centro de salud, a través de su página de Facebook, realiza búsquedas laborales sistemáticamente y en cualquier posición. Son decenas los posteos en los que convocan a interesados a trabajar de lo que sea.

Después de que las denuncias contra Zambón por abuso y violación se hicieron públicas el año pasado, el escándalo fue inocultable. Comenzaron a aparecer pintadas en la Clínica que señalaban al médico y sus cómplices. Algo más allá de las aberrantes acusaciones contra el doctor estaba por conocerse y llegaba a un área clave de la Justicia federal.

Primero llegó una denuncia a la UFI-PAMI a través de un correo el año pasado. La UFI-PAMI, encabezada por el fiscal federal Javier Arzubi, es la unidad de la Procuración que investiga los delitos contra el Programa de Acción Médica Integral como una estafa detectada en Mendoza y otras provincias que le costó un millón de dólares al organismo en reventa de remedios y recetas truchas.

En la denuncia se detallaba la historia usual: la Clínica Beccar contrataba, de acuerdo a la presentación, médicos "truchos". El organismo apenas tuvo conocimiento elevó la denuncia ante el fiscal de Delitos Correccionales de San Isidro, Jorge García, quien lleva adelante aún la investigación. "No podíamos esperar a comprobar si la denuncia era falsa o no. En estos casos se actúa inmediatamente", reveló a Infobae una fuente del organismo que ayuda en la causa.

La UFI-PAMI intervino por un simple motivo: la Clínica Beccar, según esta fuente oficial, es prestadora del PAMI.

Este año, sin embargo, aparecieron otros tres correos anónimos en los que nuevamente se dieron a conocer más casos de médicos ilegales. La fiscalía de García entonces pidió colaboración inmediata a la UFI-PAMI para así poder ahondar en la investigación.

Uno de los casos, según pudo saber este medio, es de un hombre identificado como Eric Hernández, quien tenía a su cargo el área de Terapia Intensiva y no pudo justificar con documentación fehaciente su rol de médico.

"No es la primera vez que en esa institución, donde es un depósito de abuelos de PAMI, sucede ese tipo de cosas, siendo que ningún profesional extranjero tiene matrícula ni idoneidad en su labor", dijo el fiscal en el pedido de ayuda que elevó a la UFI-PAMI y al que accedió Infobae.

Se hicieron consultas en dos sistemas de información. En el primero no se encontró a ningún médico con el nombre de Hernández mientras que en el segundo sistema se halló una persona que responde al nombre de Eric Joel Hernández Gómez, con domicilio en la calle Billinghurst en la Capital Federal y con DNI de extranjero. Este nombre tampoco figura registrado como médico. Sin embargo, descubrieron que declara ser monotributista y tener como actividad principal, "servicios relacionados con la salud humana".

La denuncia recae sobre Belbi SRL-Clínica Privada Beccar y sus titulares, que son Raúl Barreiro, Julio Barbe, Liliana Ferretti, así como contra Zambón. También se extenderá sobre los falsos médicos si es que se comprueba que ejercieron la medicina de manera ilegal.

"No sabemos la cantidad de casos que pudieron haber sido. Todo aún es materia de investigación", dijo la fuente a Infobae. Testimonios de los ex empleados y de gente que mantuvieron contacto con la clínica aseguran que fueron muchos los casos, en los que incluso se incurrió en mala praxis.

En julio del año pasado Zambón fue separado como director de la clínica. Emitieron una especie de comunicado, que se lee a continuación en esta nota:

"El negocio de Zambón era la explotación laboral de los médicos y enfermeras (muchas sín titulo habilitante, eran mucamas de geriátrico) para abaratar costos", señaló otro testigo que prefirió reservar su identidad porque se considera "un blanco fácil" para algún tipo de represalia.

Uno de los casos más graves ocurrió el 14 de diciembre de 2015. Ese día, el paciente Germán Juárez que se internó allí para una operación terminó en terapia intensiva. Según la denuncia de la familia, por culpa de un falso anestesista el hombre terminó en terapia intensiva y tuvo que ser derivado al hospital de San Isidro, donde finalmente murió. El profesional "trucho" que habría ocasionado el fallecimiento se fugó del país. Una de las ex empleadas de la clínica reveló a este medio que el anestesista "usurpó el título y la matrícula de un médico que había muerto".

Zambón, como director médico de la clínica y encargado del área de terapia, terminó acusado del delito de "homicidio culposo". La causa tramitó en la la UFI de Delitos Culposos y en el Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro, pero fue archivada el 6 de abril de 2017. La muerte de Germán Juárez, si es que tuvo un responsable médico, quedó impune.

Infobae se comunicó con los abogados de Zambón y con la clínica pero no obtuvo respuesta a los repetidos mensajes. La investigación sigue su curso: el centro médico aún funciona con normalidad.

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