La situación se agrava para Herme Oscar Orlando Juárez, el jefe del Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA), detenido la semana pasada en una redada a cargo de la Policía Federal con la colaboración de la AFI. Ayer por la mañana, en un documento de 272 páginas al que accedió Infobae, el juez federal a cargo de su captura, Adrián González Charvay, con asiento en Campana, lo procesó con prisión preventiva.
Juárez es considerado el organizador de una asociación ilícita. La imputación incluye los delitos de administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal agravado por la habitualidad.
El embargo en su contra es de 500 millones de pesos.
Oscar Juárez, hijo de Herme, de 54 años, también fue procesado con prisión preventiva y embargado por 200 millones. Lo acusan de ser miembro de la asociación ilícita. Comparte las mismas imputaciones que su padre.
El juez también procesó a Daniel Gustavo Badía, empleado de la Cooperativa del Puerto de San Martín desde 2007 y uno de los gerentes de mayor confianza de Herme Juárez. Al contrario del sindicalista, González Charvay dispuso su libertad: lo mismo ocurrió para otros detenidos en la trama como Ramón Jerez y los hermanos Damián y Pablo Bunello, señalado como uno de los gerentes y tesorero de la Cooperativa del Puerto de San Martín, de la que es empleado desde 2002.
Así, Herme Juárez y su hijo se convierten en los únicos presos del expediente. González Charvay dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer a seis imputados, entre ellos Iván Daniel Juárez, hermano de Herme Juárez que preside la Cooperativa del Puerto de San Lorenzo, también investigada, cuyo funcionamiento es prácticamente idéntico al que lleva Herme en San Martín. Entre sus poderes se encontraron dos campos en la provincia de Entre Ríos, de donde es oriunda la familia, que suman nada menos que unas 1.000 hectáreas junto al río Paraná.
Se ordenó que Iván Juárez quede libre de inmediato. En su casa se incautó un impresionante botín conformado por dólares, euros, pesos argentinos, pesos uruguayos, joyas y hasta fichas de casinos ocultos en cajas fuertes y bolsas.
Tras los allanamientos y procesar a varios de los detenidos, González Charvay se declaró incompetente para continuar en el caso "en razón del territorio" y ordenó remitir el expediente al Juzgado Federal de Rosario.
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